Sentimientos de tranquilidad y satisfacción son los que predominan entre la muchos de los empleados públicos que laboran en el Centro Gubernamental de Minillas que se reportaron este lunes a sus labores durante el primer día de obligatoriedad indulgente de la vacunación contra el COVID-19 impuesta por el gobernador Pedro Pierluisi.

Mientras, en la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) continúa a ciegas y sin tener una cifra preliminar sobre cuántos de los 90,000 empleados de las 65 agencias y dependencias del gobierno están vacunados, no vacunados o han presentado alguna exención por razones de salud o convicción religiosas.

Primera Hora entrevistó de manera informal a un puñado de empleados gubernamentales para conocer cuál fue la dinámica de trabajo este lunes cuando entró en efecto la nueva orden ejecutiva que les requiere mostrar el certificado de vacunación, una evidencia de exención por razón religiosa o de salud o una prueba con resultados negativos del coronavirus.

En términos generales, los entrevistados respondieron estar satisfechos con el mandato, como es el caso de Joel Hance, empleado de la Autoridad de Carreteras y delegado de la unión PROSOL UTIER.

“Ha sido algo normal en el sentido de que uno hace el registro en el lobby donde hay un personal, llámese secretaria, que nos pide la tarjeta de vacunación y ya. No he visto pormenores. Hasta ahora no han habido quejas mayores... todo es cuestión de ajustarse”, destacó el empleado.

Hubo otros como José Luis Torres, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, olvidó que tenía que presentar la tarjeta de vacunación, pero se comprometió con sus supervisores en llevarla hoy (martes).

“Horita mismo me la solicitaron, yo la tengo en casa, mañana la voy a traer...habían otras personas que no se habían vacunado y estaban haciendo la gestión. Hoy a mí se me pasó el día pero mañana ya estaré entregándola”, dijo quien completa las dosis de vacunación el miércoles.

Su compañero, Agustín Ramos, dijo no haber tenido ningún problema con la nueva directriz. “Eso alivia un poco el riesgo de contagio entre nosotros... nos sentimos más protegidos”, acotó.

Algunos servidores prefirieron hablar bajo anonimato por temor a represalias, pero aceptaron que hay personas accediendo a inocularse por presión del gobierno.

“(Los compañeros) están accediendo a vacunarse porque van a entrar en un gasto que no tienen porque los planes médicos van a restringir ese acceso a la prueba. Depsués te van a costar dinero. Hay que recordar que los empleados públicos están mal pagos, así que los que no están vacunados han tenido que aceptar”, manifestó la persona.

De otra parte, el delegado de la Unión Independiente, Gilberto Roldán, quien también es empleado de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) dijo que la mayoría de la matrícula están vacunados contra el COVID-19 desde febrero.

“Sé que hay una porción pequeña que por razones religiosas no están vacunados... incluso estuve con la directora de recursos humanos y no me dijo que hayan habido problemas”, expresó.

Dijo que en el caso de los empleados de AEP, unos 1,400 en total, la mayoría están vacunados desde febrero pues tienen contacto directo con las escuelas.

“Hay otros pocos que por religión no quieren vacunarse... traen versículos de la biblia que para mí es medio complicado explicarlo y hasta entenderlo. Están amparados en esa convicción y no les queda otra que traer la evidencia de pruebas de antígenos semanal”, añadió.

No hay cifras en el gobierno

De otra parte, Primera Hora solicitó a Melba De Jesús, portavoz de prensa de OATRH información preliminar sobre personas vacunadas, no vacunadas y las que han presentado alguna exención por razones de salud o religión, pero se informó que a través de una carta informativa se le requirió a las dependencias públicas informar antes del 17 de septiembre la cantidad de empleados inoculados que no hayan cumplido con la orden ejecutiva.

Según el documento firmado por la directora de la OATRH, Zahira Maldonado, es responsabilidad de cada autoridad “evaluar cada solicitud de excepción en un marco de confidencialidad y sensibilidad para atender las peticiones de los empleados con el respeto y empatía que se requiere. No obstante, por representar etas solicitudes excepciones a al directriz general, deben ser rigurosos a la hora de implementar las mismas y determinar la manera más razonable y adecuada de ejercer su responsabilidad gerencial”.

Precisamente, en el fin de semana, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, dijo que la agencia investigará la juramentación de más de 8,000 exenciones a personas que no desean inocularse contra el COVID-19 que se generaron desde la oficina del naturópata y pastor Norman González.

“Si se identifica que lo que hicieron no tiene la suficiente razón de ser, según la definición de la orden ejecutiva, procederíamos a trabajar con eso”, señaló Mellado.

En e2015, González incorporó el ministerio Sanidad Sustentada. Le dijo al programa “Pelota Dura” que no ve problemas en que, desde sus oficinas, se juramenten declaraciones a personas que no son miembros de su congregación.