La ex gobernadora Sila M. Calderón calificó hoy como insólito y antiético la acción del Departamento de Justicia de solicitar a un tribunal de apelaciones que se devuelva al tribunal de instancia una decisión favorable a las comunidades especiales.

Los residentes de esas comunidades habían demandado al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neil, por violar la Ley 1 de 2001 de las Comunidades Especiales.

Calderón señaló que el proceder del Departamento de Justicia fue como decirle al Tribunal de Apelaciones: "yo gané el pleito, pero se equivocó al resolver a mi favor”.

"En las pasadas semanas las comunidades especiales de Puerto Rico han sido traicionadas una vez más por las instituciones gubernamentales que tienen la obligación de representarlas. Esto acaba de suceder en el caso llevado por el alcalde de Guaynabo en contra de la Oficina de las Comunidades Especiales y en contra de la existencia de las comunidades especiales en su municipio”, sostuvo Calderón.

Señaló que la Ley 1 para el Desarrollo de las Comunidades Especiales establece la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es la primera ley que ella firmó para dar apoderamiento a los residentes de más de 700 comunidades.

Explicó que cuando se gestionó la ley, envió una carta a los 78 alcaldes exhortando que enumeraran las comunidades de sus municipios. Contestaron 69 alcaldes.

No respondieron el alcalde de Guaynabo y su homólogo de San Juan, Jorge Santini, así com los primeros ejecutivos municipales de Aguas Buenas y de Yauco.
 
La ex mandataria dijo que O'Neil ha chocado con varias comunidades especiales de Guaynabo, que se han opuesto a expropiaciones, por lo que ha solicitó una orden de cese y desista (injuction) contra el Estado para eliminar la designación como comunidades especiales.

Según Calderón, el caso O'Neil lo perdió y acudió al Tribunal de Apelaciones.

 “Es en este Tribunal de Apelaciones donde el Procurador General y el Departamento de Justicia, quienes habían prevalecido defendiendo la Oficina de Comunidades Especiales, las leyes del Estado y la existencia de las comunidades especiales, sorpresivamente se unen al Municipio (de Guaynabo) para que se revoque lo que fue una victoria para ellos”, afirmó Calderón.