El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer, dijo el viernes sentirse satisfecho por la orden que emitió el Tribunal Superior de San Juan a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que explique por qué no debe expedir una orden judicial para que entregue el informe de las certificaciones de gastos en contratos de servicios profesionales del Gobierno, como se establece en la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional.

Seilhamer solicitó un mandamus por entender que la OGP ha incumplido con la ley, que ordena la reducción de contratos de servicios profesionales en el Gobierno en no menos de un 10 por ciento. Específicamente, el Artículo 6 de la mencionada ley establece que las agencias le certificarán a esta dependencia, el 31 de julio de cada año o antes, el gasto incurrido por concepto de contratos.

El senador consideró que OGP incumplió con la legislación al no entregar para el 30 de agosto de 2014 a la Asamblea Legislativa el informe sobre las certificaciones del desglose de los contratos otorgados de servicios profesionales al 30 de junio de 2013 y 2014.

“Después de examinar nuestra petición, el tribunal, al día siguiente, el 4 de noviembre de 2014, ordenó a los demandados que mostraran causa por la cual no se debe expedir el remedio de mandamus solicitado”, explicó Seilhamer. El tribunal le concedió a OGP hasta el 26 de noviembre para que comparezca.

Según el portavoz penepé, es importante que los legisladores tengan la certeza de que el Gobierno ha cumplido con la reducción de contratos a la que viene obligado.

“No es justo ni de sana administración fiscal que continúen imponiendo cargas, aumentando costos de servicios y reduciendo beneficios a los empleados públicos, mientras las agencias de Gobierno no cumplen con la reducción de gastos que exige la Ley”, apuntó el senador.