La propuesta legislativa para regular por ley que los establecimientos de comida rápida presenten opciones de tamaños y precios en las ofertas de comida y combos que tienen disponibles no gozó este martes del apoyo del sector privado ni de la agencia que regularía su cumplimiento, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

La explicación que ofrecieron en una vista pública coincidió en que la propuesta del representante Edgar Robles Rivera, presidente de la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, ya está regulada.

La medida, evaluada este martes en una vista pública, es el Proyecto de la Cámara 843, que propone crear la “Ley de Transparencia en la Oferta de Tamaños en Establecimientos de Comida Rápida de Puerto Rico”. Su fin es “garantizar que los consumidores sean informados adecuadamente sobre todas las opciones de tamaños disponibles, incluyendo el tamaño pequeño, al momento de ordenar”.

La secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, expuso en su ponencia que, “tras examinar el texto y sus posibles efectos regulatorios, el DACO no recomienda su aprobación, por entender que la medida es innecesaria y que, en parte, interfiere con la libertad empresarial protegida por la Constitución y el ordenamiento vigente”.

Además, explicó que “cualquier disposición legislativa que pretenda imponer a los comercios la obligación de ofrecer un tamaño ‘pequeño’ o de uniformar el significado del término ‘regular’ constituiría una intervención indebida en las políticas internas de precios y mercadeo de las empresas, lo que contraviene la libertad de empresa reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y las normas básicas de libre competencia. Tal mandato no solo sería inaplicable en la práctica, sino que también excedería la autoridad reglamentaria del DACO, cuya jurisdicción se limita a la veracidad de las prácticas comerciales, no a la configuración de la oferta”.

La funcionaria dejó claro que el DACO protege al consumidor en caso en que se sienta engañado por algún comercio por situaciones referentes a tamaños y precio. Por ello, entendió que estos estaban ya protegidos, mientras que los comercios se exponen a multas por sus incumplimientos.

“Imponer un requisito legislativo que obligue a los comercios a modificar sus ofertas o tamaños no solo sería redundante, sino que afectaría innecesariamente el libre ejercicio del comercio en Puerto Rico. Por consiguiente, el Departamento de Asuntos del Consumidor no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 843”, afirmó la funcionaria.

Mientras, el presidente de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Carlos Budet, precisó que ya los restaurantes de comida rápida establecen sus ofertas al público con distintos tamaños y costos.

“Estos comercios están obligados a tener sus ofertas claramente expuestas en sus pizarras o menús, además de que tienen la obligación de tener disponible la información sobre tamaños y opciones. Los comercios que no cumplan con las reglas aplicables podrán ser multados por el DACO. Esta medida legislativa atiende un tema que ya se encuentra plenamente regulado por el Reglamento de Prácticas Comerciales (Reglamento 9158) del DACO”, señaló, al justificar su oposición a la aprobación de la medida.

Un argumento parecido lo presentó Carlos Morell Rodríguez, presidente de Caribbean Restaurants, en representación de Burger King.

“Nuestros restaurantes cumplen rigurosamente con las leyes y reglamentos aplicables, y educamos constantemente a nuestros equipos sobre la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo”, aseguró.

Mientras, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III, fue el único en que no mostró una oposición total a la medida.

“El CUD no tiene objeción en su aprobación, siempre y cuando la medida mantenga dos formas de informar sobre los tamaños, visual y verbal. El CUD no fomenta ni apoya medidas que impongan mayores requerimientos de avisos escritos, puesto que al presente el comercio se topa con una diversidad de requerimientos de avisos, que muchas veces no componen nada en beneficio del consumidor, dado a que estos no necesariamente son leídos. Entendemos, que la mejor forma de informar es verbal, puesto que obliga a entablar una comunicación directa con el cliente. Este aspecto asume mayor relevancia, cuando es aplicado al concepto de comida rápida, donde el consumidor muchas veces utiliza el “servi carro”, la transacción es una expedita y el cliente no necesariamente tiene el tiempo de dar lectura a avisos”, manifestó.