Pese a que los servicios que se proveen en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) registraron una mejoría durante el año escolar 2024 al 2025, todavía persisten deficiencias en la prestación de servicio directo a los estudiantes.

El reciente informe que la monitora Pilar Beléndez Soltero presentó a principios de mes ante el Tribunal de San Juan para medir el cumplimiento de la agencia con el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez apunta a un alto grado para ejecutar los procesos que se siguen para ingresar a un nuevo estudiante al Programa de Educación Especial. No obstante, se señala continuas fallas para que estos alumnos reciban los servicios que requieren una vez se encuentran dentro del sistema.

“Al igual que en los últimos años, el reto mayor que confronta Educación es la del ofrecimiento de los servicios relacionados a los que tienen derecho estos estudiantes, particularmente en las terapias, servicios compensatorios, evaluaciones y reevaluaciones. Esta es el área de mayor incumplimiento, tanto del ofrecimiento del Departamento a través de las corporaciones que contrata, como mediante el mecanismo de remedio provisional. Destacamos que el cumplimiento bajo de las estipulaciones de remedio provisional es evidencia de que, a pesar de tener disponible este mecanismo, el Departamento no lo utiliza con la frecuencia que se requiere. Recordamos que los servicios relacionados son esenciales para lograr que los estudiantes puedan lograr alcanzar su potencial”, subrayó la monitora.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó a Primera Hora que los señalamientos no son porque la agencia no ofrezca los servicios. Reconoció que el problema es que no siempre se dan dentro del periodo de tiempo que se estipula que el estudiante debe recibirlos, o no se han documentado de la manera correcta.

“Hoy por hoy, estamos dando mucho más servicio que el año pasado y que en años anteriores”, afirmó.

Los señalamientos contra Educación Especial surgen cuando miles de familias afectadas por la calidad del servicio que el DE provee en este programa se le ha fijado un nuevo periodo, que vence el 15 de abril, para decidir si aceptan o no una indemnización del estado de unos $5,100 por los daños sufridos ante la falta de servicios que por años los estudiantes han sufrido.

El proceso daría paso al cierre de la reclamación de daños y perjuicios en el caso judicial de Rosa Lydia Vélez, que data de la década de los años ‘80, explicó el abogado de los padres afectados, José Torres.

La parte que quedaría vigente del caso es el monitoreo activo del tribunal para que Educación cumpla con los estudiantes de Educación Especial y una multa de $11,000 diarios para obligar a la agencia a que le provea servicios de calidad y con agilidad a la población que sirven.

Los señalamientos

Para el año escolar 2024-2025, Educación proveyó servicios a 106,513 estudiantes. Pero, el informe alude a que a octubre de 2024 los alumnos que “eran servidos” totalizaron 99,964. Los problemas de aprendizaje, de habla y lenguaje, así como el autismo predominó en las categorías de los menores.

Ramos Parés explicó que esto no representa que el restante 14% de los estudiantes del programa no se le brindó asistencia. Aludió a que caerían en el renglón de que se le proveyó el servicio fuera del tiempo requerido.

Según el informe, publicado el 2 de febrero pasado, la puntuación general de cumplimiento sobre los requisitos establecidos por el Tribunal para el Programa de Educación Especial es de 3.10, si se cuentan las seis estipulaciones que se cerraron porque estaban en cumplimiento.

Ramos Parés destacó que es la primera ocasión que la agencia saca ese “alto” nivel de cumplimiento, que está en el rango de “satisfactorio”.

El nivel adjudicado del año académico 2018-2019 fue de 2.88; 2.31 para 2019-2020; 2.81 para 2020-2021; 3.02 para 2021-2022; 2.99 para 2022-2023; y 3.03 para 2023-2024. La clasificación mayor de cumplimiento es 4.00.

Pero, si no se toman en cuenta las estipulaciones ya cerradas, el nivel de cumplimiento fue de 3.02, menos que el pasado año escolar.

No obstante, el abogado destacó que el nivel de cumplimiento por los servicios que Educación debe proveer directamente al estudiante es de 2.45.

Según el informe, este nivel todavía es “satisfactorio. El cumplimiento está bajo el nivel esperado, pero podría alcanzarlo con relativa prontitud”.

Pero, Torres lo describió como un “raspa cum laude”. Aseguró que los servicios directores son el “corazón” del programa.

“Cuarenta y cinco años y medio después de presentado el pleito, en servicio directo, el servicio no es satisfactorio”, aseguró.

El informe destaca que “las áreas en la que el Departamento evidenció mayor incumplimiento son las de Remedio Provisional (0.33), Administración y Reevaluaciones (2.00 cada una) y la de Servicios Relacionados (2.33). Además, se encuentran en incumplimiento las estipulaciones de Asistencia Tecnológica (2.50), Alcance de la Sentencia (2.45) y otras estipulaciones de transportación y barreras arquitectónicas (2.75 cada una). Esta situación se ha repetido en los últimos años y todas están estrechamente relacionadas con el ofrecimiento de los servicios a los estudiantes de Educación Especial”.

Se añade que “las áreas de mayor cumplimiento son las de Registro, Referido a Evaluaciones Iniciales y Determinación de Elegibilidad, todas con 4.0. Las otras áreas de cumplimiento, en orden descendente de promedio, son: Divulgación (3.86). Ubicación (3.75), Plazos, Preparación del PEI y Transición (3.67 cada una), Querellas (3.60), Plazos, Preparación del PEI y Transición (3.33 cada una), y Estudiantes en escuelas privadas y Becas de Transportación (3.00 cada uno)”.

¿Falta camino?

Torres estipuló que estos niveles de cumplimiento denotan que “la realidad es que el gobierno de Puerto Rico, en el área de Educación Especial, le falta camino por recorrer”.

Identificó problemas que van desde la selección de personal por consideraciones políticas, falta de capacitación a los funcionarios que están en el programa, “escollos procesales” y sobrecarga de trabajo a los maestros, quienes no reciben una paga mayor por atender esta población.

También señaló que el gobierno no está preparado para atender la población con autismo, que cada año va en aumento.

No obstante, el secretario de Educación fue optimista al asegurar que se demuestran mejorías en los niveles de cumplimiento.

“Sin duda alguna, nos falta camino, pero se demuestra que el progreso ha sido la pauta. Así que yo creo que hablar de lo malo sin hablar de lo bueno, creo que pone en posición a la gente de decir: ¿Qué está haciendo el caso? Si no hablamos del progreso que ha tenido el Departamento de Educación, yo me cuestionaría la inversión que se hace”, afirmó Ramos Parés.

Entre otras cosas, el funcionario explicó que la agencia puede no proveer el servicio, en ciertos casos, a los 30 días requeridos. Pero, evitan enviarlo a remedio provisional para economizarle al padre otros 20 días de que esa parte del programa tiene para reevaluar el caso. Dijo que todo el proceso demoraría 50 días, cuando en ocasiones la agencia lo resuelve en 35 a 40 días.

“Hay elementos que pueden variar, de acciones que familia tome o escuela tome a la hora de ejecutar, pero estos niños terminan siendo servidos”, aseguró.

Otro problema que apuntó es que “hay un reto de oferta y demanda de tener recursos diestros” para dar los servicios.

Explicó que el sistema de querellas que han implementado está funcionando, al igual que la escuela de padres que han emprendido para orientarlos a que reclamen sus derechos.

Ramos Parés dijo estar esperanzado que en el nuevo pedido de fondos al Medicare se asigne una partida a Educación Especial para allegar más dinero para mejorar los servicios.

Por otro lado, el secretario explicó que la compensación monetaria que recibirán los padres reclamantes de daños en el caso de Rosa Lydia Vélez no priva a otros afectados por el sistema a hacer nuevos reclamos ante los tribunales. No obstante, Torres indicó que los abogados no están prestos a presentar estos casos, ya que el gobierno está en quiebra y reconocen que no prosperarán.

En el caso de la reclamación bajo Rosa Lydia Vélez, que la Junta de Supervisión Fiscal presentó ante la jueza federal Laura Taylor Swain en el proceso de quiebra, son unas 5,615 familias que presentaron daños ante el tribunal estatal los que pueden acceder o rechazar la oferta de “conciliación”, en o antes del 15 de abril. Pero, Torres comentó que no hay una fecha cierta para que los reclamantes reciban los $5,100 prometidos.

El grupo de abogados involucrados en el pleito ha activado anuncios públicos y enviarán carta a los afectados para orientarlos sobre esta oferta.