El Senado aprobó hoy un proyecto de enmiendas a la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo para requerir que en los casos en los que se adjudique responsabilidad el gobierno le exija a los funcionarios públicos procesados el reembolso y restitución de los fondos públicos pagados por el Estado a las víctimas.

La medida, de la senadora popular, Rosamar Trujillo Plumey, fue aprobada en votación unánime con 23 votos. Pasa al escrutinio de la Cámara.

La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, según reza en el informe de la medida, expuso que debe ser el Departamento de Justicia el que inicie las acciones de recobro.

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, en un turno, dijo que la pieza legislativa busca atender “unas situaciones que han escandalizado al País”.

“Creo que el ejemplo más claro ocurrió no hace mucho en el Municipio de Guaynabo. Funcionarios públicos responsables de hostigamiento sexual obligan a que, en el municipio, en este caso es un municipio, pero puede ser una agencia o puede ser el gobierno central en última instancia, el pueblo de Puerto Rico con fondos públicos tiene que pagar el daño que haya realizado ese funcionario público. Eso es algo realmente ofensivo, es socializar la responsabilidad en contra de las situaciones más atroces de las que se puede encontrar una mujer porque en su inmensa mayoría son mujeres las víctimas de hostigamiento sexual en el empleo público”, indicó la legisladora.

El Municipio de Guaynabo ha tenido que pagar $2 millones para atender distintas reclamaciones por hostigamiento que ocurrieron durante la incumbencia del ex alcalde Héctor O’Neill García y además, están pendiente otros casos, según confirmó el alcalde actual, Ángel Pérez.

“Me parece importante que en todos los casos en que se aplique responsabilidad sea solidaria o vicaria, la víctima siempre va a recobrar lo que le corresponda de parte del Estado”, sostuvo Santiago. Agregó que el interés principal protegido “va a ser siempre la compensación a la víctima y una vez realizado ese esfuerzo, entonces el Estado va a ir sobre el individuo responsable para recobrar esa cantidad por la que tuvo que responder por su responsabilidad o vicaria o solidaria”.

Subrayó que la pieza legislativa persigue que el peso último no recaiga sobre el tesoro público, sino sobre la persona que cometió la infracción.

“Nadie debe quedarle duda de lo repudiable que resulta el hostigamiento sexual en todas sus modalidades, así como la responsabilidad que recae sobre los patronos para tomar todas las medidas y previsiones necesarias para evitarlo en los escenarios de trabajo”, expresó por su parte, la senadora Trujillo Plumey.

La autora de la iniciativa legislativa argumentó que, además, del deber de ser pro activo cuando surgen situaciones o denuncias en las cuales se garantice el estricto cumplimiento de los protocolos y se les garanticen sus derechos a las partes afectadas de asegurarle su bienestar emocional y el respeto a su dignidad e integridad, hay un deber en fijar toda la responsabilidad posible cuando aquellos patronos no toman el proceder correcto en sus escenarios de trabajo”.