El Senado dio paso en la sesión de hoy a tres medidas de las incluidas en la Sesión Extraordinaria por la gobernadora Wanda Vázquez, incluyendo una de la Cámara de Representantes que define el concepto de acoso laboral y castiga su práctica.

Al ser aprobado el Proyecto de la Cámara 306 (PC 306) con enmiendas, falta por conocer si la Cámara, que sesiona el martes, aceptará los cambios o solicita un comité de conferencia para dirimir las diferencias.

Esta tarde el Senado también dio paso a un proyecto de administración, el Proyecto de la Cámara 2546, que crea un sistema de recopilación de estadísticas de casos de sobredosis al uso de sustancias controladas e ilegales. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, votó en contra, al igual que el independiente José Vargas Vidot.

La Cámara Alta también aprobó hoy, con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 2238, que contiene varias enmiendas a la Ley de Sustento de Menores.

En el caso del PC 306, define la conducta de acoso laboral como “aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva y abusiva; arbitraria, irrazonable y/o caprichosa; verbal, escrita y/o física; de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados”. La medida establece prohibiciones, un término de prescripción de un año desde que el momento en que el empleado se sintió acosado, establece que el peso de probar el caso recaerá sobre el empleado y enumera la conducta que no constituye acoso laboral.

Además, obliga al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos a crear los reglamentos necesarios para implantar la propuesta ley y establece que toda persona que se encuentre incurso de acoso laboral incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado.

En el caso de PC 2546, Vargas Vidot condenó la presentación de la medida por parte de La Fortaleza al argumentar que hay medidas de su autoría engavetadas en la Legislatura que atienden de manera correcta el abuso de sustancias controladas.

“Este proyecto realmente es una vergüenza para la salud pública. Me parece que hay que hacer ejercicio mental de circo para obviar el hecho de que hemos tenido aquí por dos años el Proyecto del Senado 341 (PS 341) metido en una comisión que desarrolla todo un programa de prevención e implantación para evitar las muertes por sobredosis de opiáceos”, sostuvo Vargas Vidot durante un turno en el hemiciclo.

“Este proyecto es meramente un carpeteo, es una lista, no resuelve nada en términos de salud pública. Es un proyecto que resulta ser un ridículo, no se ampara ni en evidencia, ni en ciencia”, agregó.

El PS 341 proponía legislar una serie de protecciones legales a favor drogodependientes y de individuos que procuren la asistencia médica de estas personas y ordena la creación de un Programa para la Prevención de Sobredosis de Opioides a través del cual la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción podría autorizar a ciertas organizaciones sin fines de lucro a ejecutar programas de prevención, atención y mitigación de los problemas asociados con la adicción.

El Senado sesiona nuevamente el miércoles, cuando estaría atendiendo los proyectos de la Cámara que establecen salarios mínimos pera enfermeros y enfermeras en los sectores público y privado. La Comisión de Salud del Senado, presidida por Ángel “Chayanne” Martínez, rindió informes positivos para ambos proyectos, pero con enmiendas redujo en las dos medidas el salario mínimo propuesto originalmente para todas las categorías de enfermeras o enfermeros. Por ejemplo, una enfermera práctica sin experiencia comenzaría cobrando $1,800 mensuales en el sector público y $1,750 en el sector privado, cuando los proyectos disponían que comenzaran cobrando $2,000 mensuales.

El Colegio de Profesionales de Enfermería ha planteado que las escalas salariales propuestas se quedan cortas y que las medidas, del representante penepé José "Quiquito" Meléndez, no contemplan múltiples categorías de estos profesionales.

Martínez indicó que posiblemente se incluyan enmiendas adicionales para darle a los hospitales una ventana de 18 meses para que negocien con las aseguradoras cambios en las tarifas en un intento por paliar el impacto económico de los proyectos. En los pasados días la Asociación de Hospitales celebró un evento de recaudación de fondos para la gobernadora Wanda Vázquez.

De otra parte, Martínez indicó que tiene pendiente una conversación con Álex López Echegaray, asesor legislativo de Vázquez, para hablar de uno de los proyectos de administración incluidos en la Sesión Extraordinaria, el cual dispone que el criterio de las aseguradoras nunca podrá ir por encima del criterio médico al momento de determinarse el tratamiento adecuado a un paciente. Según Martínez, lo que persigue el proyecto de administración está contemplado en la Ley 5-2014, una enmienda al Código de Seguros de Puerto Rico, que prohíbe a todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de planes de salud negar la autorización para los procesos de hospitalización de un paciente, incluyendo la extensión del periodo de dicha hospitalización y los pagos por servicios facturados tanto por el tratamiento y medicamentos.