El Senado le dio el aval hoy a un proyecto de la Cámara (P. de la C. 984) que propone crear la “Ley de Fe en Emergencias”.

La medida busca integrar a los miembros de organizaciones con base de fe en situaciones de emergencia o desastre natural, promover su integración en los centros de operación de emergencia y viabilizar el libre acceso a sus iglesias e instalaciones, así como facilitar la adquisición de bienes y suministros.

El proyecto de ley se aprobó con enmiendas por lo que regresa a la Cámara de Representantes. Recibió 21 votos a favor y dos en contra.

“Esto en nada tiene que ver con adelantar causas al sector religioso y las iglesias”, dijo en un turno a favor, el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau. El senador por el distrito de Carolina indicó que el cuatrienio anterior radicó una pieza similar en la Cámara y no tuvo éxito.

“Este lenguaje de utilizar las organizaciones de base de fe como centro de operaciones parecería una barbarie, pero lo establece la ley del Home Land Security”, sostuvo Aponte Dalmau.

Indicó que la pieza legislativa busca que “el tercer sector” ayude a los municipios a llegar a lugares distantes donde los gobiernos municipales no pueden llegar”.

El informe de la medida, de la Comisión de Cumplimiento y Restructuración, sostiene que “las organizaciones con base de fe, “han sido parte fundamental durante la etapa de recuperación de nuestro país luego de los pasados desastres naturales, como lo fueron, los huracanes Irma y María y los continuos movimientos telúricos en el área sur”.

“La pieza legislativa procura que las organizaciones con base de fe, puedan integrarse con prontitud a los esfuerzos de rescate y recuperación a raíz de una emergencia. Estas organizaciones podrán convertirse en portavoces en la entrega de ayudas y bienes esenciales, además de ofrecer el apoyo espiritual”, dice el informe, suscrito, por la senadora Marially González Huertas.

Añade la legisladora y vice presidenta del Senado, que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) “reconoce las organizaciones con base de fe en su programa de Asistencia Pública de manera que puedan recibir subvenciones para continuar con su misión y metas de auxiliar al prójimo”.

Con el rechazo de la delegación novoprogresista, se aprobó una resolución concurrente de la Cámara (R.C.C. 67) que ordena a la Comisión Conjunta de Alianzas Público Privadas a realizar una investigación de los proyectos, acuerdos, contratos y el financiamiento con fondos estatales y federales de las alianzas con el sector privado, por desastres atmosféricos y la pandemia, al amparo de la Ley 29 de 2009.