Una resolución para pedir al Congreso de los Estados Unidos que legisle una exención parcial de las llamadas leyes de cabotaje para flexibilizar la entrada de más buques a Puerto Rico, fue aprobada en votación unánime en el Senado.

La medida se refiere a disposiciones de la Ley Jones de 1917, que impiden el uso de buques que no son de fabricación estadounidense en rutas de los puertos como los de Hawai, Alaska y Puerto Rico.

El reclamo al Congreso de legislación para una exención parcial de las leyes de cabotaje fue propuesto por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer.

La medida recibió este lunes el voto a favor de los compañeros del legislador estadoista, así como de la delegación popular e incluso de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago.

La legislación federal dispone que el transporte marítimo entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos "tiene que llevarse a cabo solamente en barcos construidos, con bandera, propietarios y de tripulación estadounidense", lo que supone un impacto oneroso para el país, según el consenso de los senadores.

Seilhamer, al defender la resolución, observó que recientemente Hawai aprobó en sus cámaras legislativas una medida reclamando la exención de la aplicación a las leyes de cabotaje y la medida "incorporó a Puerto Rico". Su resolución también pide la exención para ese país del Pacífico, así como para Alaska.

Si se aprobara esa exención, se lograría reducir los costos de importación y exportación marítima en Puerto Rico, plantea la exposición de motivos de la resolución de la autoría de Seilhamer, quien en esa sección destacó que a territorios como las vecinas Islas Vírgenes estadounidenses no les aplican esas disposiciones.

El senador ponceño también consignó que la Contraloría General de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés) reconoció que para Puerto Rico "sería más económico utilizar otros barcos y no solamente la flota con bandera estadounidense" y admite que los buques americanos para trasportar fuentes de energía, productos agrícolas y otros "no atienden debidamente las necesidades económicas de la Isla".

La senadora Santiago explicó el contexto especial de su voto a favor por esa medida al subrayar que lo que se impone, según su ideología política, es la exención completa o no aplicación de esas disposiciones "injustas" para Puerto Rico.

Santiago afirmó que la Marina Mercante de EE.UU es "una de las industrias más prósperas" de ese país y las leyes de cabotaje que garantizan aquí su hegemonía es "una de las grandes injusticias del sistema colonial" en Puerto Rico, donde "más de la mitad de la gente vive bajo el nivel de pobreza" y sufre el impacto de los productos importados cuyo costo aumenta cada día.

"Se lacera a nuestra gente" con un sistema que beneficia "a las grandes empresas norteamericanas", recalcó Santiago, al recordar como la economía local ha ido en picada, tras la eliminación de la excención contributiva federal de la Sección 936 y otros cambios.

Concluyó que el apoyo bipartida a la resolución representa la aceptación de todos los senadores de que "el sistema colonial es oneroso" e inconveniente para el país.

La resolución con el reclamo expreso al Congreso federal sería cursada de inmediato a la Legislatura en Washington D.C., así como al comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien debería cabildear para alcanzar esa meta en tiempos de gran estrechez económica en la Isla.