El Departamento de la Familia tiene acumulados para investigación 10,458 referidos de posible maltrato, 800 de los cuales corresponden al año 2016, confirmó hoy la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

“Las cifras estaban bien, fue un error en término del escrito en la ponencia… son 10,458 (referidos sin investigar desde el 2016)”, señaló Gerena al concluir su comparecencia en la que se evaluó el Proyecto de la Cámara 1333 que propone declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico.

Inicialmente, la agencia había rechazado que fueran sobre 10,000 los referidos de maltrato sin atender desde el 2016. Pero, tras ser confrontados por el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, con datos que habían presentado durante una vista pública, en abril pasado, Gerena reconoció que estaban equivocados. “Entiendo perfectamente su enojo. Fue un error de transcripción, así que estaríamos enmendando”, dijo Gerena.

“Me molesta y me indigna que me escriban en una ponencia que es falso lo que estamos diciendo, que es un planteamiento de umbral y fundamental, para ahora decirme que van a revisar, que van a corregir, que van a mirar, pero si el dato lo dan ustedes”, respondió Márquez, autor de la medida junto al representante y presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz.

“En adelante creo que debemos ser más cuidados en como interpretamos los datos”, agregó, de otra parte, la subsecretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche.

El retraso en la investigación de estos casos, que se están trabajando en conjunta con una compañía privada que fue contratada por la agencia, continúa, a su vez, impactando adversamente la medición de tiempo de respuesta de los referidos de maltrato infantil que recibe la agencia anualmente.

“Me da ansiedad de que hayan 10,000 referidos de hace más de cinco años que no se sabe cuál es su realidad”, señaló Márquez.

Según datos del Departamento de Salud y recursos Humanos de los Estados Unidos (DHHS, por sus siglas en inglés), para el año fiscal federal 2019 en Puerto Rico se recibieron un total de 17,474 referidos de maltrato o negligencia a menores, de los cuales 8,365 (47.9%) fueron fundamentados. Mientras, para el año fiscal federal 2020 6,999 referidos fueron fundamentados.

En el 2021 la ADFAN recibió 12,110 referidos. “Ciertamente, estamos ante una situación apremiante, un problema social de grandes magnitudes porque con uno que sea maltratado es suficiente para decir que tiene que existir un nivel de prioridad para atender estos casos”, reconoció Rodríguez Troche.

De los 2,753 referidos fundamentados en el 2021, solo el 70% ha sido trabajado. “El hecho de que nosotros como gobierno no tengamos los recursos para atender seis de cada diez casos que requieren una intervención en cuatro horas y menos y que se atiendan cuando se puedan atender, me parece a mí que coloca en riesgo la vida de muchos niños”, dijo Ortiz, al hacer referencia a aquellos referidos en que los menores están bajo un peligro inminente.

Buscan remedios

De acuerdo a ambas funcionarias, a raíz de este retraso en la evaluación de los referidos, la ADFAN “tomó cartas en el asunto y está en el proceso de incorporar cambios”. Entre estos, la funcionaria destacó como “primer objetivo” el mejorar la puntualidad en el inicio de las investigaciones de los referidos de maltrato de menores.

Otro de los esfuerzos está dirigido a la contratación de trabajadores sociales asignados a la Unidad de Investigaciones Especiales -división que atiende las situaciones que llegan a través de la línea de maltrato- que, actualmente, cuenta solo con 99 trabajadores sociales, una reducción de un 60% en comparación al 2009 cuando la cifra alcanzaba los 237.

La línea de emergencias, por otra parte, tiene 28 operadores. “Ha sido un reto para nosotros poder hacer reclutamiento, desde que se publicaron las convocatorias ha habido plazas que no llega ningún trabajador social (a solicitarla)”, indicó Gerena.

El issue primordial es la baja compensación económica y la carga laboral a la que se enfrentan. El salario promedio de los trabajadores sociales del Departamento de la Familia es de $1,770 mensuales. “Se supone que un trabajador social de la Unidad de Investigaciones pueda atender cinco referidos diarios…pero en estos momentos, como estamos, quizás cada trabajador social tiene asignados 11, 12 referidos por día”, señaló Gerena.

Rodríguez Troche dijo que confía en que las nuevas escalas salariales que establecería el Plan de Clasificación y Retribución sea suficiente atractivo para allegar ese capital humano necesario. “Nuestras esperanzas están cifradas en cómo baje el plan”, señaló.

Además del componente del Departamento de la Familia, durante la vista pública hubo representantes del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), quienes favorecieron la aprobación de la medida con enmiendas.

Familia, por su parte, reconoció el “espíritu loable” de la medida, pero afirmó que se le debe dar prioridad al Proyecto del Senado 537 (PS 537) –una medida de administración- que viabiliza la implementación en la isla de la “Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar”, mejor conocida como el ‘Family First’.

La medida, entre otras cosas, promueve la intervención temprana con familias donde exista un riesgo de maltrato de menores. “Es esencial para proveerle al Departamento de la Familia las herramientas necesarias para atacar el mal social del maltrato de menores desde una perspectiva científica, salubrista y preventiva”, señaló Rodríguez Troche en referencia a la medida de administración.