El Senado aprobó esta tarde una medida que exigiría el visto bueno de la Legislatura para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pueda crear o contratar compañías, sociedades, corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas, “para determinados fines”.

El Proyecto del Senado 213 busca enmendar una sección de la Ley 83 de mayo de 1941, conocida como Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, para añadir ese requisito.

El inciso en cuestión a ser enmendado, el inciso (u), ya establece que tal creación o contratación por parte de la AEE debe ser aprobada previamente por Negociado de Energía. Con el PS 213, se añadiría el requisito de “ratificación de la Asamblea Legislativa, mediante Resolución Concurrente.

La ley a enmendarse lista como “determinados fines”, entre otros, “escindir y separar en una o más subsidiarias las funciones de generación, transmisión y distribución” de la AEE; “participar en Alianzas Público Privadas de acuerdo a la Ley 29-2009, según enmendada, y la Ley 120-2018, según enmendada”.

También se incluye en esa lista de “determinados fines”, otros incisos como el de “desarrollar, financiar, construir y operar proyectos industriales y otras infraestructuras directamente relacionadas con la maximización de la infraestructura eléctrica de la Autoridad (para tener un sistema eléctrico estable, de la más alta tecnología, sostenible, confiable y altamente eficiente)”.

También incluye “adquirir, tener y disponer de valores y participaciones, contratos, bonos u otros intereses en otras compañías, entidades o corporaciones, y ejercer todos y cada uno de los poderes y derechos que tal interés le conceda, siempre que, a juicio de la Junta, dicha gestión sea necesaria, apropiada o conveniente para alcanzar los propósitos de la Autoridad o para ejercer sus poderes”.

Asimismo, incluye, “vender, arrendar, ceder o de otra forma traspasar cualquier propiedad de la Autoridad o delegar o transferir cualesquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes, a cualesquiera de dichas compañías, entidades o corporaciones que esté sujetas a su dominio toal o parcial, excepto el derecho a instar procedimientos de expropiación”.

Aclara la medida, que el lenguaje actual de la Ley Orgánica de la AEE, “podría llevar a la absurda conclusión de que esa corporación pública tiene el poder para autoliquidarse sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa y sin mandato de ley mediante diversos negocios jurídicos que la haga inoperante o inexistente”.

El senador Javier Aponte, del Partido Popular Democrático (PPD), resaltó que precisamente ayer se dieron las primeras vistas relacionadas con el contrato de LUMA Energy que traspasa las operaciones de transmisión y distribución de la AEE a ese consorcio energético internacional.

Indicó que en las vistas surgió que los propios responsables del contrato lo habían trabajado meses antes mientras tenían responsabilidades en la AEE, en lo que entiende es un claro conflicto de interés que hace nulo al contrato. Agregó que, para hacerlo funcionar, se aprobó una enmienda a la ley para que tales contratos no tuvieran que pasar por la Legislatura, sino solo por el Negociado de Energía.

Aclaró que el proyecto revierte ese cambio, para que tales contratos al menos tengan que pasar ante la Legislatura, y por eso pedían su trámite expedito.

El senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, sostuvo que votaría a favor de la medida por considerarla que es una rectificación correcta, aunque aclaró que considera que es insuficiente. Sostuvo que llega a raíz del contrato de LUMA que se ha convertido en un escándalo, y rechazó la crítica de que la AEE es “monopolio público” por estar en manos del pueblo, agregando que contrario a lo que se alega de que se privatiza en nombre de la competencia, LUMA será un monopolio privado que no competirá con nadie.

Recordó además que LUMA no invertirá nada y trabajará con el dinero del pueblo, “y además no va a bajar luz. ¿Qué gana nuestro pueblo con el contrato de LUMA? Nada, no gana nada”. Agregó que quizás la única consecuencia del contrato para la Isla sería perder un sindicato importante.

Sostuvo además que era importante que la Legislatura recuperara poderes que cedió equivocadamente y que dieron paso a contratos como el de LUMA.

“Me alegra mucho que haya un consenso aquí de que ese contrato de LUMA es malo y hay que detenerlo. Pero eso es fruto de aquella cosecha de medidas aprobadas aquí en la Legislatura, y debe corregirse. Instamos a que sea el primer paso para revisar esas políticas a favor de la privatización”, insistió Bernabe.

La senadora María de Lourdes Santiago sostuvo que las agencias y entidades a cargo de esos contratos están llenas de lo que se conoce como “yes people”, que aprueban lo que le ponga delante sin leer nada. Sostuvo que en las vistas no han sido capaces de contestar las preguntas más básicas porque “no saben ni les importa”.

Agregó que la medida, aunque “solo busca remediar un elemento de esa terrible estela legislativa”, debe ser el primer paso para corregir esa tendencia a favor de privatizaciones.

El senador popular Ramón Ruiz, también se expresó a favor de la medida, y sostuvo que en las vistas sobre el contrato de LUMA ha salido a relucir una cantidad sustancial de contratos cuestionables. Afirmó que esta medida establecería que todos esos contratos pasen por la Legislatura de manera que se pueda “evaluar y pasar juicio”, y así estén seguros los importantes activos de la AEE.

El senador estadista David Villafañe hizo algunas preguntas sobre el informe positivo a la medida, sostuvo que había una ley posterior abarcadora que impedía a la AEE vender sus activos, por lo que no sería necesario el PS 213, y cuestionó si no era mejor esperar por una opinión del Departamento de Justicia al respecto. Agregó que considera que “este aspecto ya está cubierto por la Ley 120”, y no es necesario ser redundante, a menos que hubiera una opinión legal que haga una interpretación distinta de la ley, en cuyo caso votarían a favor. De lo contrario, dijo, no le votaría a favor a la medida.

La senadora estadista Migdalia Padilla solicitó que la medida fuera devuelta a la comisión para que fuera revisada y se tuviera una opinión adicional sobre la misma. Sin embargo, su moción fue derrotada.

Finalmente, la medida fue aprobada en el Senado a viva voz, con algunas enmiendas en el texto.