El Senado aprobó hoy, jueves, un proyecto que enmienda varias leyes para establecer como política pública del gobierno de Puerto Rico la prohibición del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada.

La medida obtuvo 21 votos a favor y cuatro senadores votaron en contra: los novoprogresistas Thomas Rivera Schatz, Gregorio Matías y Kerem Riquelme, así como la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

Ninguno de los opositores se expresó cuando el proyecto de ley se debatió en el hemiciclo. Solo las senadoras María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueños, y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, dos de las autoras de la medida, consumieron turnos a favor.

La pieza legislativa amplía la Ley 22 de 2013 y prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género, real o percibido, en cualquier gestión gubernamental, pública o privada.

Durante el cuatrieno de 2012 a 2016, el entonces senador del Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Luis Nieves presentó un proyecto que incluía protecciones contra este tipo de discrimen en todo ámbito público y privado, más allá del empleo, pero la delegación popular, entonces en mayoría, enmendó la medida, que redujo la prohibición al ámbito laboral. La nueva pieza legislativa, el Proyecto del Senado 136, que pasa al escrutinio de la Cámara de Representantes, busca incluir todas las protecciones.

“Desde aquel momento en el PIP hemos estado tratando de revivir el espíritu original de la medida. No lo logramos en aquel cuatrienio ni en el pasado. Hoy, finalmente, iniciamos ese desagravio a las comunidades LGBT, incorporando las enmiendas muy oportunas y adoptando al fin como política pública de este país la norma que debería parecer elemental, de que todos y todas, merecemos igual mirada desde el derecho, desde el ordenamiento y desde el estado”, expresó la senadora Santiago.

“Tenemos igual capacidad, responsabilidad y posibilidad de reclamar ante el Estado si esa equidad no es respetada”, dijo.

“Este proyecto espero que sea la primera de otras iniciativas que busquen enmendar actitudes discriminatorias y reprochables, algunas del pasado y del presente”, sostuvo la legisladora.

La medida enmienda la Ley 22 de 2013, la Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico, la Ley de Relaciones del Trabajo para Servicio Público, el Código Municipal de Puerto Rico, la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño y la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico.

Extiende la protección contra este discrimen en el derecho a vender, arrendar o subarrendar una vivienda. También añade al Código Penal este tipo de discriminación al artículo 180 de discriminaciones ilegales y altera el protocolo de investigación y radicación de acciones criminales frente al acoso sexual y acoso por razón de género en el Departamento de Justicia y la Policía para que abarque también el discrimen por identidad de género y orientación sexual.

Además, la pieza de ley establece un protocolo para trabajar con querellas o denuncias por este tipo de discrimen.