El gobernador Ricardo Rosselló convertirá en ley el proyecto que busca prohibir el depósito y disposición de cenizas en Puerto Rico tan pronto llegue a Fortaleza, por entender que cumple con el objetivo de sacar los desperdicios de los vertederos.

El proyecto 81, de la autoría del senador Larry Seilhamer, ya fue aprobado en ambos cuerpos legislativos y entrará en vigor a pesar de que el mes pasado el Primer Circuito de Apelaciones de Boston dejó sin efecto las ordenanzas municipales de Peñuelas y Humacao que prohibían el depósito de estos residuos en sus pueblos.

Mientras, grupos ambientalistas y vecinos de Peñuelas volvieron a levantar hoy un campamento en los predios del vertedero de ese municipio ante el temor de que la empresa Applied Energy Services (AES) reanude la práctica de depositar cenizas en ese lugar, e incluso manifestaron su oposición al proyecto por entender que permite su almacenamiento en otros lugares de la Isla.

Según el gobernador, su política pública siempre ha sido buscar la forma de sacar los depósitos de cenizas de los vertederos y adelantó que ya hay varias entidades interesadas en llevarse ese material fuera de la Isla.

“Nuestra prioridad es la salud del pueblo. No vamos a hacer nada que atente contra la salud del pueblo. Hemos identificado que hay distintos colaboradores que quieren trabajar con Puerto Rico para utilizar esa materia prima fuera de Puerto Rico. Lo que nos permite la ley es establecer una transición en esa dirección donde podamos producir la energía bajo todos los estándares que requiera la EPA (Agencia para la Protección Ambiental Federal) y utilizar esa materia para entrar en una colaboración con sector privado y que la puedan remover de Puerto Rico”, manifestó Rosselló a preguntas de la prensa.

“No sé por qué (residentes y ambientalistas) no ven esto como una solución viable si el objetivo era sacar las cenizas del vertedero. El objetivo se va a estar cumpliendo. Lo que pasa es que, en todo este proceso se requiere llegar a unos acuerdos de entendimiento y establecer lo que serían los instrumentos necesarios. Pero Peñuelas y el pueblo de Puerto Rico pueden estar seguros que nuestra administración ha tomado los pasos legislativos y administrativos”, apuntó.

De igual forma, indicó que firmará el proyecto que regula el uso de cannabis medicinal.

“Llevamos en los pasados meses tratando de hilvanar todas las que son las preocupaciones y objetivos para tener un marco legal que sea de calibre global... Tenemos lo que entendemos es una gran estructura legal para poder tener el mercado de cannabis medicinal y, por supuesto, proveerle a nuestros pacientes”, subrayó.

Pa’ lante con el presupuesto

Mientras, el gobernador espera en que la Junta de Supervisión Fiscal certifique el presupuesto que fue aprobado por la Legislatura, al tiempo que volvió a defender su decisión de no acoger la recomendación de ese organismo de implementar una reducción en la jornada laboral por entender que sería detrimental para la economía del país.

“Ya la Junta certificó inicialmente el (proyecto) que habíamos propuesto a la legislatura. Falta ver si hacen lo propio con el de la asamblea legislativa. Pero no veo grandes diferencias. Espero que se certifique a la brevedad posible para comenzar a operar”, destacó Rosselló.

El gobernador dijo que no es necesario la jornada laboral porque, según aseguró, ya le establecieron a la junta la reducción de gastos a través del presupuesto.

“En el pasado no se llevó a cabo el presupuesto de la mejor manera. Siempre se ha sobregirado. Si hacíamos un presupuesto de nueve bollones de dólares terminaba gastando 12. Ese es el problema que siempre hemos tenido en Puerto Rico y esa es una preocupación que tiene la Junta, pero nosotros identificamos ese problema de antemano”, manifestó e primer ejecutivo.

Rosselló explicó que existían dos prácticas que llevaban al gobierno a excederse del presupuesto acordado: a través de asignaciones especiales y de emisiones de bonos, pero ambas prácticas ya no se llevan a cabo.

“En esta administración no tenemos accesos a los mercados ni asignaciones englobadas. Por lo tanto, nosotros le decimos a las agencias ‘este es el dinero que tienes para operar’ y lo vamos a ir monitoreando. Agencia que gaste más de lo que tiene presupuestado se va a quedar esencialmente inoperante”, insistió el gobernador. 

Por otro lado, Rosselló auguró que de acoger la recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal de implementar una reducción en la jornada laboral sería un duro golpe a miles de familias puertorriqueñas y a la economía en general.

“La jornada laborar y el bono de Navidad no es solamente un beneficio a los 150,000 servidores públicos, es la economía el que coge el cantazo también. Una reducción del 20% en lo que sería el salario de un empleado público tiene un impacto más del $500 millones en la economía. Si lo reduces, es menos dinero en la economía. ¿Cuál es el impacto? Que entonces, todas las proyecciones que hemos hecho en el plan fiscal cambiarían”, sentenció.