El senador popular por el distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, a quien se le asignó un fiscal especial independiente (FEI) en relación al patrón de abuso verbal y solicitudes de dinero que le atribuyeron en 2001 empleados de su oficina legislativa, no estuvo disponible para reaccionar a la nueva investigación en su contra.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) anunció hoy que acogió el referido que le sometió el Departamento de Justicia y designó a la FEI, Zulma Fúster Troche, para conducir la investigación sobre posibles infracciones al Artículo 191 del Código Penal (extorsión) y al Artículo 3 de la Ley 115-1991, conocida como la Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio.

Torres Berríos fue relevado hoy mismo de la presidencia de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes y, a pesar de que estuvo todo el día en el Capitolio, no atendió a los medios de comunicación.

“Una vez más enfrentaré este asunto que ya fue investigado por el Senado de Puerto Rico. Respetando el trabajo de las agencias concernientes, no emitiré más comentarios y esperaré a que los procesos sigan su curso. Como dije hace unas semanas, estoy seguro de que nuevamente el país conocerá la verdad”, dijo en unas escuetas declaraciones escritas.

El Opfei informó en un comunicado de prensa que acogió la recomendación del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para la designación de un FEI que investigue al legislador.

Tras el anuncio, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, informó que Torres Berríos será relevado de presidir la Comisión de Recreación y Deportes mientras se lleva a cabo la investigación.

“El Senado de Puerto Rico ya investigó, rindió su informe y atendió los hechos por los que hoy se le designa un Fiscal Especial Independiente al senador del distrito de Guayama, Albert Torres. En cuanto a la acción que nos corresponde, estaremos relevando al senador de la presidencia de la Comisión de Recreación y Deportes, en lo que el FEI culmina su investigación”, expresó por escrito Dalmau Santiago.

Emanuelli informó al Panel que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor entrevistó a empleados del legislador, así como, examinó la prueba documental y testifical sobre una querella levantada ante la Comisión senatorial de Ética, donde se alegó que el legislador había solicitado dinero al esposo de una empleada para sus gastos personales.

Denunció, además, que había intentado impedir el testimonio de ciertos testigos ante esa comisión.

“La empleada –Alba González Rivera– se encontraba en destaque en el Senado desde febrero de 2021. La funcionaria había planteado ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado que el senador Torres Berríos había requerido a su esposo la entrega de dinero bajo apercibimiento de que negarse a ello resultaría en la pérdida de empleo de la señora González Rivera”, indica el comunicado de la Opfei.

Añade que “la investigación preliminar de Justicia le dio peso a la prueba recopilada y recomendó la resignación de un FEI”, mientras que “el Panel encontró los criterios establecidos” y “emitió la autorización de un fiscal especial sobre las actuaciones del senador Albert Torres”.

La fiscal Fúster Troche tiene un término estatutario de 90 días para realizar la investigación a fondo.

La pesquisa

“Hace varios meses estuve en el Departamento de Justicia reunida con dos fiscales de la División de Integridad Pública y me pareció que están muy comprometidos con la investigación. Me hicieron muchas preguntas sobre el contenido del informe de minoría sobre por qué no se habían incluido algunos elementos en el informe de la mayoría a pesar de que nos hemos referido de manera específica como el tema de la gallinita o requerimiento de dinero hacia la agrónoma Alba González”, expresó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón.

La senadora sostuvo que la controversia está ahora en manos del FEI “y esperamos que se pueda realizar la investigación con el rigor que no pudimos hacerla en el Senado ante la negativa de la mayoría de citar a varios de los testigos bajo unos argumentos totalmente antijurídicos”.

“Dentro del expediente constaban declaraciones, algunas juramentadas y otras no, que eran importantes para que el caso se atendiera de manera responsable y compañeros populares, penepés y del Proyecto Dignidad se negaron a llamar a esos testigos bajo unos subterfugios absolutamente absurdos, diciendo que esas declaraciones habían expirado, un concepto inexistente. Qué bueno que el Departamento de Justicia está investigando”, expresó Santiago Negrón.

“No me sorprende. Yo suscribí un informe de minoría que expresaba, entre otras cosas, esos aspectos que alude el PFEI”, indicó, por su parte, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

En diciembre de 2021 la Comisión de Ética del Senado recomendó castigar con un voto de censura y reprimenda pública al senador Torres Berríos luego de investigar una querella de empleados del legislador que alegaron ser objeto de un patrón de maltrato verbal y de solicitudes de dinero.

También se rindió un informe de minoría que recomendó castigar también al legislador con una multa de $5 mil, que se le separara de forma permanente de la presidencia de comisiones legislativas, se ordenara a la oficina de Recursos Humanos que continúe la investigación y que el expediente fuera referido al Departamento de Justicia, pero ninguno de los dos informes fue acogido por el pleno del Senado.

El Departamento de Justicia, sin embargo, inició una investigación contra Torres Berríos.