El Senado de Puerto Rico aprobó esta tarde tres medidas en una breve sesión que tuvo lugar poco antes de que se llevara a cabo una manifestación convocada para protestar contra el gobierno y mal manejo de suministros para damnificados de desastres naturales.

Una de las medidas, el Proyecto del Senado 1389, busca establecer con claridad el alcance de la Carta de Derechos de las Personas con Síndrome de Down (Ley 97 de 2018), de manera que se extiendan las protecciones a esa comunidad y se evite la interpretación ambigua y restrictiva que han querido darle algunas instituciones.

El proyecto expande “la protección del estado ante cualquier manifestación de maltrato, maltrato institucional o negligencia, negligencia institucional y trata humana” que pueda darse contra personas con Síndrome de Down, y además deja claro que cualquier organización de seguros de salud o aseguradora, así como cualquier compañía, entidad o individuo que provea servicios médicos, estarán obligados a ofrecer cobertura o cualquier servicio, tratamiento o terapia que sea recomendado por un especialista médico cualificado a toda persona con Síndrome de Down.

Además, establece penalidades contra cualquier agencia, funcionario, persona o entidad privada que incumpla con las disposiciones de esta ley. La medida fija para los violadores una multa no menor de $25,000 ni mayor de $50,000, y además establece que constituirá causa de acción civil por daños y perjuicios.

Según explicó el senador Juan Dalmau, autor de la medida, con la misma se evitará que planes médicos decidan cuántas y qué tipo de terapias ofrecían a personas con Síndrome de Down, según su criterio económico.

La senadora Nayda Venegas también defendió la medida y explicó que cuando se aprobó la Carta de Derechos de las Personas con Síndrome de Down, su texto no se trataba de meras aspiraciones como han interpretado algunas instituciones, y agregó que con la aprobación de la medida no se podrán negar servicios y se da certeza a la protección a las personas con este trastorno genético.

También se aprobó la Resolución del Senado 527, para “ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado realizar investigaciones continuas sobre diversos problemas de salud ambiental y amenazas a nuestros recursos naturales, así como su impacto en el ambiente y los recursos naturales y la salud ambiental de los ciudadanos”.

Más específicamente, la resolución hace mención a la erosión costera y su efecto en ecosistemas y comunidades en áreas de la zona sur.

De igual forma, el Senado aprobó la Resolución del Senado 641, para realizar una “investigación abarcadora sobre el cumplimiento y efectividad” de las disposiciones en la Ley 22 del 2000, o Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, que regulan el uso de los vehículos todoterrenos, o también conocidos como “four tracks”, en las vías públicas.

La investigación deberá revisar el cumplimiento de las disposiciones de ley sobre si los vehículos todoterreno están debidamente identificados y pagan por su registro. Además, debe revisar el cumplimiento de la prohibición de circulación de esos vehículos por vías públicas, carreteras y autopistas, y la sanción de multa establecida por la violación de esa prohibición, que varía entre $1,000 y $5,000 según las circunstancias.

Al concluir la sesión de hoy se informó que el Senado volvería a tener sesión el próximo martes 28 a la 1:00 p.m.