Dos comisiones del Senado investigarán cuál ha sido el costo y el efecto para el erario de Puerto Rico en los últimos 10 años del uso problemático de drogas y harán una comparación con los costos que representaría un acercamiento salubrista basado en la descriminalización, para atajar el uso y abuso de sustancias controladas.

La investigación, que surge de la Resolución del Senado 175, estará a cargo de las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción y de Hacienda, Asuntos Federales y Junta Supervisión Fiscal. La medida es de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón.

“Esto ha sido un pedido de años de los que hemos tomado esto en serio, pero cada vez nos damos cuenta que hay menos voluntad para entender el problema”, dijo en un turno sobre la medida el senador independiente y salubrista José Vargas Vidot.

Sostuvo que para algunos el uso problemático de sustancias se ha convertido como “un altar para mostrar compasión, sin un abordaje científico que ofrezca posibilidades”.

Vargas Vidot agregó que en Estados Unidos atender el uso problemático de drogas ha costado “unos $749 billones”.

El Senado aprobó también un proyecto de ley que busca conceder un aumento escalonado a los asistentes de maestros para niños con necesidades especiales (Título 1) del Departamento de Educación para elevarlos a $13.50 la hora en 2026.

La medida, Proyecto del Senado 114O, recibió 24 votos a favor y tres senadores no estuvieron presentes al momento de la votación. La pieza de ley pasa al escrutinio de la Cámara de Representantes.

Según la pieza legislativa los asistentes (T1) comenzarían devengando un salario mínimo de 10:50 la hora y recibirían aumentos escalonados de 50 centavos hasta alcanzar la suma de $13.50 la hora en 2026.

El proyecto de ley es de la autoría del senador popular Rubén Soto Rivera y de la senadora novoprogresista, Wanda Soto Tolentino.

Además, el Senado le dio paso a otra medida de la senadora Santiago Negrón que busca enmendar el Código Penal para tipificar como delito grave el retirar o amenazar con retirarle a un paciente menor de edad encamado, con dificultades de movilidad o dependiente de tecnología, la cubierta de servicios pediátricos de cuidado de salud en el hogar, prescrita por un médico, por ejercer el derecho a recibir servicios educativos en la escuela o en el ambiente menos restrictivo posible.

La conducta se castigaría con una pena de multa de $5 mil y el delito no se configuraría cuando la cubierta de servicios médicos sea retirada debido a que no se haya remitido al asegurador la prima de la póliza.

En el caso de reincidencia por parte de una empresa, organización o persona jurídica dedicada a ofrecer o proveer servicios de planes de cuidado de salud, la multa aumenta a $10,000, reza la medida legislativa.

La Cámara Alta avaló también una medida para aumentar la pena de reclusión por un término fijo de tres años a las personas que brinden información falsa a través de los sistemas de emergencias.

El Proyecto del Senado 944, de la autoría del senador Javier Aponte Dalmau, busca enmendar el “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de ampliar la prohibición contra la notificación inadecuada de alarmas falsas a través de cualquier sistema de emergencias, de forma tal que se incluya todo tipo de conducta que provoque la movilización de las autoridades de seguridad pública para atender la supuesta emergencia o necesidad de rescate.

“El propósito de estas enmiendas es reducir al mínimo la activación de los mecanismos de rescate y manejo de emergencia del Estado Libre Asociado, incluyendo los municipales, y equipos de voluntarios para atender situaciones provocadas por información falsa”, dijo Aponte Dalmau.