La Comisión de Asuntos de la Mujer deberá determinar mediante una investigación si en Puerto Rico hay discrimen de precios en los artículos y servicios dirigidos a las mujeres y a los hombres, conocido en jurisdicciones de Estados Unidos como el impuesto por género, woman tax o pink tax.

El Senado dio paso hoy, a viva voz, a una resolución de investigación a esos fines.

“Hay un patrón que comienza con una brecha salarial que pone a la mujer en una situación de vulnerabilidad y la empobrece en su calidad de vida”, expresó la senadora Migdalia González, una de las autoras de la medida.

La legisladora del Partido Popular Democrático (PPD), indicó que en días recientes observó en una mega tienda lo que la resolución busca investigar. “En mi celular tengo la imagen de dos productos para el crecimiento del cabello, un empaque para hombres, un empaque para mujeres. $45.00 el valor para el varón; $65.00 el valor para la mujer”, sostuvo González. Agregó que “hay que reconocer que muchas mujeres son jefas de familia y que cobran mucho que lo que cobran los hombres en este País”.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, en su turno a favor de la medida, puntualizó que en días recientes la prensa dio cuenta “lo que sabemos mucha gente, que en Puerto Rico, las mujeres ganamos menos que los hombres”.

La abogada y líder feminista sostuvo que se trata de “un patrón de discriminación por género” en términos de salarios que impacta la capacidad adquisitiva de las mujeres. “Eso va de la mano con la situación denominada como la economía del cuidado. Estamos hablando de una economía que no tiene equivalencia en los libros económicos finanzas de los pueblos”, indicó.

“Vamos sumando las cosas y estamos hablando de un perfil económico injusto para las mujeres”, dijo Rivera Lassén para agregar que incluso en períodos de declaraciones de emergencia y congelación de precios, muchos de los productos relacionados con la higiene femenina “ni siquiera se cuentan como necesarios”.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve cuestionó por su parte, la pieza legislativa pues dijo que la legislatura ya investigó el asunto y determinó que no había estudios que sustentaran las denuncias.

“No hace sentido volver a hacer la investigación que ya se hizo, el curso de acción debe ser que se ordene el estudio. Tal y cual esta redactada (la medida) constituye una pérdida de dinero y esfuerzo”, indicó la también abogada.

Cuestionó el que “una comisión que no tiene expertise sobre mercadeo lleve a cabo la misma investigación” cuando otra comisión concluyó que no hay estudios en el área. “En todo caso, lo que correspondería seria la realización del estudio correspondiente y no la investigación. Las consumidoras puertorriqueñas somos hábiles e inteligentes y podemos discernir por nosotras mismas. No compete la intervención en la fijación de precios en un mercado libre”, arguyó.

“Si algo podemos comprobar que el mercado libre que reina en los Estados Unidos ha sido compatible con la discriminación racial, de género y orientación sexual y ha hecho falta legislación para obligar a las empresas a no discriminar. Me parece muy apropiado que se investigue. Y no es algo que se esté inventando en Puerto Rico es algo que también se está investigando en Estados Unidos”, dijo por su parte, el senador del MVC, Rafael Bernabe.

El portavoz alterno de la minoría novoprogresista, Carmelo Ríos indicó que el tema fue considerado en un proyecto del ex senador José Nadal Power en la pasada legislatura. Ríos dijo que votaría a favor con la sugerencia de que se adopte el informe de aquella medida y se le ordene al Instituto de Estadísticas que haga los estudios correspondientes.