El Senado investigará el funcionamiento de los sistemas de sirenas de alerta de tsunamis y de alerta a teléfonos móviles del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el cual no fue activado tras el terremoto de 6.4 del pasado 7 de enero.

“Ese terremoto en específico generó en el momento advertencias de tsunami. Sin embargo, hasta donde tenemos conocimiento los ciudadanos no recibieron alertas en sus teléfonos móviles”, dice una de las resoluciones aprobadas en la sesión senatorial de hoy.

El cuerpo legislativo aprobó dos resoluciones de investigación, una de ellas (la 1314) ordenó a la Comisión de Seguridad Pública a investigar el sistema de alerta de tsunamis y la resolución 1313, refirió la investigación del sistema de alerta de teléfonos móviles a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura.

Ambos temas se habían investigado en la Cámara Alta en 2018 mediante la resolución 563 y se rindió un informe con recomendaciones en octubre de 2019.

De hecho, la resolución 1314 suscitó cuestionamientos de la minoría popular porque el senador Aníbal José Torres planteó que el Senado ya había aprobado una resolución a los mismos fines y había rendido un informe con siete recomendaciones.

“Lo que deberían haber hecho los compañeros de la mayoría fue remitirse al informe final del senador Henry Neumann e ir sobre las siete recomendaciones que hace”, expresó Torres Torres.

“No quiero culpar a nadie, pero el problema del País, que para algunas personas con gríngolas es el status colonial, es de incompetencia de aquellos que tienen que tomar la decisión”, expresó por su parte el portavoz Eduardo Bhatia, quien pidió que la resolución se devolviera a Comisión, pero la moción fue derrotada.

El senador independentista Juan Dalmau asumió un turno a favor para plantear que el gobierno no tiene actualmente un sistema de alerta de emergencias.

Dalmau Ramírez dijo que la resolución debe ser para “exigirle cuentas a un gobierno que ha estado inmóvil”.

Dijo que la Red Sísmica de Puerto Rico no está autorizada para emitir una alerta de emergencia y tiene que notificarle a la Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos (NOAA en inglés). “La NOAA cuando recibe la notificación activa su sistema de emergencia, que además de anticuado porque es de la década del 70, cuando el sistema funciona, le alerta al Cerro Las Mesas en Aguas Buenas, que le alerta a San Juan y de San Juan se encadenan las otras emisoras”, sostuvo.

Dalmau Ramírez añadió que “se requiere un periodo de cerca de 10 minutos para que se enteren, por ejemplo, en Guánica que hay una amenaza de tsunami, un temblor o más y eso no es una alerta de emergencia, de ahí a enviar una paloma mensajera”.

“Queremos saber a ciencia cierta qué es lo que se ha hecho y qué no se ha hecho”, dijo por su parte Henry Neumann. “Seguimos con la insistencia al gobierno central de que tome las medidas para que el pueblo de Puerto Roco esté debidamente protegido teniendo estas alarmas debidamente instaladas”, sostuvo el senador novoprogresista.

Requieren información sobre ataques cibernéticos

Por otro lado, el Senado acogió una petición del senador Dalmau Ramírez para que la Rama Ejecutiva provea a la Cámara Alta información sobre los ataques o intentos de ataques cibernéticos de los cuales hayan sido objeto las agencias, juntas, comisiones, oficinas, negociados, cuerpos, departamentos, corporaciones públicas, autoridades, entidades o instrumentalidades bajo las diversas administraciones de la Fortaleza por los pasados 10 años.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dispuso que la información le sea entregada a todos los senadores.

Dalmau Ramírez reclamó copia de toda la información existente relacionada a actos fraudulentos, tentativas de actos fraudulentos, transferencias ilícitas de dinero, robo y/o apropiaciones ilegales mediante el uso de mecanismos electrónicos, cibernéticos o digitales de los que hayan sido objeto las mencionadas dependencias públicas.

De igual forma, requirió toda filtración robo, o intento de filtración de información sensitiva de personas particulares que se encuentre en los bancos de datos de las agencias, juntas, cuerpos, corporaciones públicas, comisiones, oficinas, divisiones, administraciones, negociados, departamentos, autoridades, entidades o instrumentalidades de la Rama Ejecutiva.

De igual forma, se deben detallar los mecanismos o protocolos de seguridad, protección e investigaciones existentes y/o implementados por los últimos 10 años para prevenir o procesar a las personas o entidades responsables de cometer ataques, robo de información y fraudes cibernéticos y/o digitales perpetrados contra las instrumentalidades bajo la Rama Ejecutiva.