El Task Force Económico, creado a raíz de la pandemia del coronavirus, ya tienen las recomendaciones que entregará al Gobierno respecto a qué medidas deben implantarse para desacelerar los contagios de COVID-19 en Puerto Rico sin que la ya lacerada economía del país sufra otro golpe irreparable como el que prevé un estudio que le envió hoy el Centro Unido de Detallistas (CUD) a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El análisis destaca que un segundo cierre podría provocar una pérdida de hasta $1,029 millones en el sector de pequeños y medianos comercios.

“Básicamente, hemos tenido buenas reuniones con el Task Force Médico y las recomendaciones que se harán van en la dirección de buscar un balance. Hablamos de controlar la pandemia y velar por la seguridad de empleo y la seguridad alimentaria de miles de puertorriqueños que en estos momentos no pueden darse el lujo de perder sus empleos”, destacó a Primera Hora Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico y miembro del grupo asesor.

Expresó que el informe de recomendaciones se le entregará a la gobernadora en el día de hoy. “Las recomendaciones discutidas se harán públicas en su momento”, manifestó Báez.

Sin revelar detalles precisos sobre las sugerencias, dijo que cualquier decisión a tomar por la Primera Ejecutiva deben ser a conciencia de que hay una responsabilidad compartida entre ciudadanos, el sector privado y el Gobierno.

“Definitivamente, todos tenemos responsabilidad para poder paliar esta crisis de la pandemia siempre mirando y considerando cuidar nuestra economía. Si la gente no tiene con qué comer, no tenemos salud”, sostuvo.

La semana pasada la gobernadora anticipó que se propone anunciar mayores restricciones a la población para intentar detener el repunte de casos de coronavirus, aunque “no tan agresivas” como regresar a un cierre total como el que se dio en marzo pasado.

De hecho, comentó que extendió la actual orden ejecutiva (que vencía el pasado 15 de agosto) hasta el viernes a fin de dar tiempo adicional para evaluar el impacto económico que tendrían estas medidas. De paso, anunció que las nuevas restricciones serían informadas este miércoles, 19 de agosto.

Mientras, el presidente del CUD, Jorge Argüelles, mostró preocupación de que las nuevas medidas restrictivas que imponga el gobierno lleven a cierre de cientos de comercios alrededor de la isla.

“Las ventas se han reducido y cada día vemos más comercios cerrando o reduciendo sus horarios de operación. Sin exculpar a los comerciantes irresponsables, tengo que decir que el gobierno ha fallado gravemente en la prevención del contagio y son los responsables de los repuntes que han habido. No favorezco al comerciante que incumple, pero me preocupa que hay funcionarios responsables de mantener el orden en áreas públicas y no están haciendo su trabajo”, indicó Argüelles.

Lee el informe completo:

“Soy el primero que estoy de acuerdo que hay que anteponer la salud del pueblo por encima de la economía. Pero dicho esto, hay que tomar decisiones bien informadas y por eso envíamos hoy a la Fortaleza un análisis que preparó el economista Gustavo Vélez explicando cuál será el impacto de un segundo cierre a la economía”, acotó.

El análisis de Vélez – entregado a Primera Hora- destaca que un segundo cierre aceleraría el cierre de miles de negocios que intentan adaptarse a la nueva realidad económica. Además, hace hincapié en que muchos comerciantes agotaron las ayudas que se le proveyeron durante la pandemia, así como los préstamos para retener nómina.

De hecho, el análisis incluye los hallazgos de una encuesta efectuada por la firma para la que trabaja Vélez -Inteligencia Económica- que muestra los efectos del primer cierre que comenzó el 15 de marzo. El análisis alude al impacto a las pequeñas, medianas y grandes empresas.

“La pérdida promedio para los negocios pequeños fue de $21,289 (10 empleados o menos) mientras que para las medianas fue de $163,286 (11 a 50 empleados)”, se destaca en el informe que indica que en mayo un 24.5% de los pequeños comerciantes indicó que si la situación no mejoraba tendrían que radicar una quiebra. Mientras, el 19% de las empresas medianas hizo el mismo alegato.

Según datos provistos por Argüelles, en Puerto Rico hay 45,000 Pymes (pequeñas y medianas empresas).

Entre los escenarios de pérdidas potenciales se indica que “asumiendo que 10,000 comercios pequeños sean afectados por un nuevo cierre, la pérdida potencial sería de $212.9 millones”.

Mientras, si se evalúa que 5,000 comercios medianos sean afectados por un nuevo lockdown, la pérdida potencial se elevaría a $816.4 millones.

De forma combinada, bajo este panorama, la pérdida sería de $1,029 millones.

De hecho, portavoces del gobierno de Puerto Rico advirtieron la semana pasada que entre el 20% y el 30% de las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico podrían afectarse severamente en caso de un segundo cierre. Hasta junio pasado la pandemia había provocado que unas 80,000 se quedaran sin empleo en la isla.

Los grupos de asesores médicos y económicos se reúnen desde la semana pasada para evaluar los próximos pasos a seguir ante la avalancha de casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas y el aumento acelerado de muertes a causa de la enfermedad.

Al día de hoy, el Departamento de Salud ha confirmado 11,273 casos positivos confirmados, y de estos 410 fueron sumados en el día de hoy. Mientras los casos probables se elevan a 15,037. De otra parte, la cifra de muertes asociadas a la enfermedad es de 335 y de estas 118 se han informado en el mes de agosto.

El secretario de Salud, Lorenzo González, había adelantado que las nuevas restricciones se extenderían por 21 días e infirió que se trataba de nuevas regulaciones en “áreas cerradas” donde se ha percibido “falta de disciplina colectiva”.

Por su parte, el secretario de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, adelantó que las posibles restricciones a implantarse tengan el alcance de las órdenes ejecutivas 38 y 41, las cuales fueron implantadas entre mayo y junio.

La primera orden autorizó la primera etapa de reapertura económica cuando reanudaron las actividades de construcción y manufactura. También estaban autorizados a operar supermercados, bancos y farmacias. Los empleados públicos tenían instrucciones de trabjar desde sus hogares y salir únicamente para gestiones esenciales. Mientras, la segunda orden le dio luz verde a la apertura de oficinas médicas y de centros comerciales a un 60% de su capacidad.