Ante la emergencia suscitada por la llegada del coronavirus COVID-19 a la Isla, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó este martes que el gobierno conceda a los ciudadanos una exención del Impuesto de Venta y Uso (IVU) a los artículos de primera necesidad, confirmó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

El secretario también dijo que está pendiente de aprobarse una exención del impuesto a los alimentos procesados. Indicó que todavía falta enviar una documentación y el impacto fiscal que tendría para que la Junta para que puedan tomar la determinación.

El beneficio fue comunicado en primera instancia por la gobernadora Wanda Vázquez en entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio).

“Estamos solicitando y se concedió la extensión del IVU en los alimentos y en los productos de primera necesidad. Así que ya hay una ventaja para todos los ciudadanos que están comprando estos productos”, precisó.

Parés Alicea, en entrevista con Primera Hora, aclaró que, por el momento, solo está aprobada la exención a los artículos de primera necesidad.

Aclaró que su puesta en vigor podría demorarse porque buscan evitar que los puntos de venta se llenen en momentos en que el gobierno ha ordenado a las personas a permanecer en sus hogares y a lo que los comerciantes pueden hacer los ajustes para implementarlo.

“Puede tomar un par de días”, expuso.

Comentó que estaría en vigor por unas cinco semanas, lo que incluiría finales de marzo y abril. Su impacto fiscal es de “unos $6 a $7 millones”.

“Nuestra expectativa es darle un término razonable y también para concientizar a la gente de manera tal que no se vayan corriendo a aglutinarse en establecimientos que vendan estas partidas, que va a haber tiempo suficiente para que los puertorriqueños de una manera integrada, coordinada y sin violar la orden ejecutiva puedan adquirir estos productos de manera oportuna. Por el momento, mi recomendación, cónsona con las políticas que ha establecido la gobernadora, es que nos quedemos en nuestras casas”, afirmó.

El titular de Hacienda precisó que el listado de artículos de primera necesidad será cónsono con el que estableció el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en la congelación de precios.

Este incluye:

a) antibacteriales

b) pañuelos desechables

c) artículos de desinfección y limpieza

d) mascarillas

5) alcohol isopropílico

6) antisépticos

7) guantes de vinil

8) analgésicos y medicamentos con acetaminofén o ibuprofen

9) medicamentos anticatarrales

10) antihistamínicos

11) alimentos enlatados y frescos

12) agua, leche, café, fórmula de leche para bebés

13) todo tipo de farináceos y granos, así como barra nutritivas.

14) tanques, recipientes de almacenamiento de agua y de combustible

15) papel toalla, papel sanitario y artículos de higiene femenina.

Sobre la exención de los alimentos preparados, dijo que cuando Hacienda presente el pedido formal a la Junta, este ente fiscal tiene cinco días para evaluarlo.

“Ellos bregarán esto con la diligencia que amerita”, comentó, al precisar que el impacto fiscal podría ser de unos $14 a $15 millones.

Además de esta exención del IVU, la gobernadora informó que ha solicitado “una moratoria en el impuesto al inventario, que yo sé que ha sido una gran controversia. Así que se están tomando unas medidas para compensar a los negocios”.

Esta moratoria no se ha aprobado. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a 45 de los 78 ejecutivos municipales de la Isla, José “Joe” Román, se quejó de que la Cámara de Representantes se apreste a darle paso a la medida este próximo jueves.

“Lo primero que nuestro pueblo debe saber que lo que recauda ese impuesto se devuelve en servicios a las familias por parte de los municipios y además regresa a los comercios por medio de las compras que hacemos. Existen otras medidas económicas que podemos dialogar que beneficien al pequeño y mediano comerciante. Nosotros siempre hemos estado disponibles para reunirnos”, sostuvo en declaraciones escritas.

Asimismo, la gobernadora informó que se busca flexibilizar los criterios de telemedicina para que las personas puedan obtener medicamentos sin tener que ir a un médico durante esta emergencia.

Estas medidas las divulgó Vázquez luego de informar que se ha creado un task force, que incluye a los departamentos de Hacienda, Salud y Recursos Naturales para visitar a los negocios que todavía estén operando pese a que se les ha ordenado el cierre en esta emergencia del COVID-19.

“Aquel negocio que esté abierto, se va a llevar la multa y se le va a cancelar la licencia”, advirtió la primera ejecutiva.

La licencia que se cancelaría es la de Rentas Internas y sería por un periodo de seis meses, detalló Vázquez.

“Si usted tiene un planteamiento, usted lo va a hacer en el foro que usted entienda. Aquí la prioridad es que el negocio esté cerrado”, sentenció.

De hecho, la gobernadora informó que evalúa establecer una Ley Seca, que prohibiría la venta de bebidas alcohólicas.

“Si la gente sigue bebiendo fuera de sus casas esa es otra medida que vamos a tomar”, dejó saber.

“La operación o la ausencia de beneficio económico en esta circunstancia no es lo primordial, es salvar vidas”, añadió, al destacar que países europeos se han arrepentido de no haber tomado estas medidas drásticas antes de que se propagara la novel enfermedad.