El Senado aprobó hoy, con el rechazo de la delegación novoprogresista, el Proyecto de la Cámara 21 que propone derogar las dos leyes que crean la comisión de cabilderos de la estadidad y facultan al gobernador Pedro Pierluisi a convocar cualquier consulta de status sin el aval de la Asamblea Legislativa.

La medida regresa al Senado porque se aprobó con una enmienda del senador penepé William Villafañe para establecer que nada de lo suscrito en la pieza legislativa “puede interpretarse como un ánimo de conformidad ni consentimiento ni legitimación de la condición colonial y territorial que permanece vigente en Puerto Rico”.

La pieza legislativa se convirtió en el primer proyecto de ley en ser aprobado el pasado 2 de febrero en la Cámara de Representantes y hace patente la lucha partidista entre la mayoría legislativa y el Ejecutivo, pues la minoría penepé ha hecho claro que no será firmada por el gobernador Pierlusi. De ser vetada por Pierluisi, la mayoría parlamentaria en el Senado no tiene los votos para ir por encima del veto, aun con el apoyo de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Proyecto Dignidad y el senador independiente, José Vargas Vidot. Para ir por encima del veto se requieren 18 votos, que constituyen las dos terceras partes de la totalidad de los 27 senadores.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén dijo que las leyes aprobadas firmadas por la ex gobernadora Wanda Vázquez en sus últimos días en La Fortaleza son “un cheque en blanco” y su objetivo es partidista.

“Es imperativo resolver el problema colonial de Puerto Rico a través de un proceso democrático e inclusivo, pero más que nada necesitamos un proceso donde no le vendan ilusiones a las personas”, dijo Rivera Lassén. Sostuvo que el proceso debe ser “uno informado y eso sería una asamblea constitucional de status con resultados vinculantes en Washington y con el aval del Derecho Internacional”.

“Que nos sentemos todos de una vez y por todas, aprovechemos esta oportunidad para en vez de ir separados, ir por primera vez juntos”, dijo el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau. “Vamos a ir unidos para resolver este problema de 100 años de historia”, dijo.

La senadora pipiola María de Lourdes Santiago, quien abrió el debate de más de dos horas, dijo que aunque el lenguaje presentado en la redacción del Proyecto de la Cámara 21 “está muy lejos de ser afortunado, estoy muy de acuerdo con sus propósitos”.

Santiago dijo que las leyes aprobadas el pasado año implican un millonario uso de fondos, primero para la elección y luego para los cabilderos, que excluye a cualquier persona que no comulgue con la estadidad, “Es el uso no para promover un proceso inclusivo, sino para beneficiar a un partido político. Me parece que es un uso de fondos públicos ilegítimo”, sostuvo la legisladora del PIP.

Indicó que debe ser un mecanismo sin ganadores ni perdederos que permita ir al Congreso “para sentarnos a dialogar sin que nadie se rinda a sus principios”.

“Puerto Rico no es colonia ni del PPD ni del PNP sino de Estados Unidos”, agregó Santiago.

“Lo voy a mandar a traducir para los que están favoreciendo el proyectito ese de Nydia Velázquez. Habrán caído en su propia trampa “No son cabilderos”, reclamó por su parte, el senador Villafañe. Dijo que “la estadidad prevaleció legítimamente”, el pasado 3 de noviembre, cuando obtuvo el favor de 230 mil puertorriqueños.

“El pueblo habló y escogió. Esta asamblea legislativa tiene la limitación del veto”, sostuvo Villafañe. “S i el problema es de dinero vamos a sentarnos para que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tenga los recursos”, sostuvo el senador novoprogresista.

“La meta debe ser un proceso justo conde participemos todas las facciones interesadas, donde se eduque sobre las implicaciones reales y un proceso verdaderamente descolonizador, con fórmulas no territoriales”, expresó por su parte, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

Una de las leyes busca elegir en una consulta el 16 de mayo próximo una comisión de cuatro delegados a la Cámara y dos al Senado federal para cabildear en Washington a favor de que Puerto Rico sea anexado como un estado de la unión americana.

La CEE ha dicho que no tiene los fondos para la propuesta consulta, pero este fin de semana el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer dijo que el costo de la elección especial se podría bajar de $6 millones a $2 millones, si se utiliza el escrutinio de votos manual, como hizo la dependencia con la primaria del domingo para llenar la vacante por el escaño en la Cámara, que dejó el ex representante penepé Néstor Alonso Vega, quien encara acusaciones de corrupción en el foro federal.

Los líderes legislativos han expresado que las cámaras legislativas no asignarán un solo centavo para la elección del 16 de mayo.