Senado le da paso a los donativos legislativos
El proyecto de ley autoriza la distribución de $21 millones a casi 800 entidades sin fines de lucro.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 10 años.
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Tras haber quedado pendiente de aprobación durante la pasada sesión legislativa, el Senado le dio paso este jueves al proyecto de ley que autoriza la distribución de $21 millones en donativos legislativos a casi 800 entidades sin fines de lucro que, con la aprobación del presupuesto vigente, perdieron en conjunto cerca de $12 millones.
La asignación que se realiza a través de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario busca subsanar la reducción en los fondos presupuestarios, y para ello la medida aprobada autoriza a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) a declarar un dividendo extraordinario de, al menos, $42 millones.
Esos fondos que se distribuirán entre las aseguradoras que integran la ASC estarán sujetos a una contribución de 50% mediante la cual el gobierno obtendrá los $21 millones destinados a las 788 organizaciones que se beneficiarán de los donativos alrededor de la Isla.
El Proyecto de la Cámara 2452 crea, a su vez, el Fondo Legislativo para Impacto Comunitario, donde serían depositados los dineros destinados a las entidades no gubernamentales.
“Es la primera vez que se asignan los fondos bajo la nueva ley de donativos de fondos de inversión de impacto comunitario, que es más rigurosa en la evaluación de solicitudes. Por eso, hay un poco menos entidades que el año pasado, porque el proceso es más riguroso”, manifestó a este medio el senador popular José Nadal Power, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, que evaluó la pieza legislativa.
El proyecto de ley había quedado pendiente de aprobación al cerrar la pasada sesión ordinaria el 30 de junio, pues las cámaras legislativas no habían logrado acuerdos respecto a las enmiendas incluidas. El Alto Cuerpo aprobó este jueves el informe del comité de conferencia con la única oposición de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago.
Además, el Senado ratificó de manera unánime el Proyecto dela Cámara 2443, que enmienda la “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico” para que la Junta Examinadora de Psicólogos desarrolle su propio examen de reválida, y que el de la Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB) que se suministra actualmente sea solo una opción para quienes aspiran a licenciarse en esa profesión.
La legislación dejaría sin efecto las disposiciones de una ley aprobada el pasado cuatrienio mediante la cual se autorizó a la junta examinadora a formar parte de la ASPPB, y adoptar su examen de reválida para ofrecerlo localmente. Durante las vistas públicas sobre la medida, la mayoría de los deponentes coincidió en que la prueba desarrollada por el ente estadounidense ha creado un desfase en la profesión de la psicología debido a que muy pocos estudiantes la aprueban.
“Con esa medida, se hace justicia no tan solo a los aspirantes a tomar el examen de reválida de psicología en Puerto Rico, que puedan tomar un examen justo y equilibrado, sino también que el sector académico y el estado puedan, dentro de sus roles de educación y fiscalización, respectivamente, continuar realizando sus trabajos adecuadamente”, reza la exposición de motivos del proyecto.
La medida, de la autoría de la representante popular Lydia Méndez, fue avalada con enmiendas, por lo que tendrá que pasar nuevamente ante la consideración de la Cámara de Representantes.
Durante la sesión de este jueves, también fue aprobado de manera unánime un proyecto que eliminaría el impuesto de 2% sobre los giros que fue legislado el año pasado con efecto sobre esa, entre otras transacciones monetarias.
Desde que se aprobó esa contribución, el Departamento de Hacienda ha suspendido su vigencia en varias ocasiones por la vía administrativa, y la última vez dispuso que la dejarían sin efecto hasta diciembre próximo, resaltó el senador popular Ramón Luis Nieves, autor de Proyecto del Senado 1317, que quedó aprobado.
"Este impuesto amenazaba con eliminar la venta de giros en cientos de negocios en Puerto Rico. El impuesto sobre los giros tendría efectos nefastos sobre nuestra gente, particularmente nuestra gente pobre que utiliza con frecuencia la compra de giros para realizar sus transacciones", aseveró el legislador.