El alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá, le peticionó a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que permita a la gente que tenga que derrumbar sus casas, que resulten inhabitables por los temblores, enterrar en sus propiedades “esos materiales, sellarlos… porque eso es arena y gravilla”.

Irizarry Salvá aceptó que la pérdida de estructuras es “una tristeza brutal para la gente que hay cogido un golpe bien fuerte” porque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) “lo que te puede ayudar es a ponerte de pie”.

Mencionó que una familia, cuya casa no colapsó, pero se afectó con un sismo quedando inhabitable, tendrá que derrumbar la estructura y acarrear esos escombros.

“Pon que esa casa vale $100,000. Quedó de pie pero se comprometió en su totalidad. FEMA te da el 100%, que son $35,000 (la ayuda máxima individual aprobada en la Declaración de Desastre Mayor). Puede ser que FEMA también te diga que tienes derecho a un préstamo, que es endeudarte otra vez, pero vale. Pero, ¿dónde tú vas a hacer esa casa? Donde estaba la otra. Y te toca a ti tumbar la casa y el acarreo de ese material, que no le toca a los gobiernos municipal ni estatal”.

En algunos casos, los afectados tendrán que construir sus casas en otros terrenos, porque en los que construyeron no eran seguros.

Irizarry Salvá dijo que “el problema se complica porque, por ejemplo, tengo casas en ese estado y los caminos municipales para llegar allá todavía no han sido reparados luego del huracán y son estrechos. Los camiones no van a pasar y el acarreo de eso, tras tumbarla, dando unos números bien conservadores estaría en unos $15,000”.

El alcalde dijo que este dinero, la familia lo puede usar en el desarrollo de su nueva vivienda, ya que solo te dieron $35,000 y el préstamo.

Por eso la petición a la JCA para que “todo el material” producto de las casas derrumbadas permanezcan en las mismas fincas de los vecinos, donde se “haga un depósito y taparlo”.

El estimado de casas afectadas por lo sismo en este pueblo suman más de 300. De esos, 80 casos son mayores, otros intermedios y algunos leves.

Próximamente contrataran otro ingeniero estructural para poder “darle una recomendación a los familiares… en lo que llegan los inspectores de FEMA”.

Irizarry Salvá confesó que está “asusta’o” al igual que su gente, “porque el número de viviendas (afectadas) sigue aumentando”.

"Hay casas en columnas que uno no se explica cómo no se cayeron. Otras llanas que se rajaron por la mitad. Lo que estoy viendo es que cada caso es un universo completamente distinto. Esto no es un huracán que el viento sopló y se llevó; esto es una cosa que son minihuracanes en distintos lugares. No hay manera de poner una regla y decir, esto fue y esto fue”, expresó.

Irizarry Salvá participó ayer en una reunión con miembros de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD), en la que presentaron una lista con las 20 necesidades más apremiantes que tienen los pueblos afectados por la emergencia causada por los terremotos.

Destacaron el tema de la educación, la salud mental de los niños y comunidad en general, así como darle atención a las estructuras destruidas y promocionar una moratoria en las hipotecas a las familias afectadas.

Dos de las peticiones de los alcaldes fueron: adelantar los permisos para la demolición de estructuras afectadas por los terremotos (cuyo costo está incluido en la Declaración de Desastre Mayor) y que los $240 millones, del Fondo de Emergencia, sean destinados para la construcción de hogares.