El Senado colgó hoy dos proyectos de La Fortaleza, uno de los cuales buscaba enmendar la Ley de Coparticipación para la Nueva Operación de Vivienda de 1987 a los fines de modificar la fórmula para aumentar los topes en los costos de viviendas de interés social unifamiliares y multifamiliares.

La medida, Proyecto de la Cámara 1470 se derrotó a viva voz y no tuvo que ser llevada a votación final. La pieza legislativa se había aprobada en la Cámara el 10 de noviembre de 2022 con 45 votos a favor y cinco en contra.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago en un turno en contra, dijo que, “de entrada, cuando uno mira la medida parece adecuada para ajustarse a la realidad de los precios de los materiales de construcción y de los terrenos”.

Pero, cuestionó qué pasará con los programas de ayuda al individuo que no cualifica para una vivienda unifamiliar de interés social. “Es con los precios de hoy día que son de $135 mil y no cualifican, ¿cómo con este proyecto de administración, los vamos a subir a $210 mil? Van a cualificar menos y si la idea es ayudar a que la gente pueda adquirir una vivienda de interés social y cualificar para su hipoteca, con este proyecto los alejamos de eso completamente”, sostuvo el líder senatorial.

En el caso de vivienda multifamiliar, Dalmau Santiago dijo que los precios suben a $250 mil. “Hoy están en 150 mil y los estamos subiendo $100 mil más sin modificar las tablas de cualificar que tiene que hacer el gobierno para que las personas sean elegibles bajo las tablas de hoy, imagínense si las subimos $100 mil más”, indicó.

También dijo que la medida permitiría “discrecionalmente” al Departamento de la Vivienda subir los topes en un 15% y sostuvo que las viviendas en los cascos urbanos costarían hasta $300 mil. “¿Qué persona de interés social puede comprar una vivienda de $300 mil en un casco urbano? Cómo afecta este proyecto a las tasaciones que hay hoy día de propiedades de interés social. Está la banca preparada para otorgar préstamos a estas personas para adquirir viviendas a $300 mil”, inquirió. Añadió que esa persona en el caso urbano con una vivienda multifamiliar teniendo crédito perfecto para cualificar tendría un pago de hipoteca de $1,600.

“Habrá aquí forma de legislar para ponerle un tope a la fuerza de cara”, reclamó por su parte, el senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot, quien se refirió a la medida como “una burla y una trampa”.

Dijo que una propiedad de $210 mil va a representar un pago de hipoteca de $1,500 mensuales “y esa persona no va estar exenta del CRIM como dice la medida”.

Vargas Vidot sostuvo que la medida “lleva a una mayor posibilidad de indigencia a cualquier persona que trata por lo menos de emular la canción para tener ya, la casita”.

Argumentó que “se está complaciendo a un sector de la construcción que ya tiene un saco de incentivos y en forma en que está estipulada la medida iba a agarrar otros incentivos adicionales”.

Para la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago la medida implica “un endoso soslayado a uno de los grandes fracasos gubernamentales de los últimos anos que es el reglamento conjunto del reglamento de la Junta de Planificación.

“En la medida en que se promueve que las viviendas a las que se les apliquen los nuevos topes altísimos que se promueven con esta legislación se promueve el que se construya en lugares que deberían constituir espacios protegidos en el país”, indicó

La segunda medida derrotada de la Fortaleza (Proyecto del Senado 716) buscaba autorizar a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) a establecer una prima distinta y mayor, por un plazo de cinco años consecutivos, a los conductores que tienen en su historial un accidente y que haya resultado convicto de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. La prima se establecería como una penal especial.

La pieza de ley obtuvo 13 votos a favor y 10 en contra. El mínimo de votos para pasar, es de 14.

Se aprobó con 14 votos a favor, ocho en contra y una abstención, un proyecto que propone crear la Carta de Derechos y Responsabilidades de los profesionales del Trabajo Social.