El designado secretario de Estado, Larry Seilhamer, fue cuestionado hoy durante una de sus vistas de nombramientos sobre su rol en otra posición casi tan importante para el país: presidente del Comité Timón para la Fiscalización del contrato de Luma Energy.

Mientras, en un aparte con la prensa el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo estar satisfecho con las contestaciones de Seilhamer, aunque el resultado de la vista tendrá que ser discutido en el caucus popular. El líder senatorial dijo que la creación del comité timón fue precisamente producto de peticiones de los gremios que agrupan empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y de los presidentes legislativos.

“No me gusta cruzar el puente antes de llegar al río, pero sí ha contestado, a mi juicio satisfactoriamente, casi todas las preguntas”, dijo Dalmau Santiago. “El estableció los cinco criterios que el concilio (comité) tiene para evaluar ese contrato. Esa contestación a mí me satisface”.

El presidente del Senado no anticipó cuándo bajará a votación un posible informe positivo de Seilhamer y dio por seguro que el nombramiento de Domingo Emanuelli como secretario de Justicia sería evaluado la semana que viene.

Seilhamer presidió la Comisión de Energía del Senado mientras se evaluó el proyecto de ley que se convertiría en la Ley 120-2018 y que dio paso a la privatización de la AEE. Sin embargo, el nominado a presidir el Comité Timón por designación del gobernador Pedro Pierluisi reconoció que no ha podido evaluar en su totalidad el contrato de Luma Energy y argumentó que es técnico.

“He ido a puntos que me han referido del contrato, no piensen que no lo he mirado”, dijo Seilhamer ante miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado.

“Léalo pensando que el dinero va a salir de su bolsillo”, le dijo el senador popular Juan Zaragoza, quien argumentó que el contrato está redactado de una manera en que al gobierno le cuesta el doble cada empleado de la AEE que no sea contratado por Luma: con el pago anual del contrato –ya pactado- y con la obligación que tiene de reubicarlo en otra dependencia gubernamental que incluye, naturalmente, el salario que devengaba en la corporación pública.

“Nos cuesta dentro de Luma y fuera de Luma”, dijo Zaragoza. “Y por eso no hay ningún interés de Luma en reclutar ese personal”.

A preguntas de la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, Seilhamer aseguró que no tiene ningún “amarre” al momento de fiscalizar la ejecución de Luma Energy.

“No tengo ningún amarre”, dijo Seilhamer. No obstante, durante la vista Seilhamer reconoció que un hijo suyo trabaja en el Negociado de Energía desde el 2017.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago le recordó que la Orden Ejecutiva del Comité Timón de Fiscalización dispone que la entidad tomará las medidas para garantizar que no ocurra un alza tarifaria de la luz, obviando por completo que ese rol recae sobre el Negociado de Energía. Seilhamer, por su parte, hizo la distinción entre un alza tarifaria e incrementos en el costo de luz a raíz de “fluctuaciones” en el costo de combustibles fósiles.

Santiago le indicó que el contrato de Luma Energy no prohíbe que se aumente la tarifa, a lo que Seilhamer insistió en que un incremento en la tarifa no puede ser a consecuencia de la “administración del contrato”, pero sí por aumento en costos.

Seilhamer, de otra parte, coincidió con Santiago en que Luma Energy entraría en un conflicto de interés insalvable si optara por contratar a una compañía subsidiaria como lo es Quantas para realizar algún tipo de labor de reconstrucción. El nominado reconoció que el contrato de Luma Enegy no lo prohíbe, pero aseguró que levantaría su voz en contra de una transacción como esa.

“Es una crasa violación a la ética y de sana administración”, dijo.

El también exsenador evitó en múltiples ocasiones contestar si favorece o no la privatización total de la AEE. La pregunta se le hizo en el contexto de la posible venta de activos de generación de la AEE. Seilhamer contesto que la compra de este tipo de activo nunca generó interés en la evaluación del proyecto que luego se convertiría en la Ley 120-2018 y que, a largo plazo, la generación estará en manos de micro-redes, consorcios municipales y generación de energía renovable.

A preguntas de Dalmau Santiago, Seilhamer señaló que el Comité Timón que presidirá tendrá que encargarse de que a los empleados de la AEE se les honren los salarios y derechos adquiridos “a donde quiera que sea su destino laboral”, al igual que el que se le honre su pensión. Indicó que no ve ambiente para que se cancele el contrato.

“Tanto el Concilio como la Asamblea Legislativa deben estar monitoreando las métricas y ahí puedes identificar posibles problemas fiscales”, dijo Seilhamer en el contexto de una pregunta sobre si Luma Energy podría despedir empleados si enfrenta pérdidas. “Como cualquier ente privado”, contestó a preguntas del senador Rubén Soto.

Dalmau Santiago dijo en el aparte con la prensa que parte del rol de Seilhamer será atender el futuro de los empleados no retenidos por Luma Energy. “Tiene que aclarar eso, que los empleados no pierdan sus beneficios y se cumpla con la ley que permitió esa transacción”, dijo Dalmau Santiago.

La senadora Gretchen Hau le preguntó a Seilhamer qué pasará con los empleados que decidan no trabajar con Luma Energy o no sean reclutados por la compañía. Seilhamer le contestó que el Comité Timón “quiere definir” la cantidad de empleados de la AEE que pasen a la compañía privada y cuántas no.

“La Ley 120 establece la responsabilidad que tiene la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) la responsabilidad de adiestrar a esos empleados”, dijo Seilhamer.

“¿Y un celador?”, le preguntó Hau.

“Es de alta necesidad para que Luma pueda operar. Si hay celadores que se queden en el gobierno (no Luma) saben que serán transferidos a una agencia con una capacitación que van a recibir”, dijo el nominado.

“No veo claro cómo se van a reubicar”, le indicó Hau.

La vicepresidenta del Senado, Marially González, igualmente insistió en el tema de los derechos de los empleados de la AEE y Seilhamer indicó que el reconocimiento de los salarios, derechos adquiridos y aportaciones a las pensiones están garantizados, pero que de ser necesario dinero adicional para reubicar empleados no contratados por Luma Energy “la Junta de Supervisión Fiscal tendrá que tomar las provisiones para que en el próximo presupuesto se puedan garantizar esos salarios”.

“Aquellos que no vayan a Luma porque no quisieron o porque Luma no los contrató tendrán funciones específicas en el gobierno y para el presupuesto esa cantidad (para reclutarlos) tiene que estar asignada”, dijo Seilhamer.