Ante la crisis salubrista y económica que ha ocasionado el COVID0-19 en Puerto Rico líderes sindicales propusieron que los $9 mil millones reservados para el pago de la deuda a los bonistas sean redirigidos para atender la pandemia y reactivar la economía del País.

Puntualizaron que su demanda principal es de salud y seguridad, pues denunciaron que algunos hospitales y comercios no están supliendo el equipo de protección adecuado a los trabajadores que están en la primera línea de respuesta a la emergencia.

Los líderes obreros reclamaron también participación en la discusión y aprobación de medidas que afectan derechos de los empleados públicos y privados.

“Hemos apoyado consistentemente el reclamo de que la reestructuración de la deuda se lleve a cabo atendiendo la nueva realidad de Puerto Rico, comenzando con que los sobre $9 mil millones separados para pagar la deuda sean utilizados para atender la pandemia, no solo para los trabajadores, sino para todas las familias de clase media y pobre que requieren de alguna subvención del Estado para obtener lo básico: mantenerse con vida y salud”, dijo el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores SPT), Roberto Pagán.

Otro sindicalista, José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico AFL-CIO expresó que “haya o no haya auditoría de la deuda”, Puerto Rico no tiene ni tendrá capacidad de pago en los próximos años y sostuvo que ni la Ley Federal Promesa ni la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), “tienen razón de existir”.

“No hay condiciones de pagar nada de la deuda y ese tiene que ser un reclamo al unísono de todos los sectores políticos, económicos, laborales y sociales… Esos millones se pueden redirigir a toda la recuperación económica del País, a inyectar la economía con recursos para creación de empleo y mayor seguridad inclusive para los pensionados que están siendo golpeados con la gran cantidad de recortes”, sostuvo.

El secretario tesorero de la Federación Central del Trabajo, Eric Sevilla, expresó por su parte, que las relaciones de trabajo van a tener que transformarse ante un escenario de distanciamiento social que “es una medida de preservación de la especie y ya hay científicos planteando que esto puede extenderse por uno o dos años, mientras no se consiga una vacuna”.

“Va a llegar el momento en que el gobierno tenga que ir tomando medidas. Está pagando a una porción de los trabajadores por no ejercer tareas y eso va socavando las nóminas y va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de aguantarlo”, dijo Sevilla.

Destacó sin embargo, que en el sector privado el escenario “es más tétrico, pues las reglas son más estrictas”. Mencionó que la reforma laboral de 2017, “les quito días de enfermedad y vacaciones y es sobre esas licencias que podían mantener algún tipo de ingreso".

Sevilla recalcó que en el próximo mes de mayo, si se extiende el toque de queda, algunos de estos trabajadores podrían haber agotado sus licencias.

Rodríguez Báez también reclamó participación y discusión en toda legislación propuesta que tenga efectos sobre beneficios y seguridad de los trabajadores antes de ser aprobada o firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Solicitamos formar parte del proceso de discusión y decisiones de las medidas de desarrollo económico en el periodo de la cuarentena y en el plan que conduzca a la normalización del país, incluyendo la seguridad de los empleos, beneficios y derechos de los trabajadores tanto del servicio público como del sector privado”, sostuvo para agregar que solo hay un sindicalista, nombrado por la gobernadora, en el Task Force económico.

En torno al asunto de falta de materiales de protección contra el COVID-19, el líder sindical dijo que para muchos de los profesionales de la salud la inseguridad “es enorme”, lo que atribuyó a un manejo inadecuado y a falta de preparativos. “No se hizo un trabajo diligente y con rapidez, aun sabiendo que esa enfermedad iba a llegar aquí. Darle una mascarilla o unos guantes a un empleado para todo un día no es ninguna protección. Es muy poco y eso, pone en riesgo la vida de los trabajadores. Eso está ocurriendo prácticamente en todos los trabajos y es la más importante de las demandas que estamos haciendo, abundó Rodríguez Báez.

“La gente que trabaja en supermercados también sufre de mucha inseguridad, los policías, guardias de seguridad y empleados de mantenimiento no tienen básicamente el equipo de protección para que se sientan seguros prestando ese trabajo que es esencial”, agregó.

Dijo que este es un reclamo que han hecho tanto a La Fortaleza como a la Secretaria del Trabajo, Briseida Torres y sostuvo que el gobierno tiene que dirigir más recursos a la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA en inglés), que maneja los protocolos de seguridad.

“En Puerto Rico esta oficina estaba prácticamente desmantelada igual que en Estados Unidos, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores”, indicó Rodríguez Báez, quien dijo que hay uniones y trabajadores que han radicado querellas. “Creo que hay unas 600 querellas, pero el problema es cómo las van a procesar si no tienen los recursos. Esto requiere todo un trabajo y hacer unas investigaciones”, aseguró.

Pagán denunció también que el pasado jueves se les ordenó a los conserjes pasar por escuelas y oficinas y se les pidió que llevaran sus mascarillas y guantes. “Se le notificó al Departamento de Educación que tendría que proveerles estos implementos a los empleados que no las tuvieran disponibles o de lo contrario no podría exigir su participación y también a los guardias escolares”, sostuvo.

El Presidente del SPT dijo además, que más de 3,000 asistentes de Educación Especial “irregulares” la mayoría con 2 y hasta 10 años en ese estatus, no tienen aportación a plan médico y están sin cobrar desde diciembre pasado. “El Secretario nos indicó que están trabajando para proveerles permanencia entre mayo y junio. Estamos alertas porque aún no nos han dicho si se les va a proveer permanencia a todas o qué criterios van a utilizar para decidir”, sostuvo.

El líder obrero dijo que en el Municipio de San Juan los trabajadores unionados están cobrando, “pero también estamos asegurando que se les proveen guantes adecuados y mascarillas a personal de recogido de basura, e implementos a otros trabajadores que están rindiendo servicios”.

Igualmente, dijo que otro reclamo del movimiento sindical es la implementación de pruebas de detección del coronavirus de manera más amplia para ir monitoreando el contagio.

Pagán denunció también que como miembro de la Junta de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico ha recibido información de que muchas personas afectadas por los terremotos en el suroeste del País por miedo a ser contagiadas están regresando a viviendas que han sido declaradas no aptas para vivir o que necesitan reparaciones para asegurarlas.