Les dieron bastante, y quieren más.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales confirmó ayer que definitivamente desistirá de expropiar los terrenos de Costa Serena, en Piñones, si PFZ Properties y Joel Katz logran que el tribunal les adjudique los $32 millones que ellos exigen ahora por las tierras.

En el 2008 la administración de Aníbal Acevedo Vilá llegó a expropiar por $4.9 millones las sobre mil cuerdas de mangle en las que se pretendía ubicar un proyecto turístico residencial sumamente controvertible por su daño al ambiente.

La empresa PFZ cogió el dinero –dijo ayer el secretario del DRN, Daniel Pagán Kercadó– pero se fue al tribunal a protestar por la cuantía.

“Si el precio es de $32 millones... si es el precio final que se adjudica, nosotros no tenemos el dinero. Si es así, desistimos de la expropiación”, subrayó el secretario, quien mencionó que Katz incluso llegó a plantear que, ante los gastos incurridos en el abortado desarrollo, lo que debían pagarle eran $70 millones por unos terrenos que son inundables.

Sobre los $4.9 millones, el funcionario dijo que es posible que parte de ese dinero la empresa se los quede, si PFZ reclama daños debido al retiro de la expropiación forzosa.

Galán Kercadó hizo hincapié en que todo eso está sujeto a lo que determine la corte.

El titular de Recursos Naturales advirtió, por otro lado, que la filosofía de este Gobierno no es expropiar para conservar, que ellos lo que sí han hecho es adquirir terrenos mediante compra directa.

El gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, en un principio, llegó a un “acuerdo de buena fe” con PFZ, un entendido que le sirvió para finiquitar una controversia pública en torno a un proyecto que él había defendido.

En aquel entonces , las partes comisionaron su propia tasación y la del gobierno resultó ser un poco más alta.

La más reciente tasación que realizó PFZ –según fuentes de Primera Hora que pidieron no ser identificadas– tiene el potencial de inflar el valor de otros terrenos aledaños.

Eso es preocupante porque quizás proyectos que no lograban financiamiento, ahora, con más valor, sí lo consigan.

Cabe señalar que la administración de Acevedo Vilá nunca llegó a denegarle los permisos a PFZ para su proyecto.

Si no se expropia, se anticipa que la discusión sobre los daños por parte de los abogados de la partes va a resultar extensa y no se sabe, incluso, si el dinero tendrá que salir del fondo para terrenos de alto valor ecológico.

“Yo defiendo el proceso que nosotros llevamos a cabo. Si se da marcha atrás, se pierde una gran oportunidad de adquirir unos proyectos que son importantes. Estarías protegiendo más de mil cuerdas de manglar, la zona costera, dunas, yacimientos arqueológicos y sistemas forestales”, dijo ayer el ex secretario de Recursos Naturales Javier Vélez Arocho.

Este diario contactó a Joel Katz, pero éste no quiso discutir ningún aspecto de la polémica.

Katz fue uno de los empresarios que, en el pliego acusatorio contra el ex senador Jorge de Castro Font, aparece supuestamente concediéndole dinero en efectivo al legislador para prevenir acciones oficiales negativas.

De Castro Font apoyó a Costa Serena ante los intentos de investigación que pretendía hacer su correligionaria, la senadora Margarita Nolasco, del acuerdo de compra venta al que llegó el pasado gobierno con PFZ.