Mientras el Senado dio paso en su sesión del lunes a un proyecto que concedería una aministía en el pago de la deuda del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Cámara de Representantes discutió este martes en vistas públicas su propio plan de incentivos para el pago de las obligaciones contributivas sobre la propiedad mueble e inmueble.

La propuesta cameral, que permitiría a los contribuyentes pagar la deuda de inmediato o mediante un plan de pago en un plazo de hasta cuatro años, generó opiniones encontradas entre la Cámara de Comercio y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) en torno a si es el medio más efectivo para promover el pago de los impuestos.

"En los últimos años, Puerto Rico ha concedido demasiadas amnistías, y los contribuyentes se acostumbran a no pagar sus impuestos a tiempo, ya que tarde o temprano, llegará otra amnistía, y no es necesario cumplir con su responsabilidad a tiempo", advirtió durante la audiencia Aníbal Jover Pagés, presidente del Colegio de CPA.

"Las amnistías resultan en la erosión de la base contributiva, penalizando a aquellos contribuyentes responsables que cumplen a tiempo pagando sus contribuciones, según establece la ley. Consideramos que el enfoque gubernamental debe dirigirse a fiscalizar y cobrar efectivamente las deudas vigentes", añadió ante los mimebros de las comisiones camerales de Asuntos Municipales y Regionalización, y la de Hacienda y Presupuesto.

Sin embargo, ante la posible aprobación de la medida, el presidente del Colegio de CPA recomendó, entre otras cosas, que se enmiende la pieza para disponer que a los contribuyentes que se acojan al plan de pago de un año se les fije un interés nominal de 3% para distinguirlos de aquellos contribuyentes que opten por saldar la deuda de inmediato. El texto del proyecto presentado establece que quienes escojan el plan a un año no tendrían que pagar interés alguno, igual que aquellos que cumplan con su obligación en un solo pago.

El Proyecto de la Cámara 1372 dispone que los contribuyentes que acojan el plan de incentivos propuesto estarán relevados "de la totalidad de pago de intereses, recargos y penalidades sobre las deudas" incurridas en o antes del 31 de diciembre de 2012.

La pieza legislativa permite garantizar el pago de la deuda con una hipoteca, aspecto que también provocó algunas críticas de Jover Pagés, por entender que supondría una "carga adicional al CRIM en cuanto a estudios de títulos, tasación, embargos, registro de la propiedad y ventas de propiedades reposeídas".

Aunque avaló la medida, Jorge Cañellas, presidente de la Cámara de Comercio, también expresó reservas respecto al uso de la hipoteca como garantía por las complejidades que, a su juicio, supondrá para el CRIM.

"El solo hecho de que el CRIM ha confrontado dificultad para tasar propiedades y fiscalizar el cobro de las contribuciones municipales, nos puede dar una idea de que manejar una cartera de hipotecas puede complicar más su sistema", advirtió.

A pesar de sus diferencias sobre el proyecto de la amnistía, ambas entidades coincidieron al oponerse a otra medida en discusión que establecería una nueva fórmula de tasación sobre las propiedades muebles e inmuebles sujetas a tributación "basada en el valor real del mercado o en el precio de venta, lo que sea mayor".

El presidente del Colegio de CPA aclaró que esa organización favorece que se "modernicen" los sistemas del CRIM, como sugiere la legislación, y que se modifique el sistema contributivo para que el impuesto se fije sobre los valores corrientes, pero a una tasa "sustancialmente reducida" para no perjudicar a los contribuyentes.

Según Jover Pagés, la "vaguedad del texto" del proyecto y la "forma general" en la que aborda aspectos técnicos de la tasación podrían "poner en riesgo la estabilidad del sistema de recaudos de contribución sobre la propiedad".

Cañellas, por su parte, opinó que el cambio en la tasación propuesto podría tener nefastas consecuencias en los contribuyentes.