Los alegatos a favor y en contra de la inhibición de la jueza que preside el caso contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, su madre Rita Molinelli Freytes y la corporación familiar Ocean Front Villas por alegada evasión contributiva, quedaron sometidos en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“Hoy vence el término para que tanto la defensa como Fiscalía (FEI) presenten las mociones sobre la inhibición de la jueza Rodríguez. Luego se determinará sobre el asunto y se señalará la continuación de la vista, ya sea con la misma jueza o con una distinta. Mientras tanto, agenda (legislativa) está cargada... Seguimos trabajando día y noche. Lucha sí, entrega no”, escribió en su página de Facebook la representante Nogales Molinelli.

El pasado 3 de mayo, la defensa pidió la inhibición de la jueza Iraida Rodríguez Castro, de la Sala de Investigaciones de San Juan, quien atendía la vista inicial (Regla 6), al reclamar que tuvo contacto previo con la prueba. Los abogados, encabezados por el licenciado José Andreu Fuentes argumentaron que el pasado 25 de febrero a solicitud de los fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) Rodríguez Castro expidió una orden de registro de allananamiento de las cuentas bancarias de la parte imputada.

“Es evidente que, inadvertidamente, el tribunal ha tenido contacto con la prueba”, argumentó el abogado José Andreu Fuentes, quien representa a Nogales Molinelli. El abogado reclamó que la defensa advino en conocimiento de la orden de allanamiento de la jueza, iniciada la vista el mismo 3 de mayo, una vez los fiscales les entregaron las declaraciones juradas que acompañaron como parte de la prueba en el caso.

Otro de los abogados del equipo de defensa, Frank Torres Viada reclamó, que las planillas de contribución sobre ingresos de la parte imputada fueron obtenidas de forma ilegal, sin orden judicial y sin informarle al contribuyente imputado. “Esa orden tiene detalladas las planillas desde el año 2011 hasta el 2021 estableciendo los ingresos y usted tuvo ante sí, el resumen y contenido de esas plantillas. Aunque no las haya tenido como tal, pasó juicio sobre lo que dijo el testigo de que había causa probable para creer que se había cometido un delito de evasión contributiva”, alegóTorres Viada.

Pero, el fiscal Ramón Mendoza ripostó que la solicitud de inhibición era una estrategia para dilatar el caso. Mendoza indicó que las planillas se obtuvieron mediante “órdenes de registro de allanamiento de distintos jueces para toda esa evidencia”. El OPFEI alega que las planillas “demuestran que se sometieron sin presentar los ingresos que realmente se recibieron”.

Otro de los fiscales, Miguel Colón indicó que “hay una ley federal que dispone que si le justifica al juez que no se le debe notificar (al contribuyente) porque hay una investigación confidencial en curso, eso lo evalúa el juez y no lo hace ilegal”.

La jueza Rodríguez Castro, aunque inicialmente dijo en la vista que no tenía que inhibirse, que no había tenido contacto con las planillas de ninguno de los imputados, después de consultar con la jueza administradora del Tribunal de San Juan, le concedió hasta hoy miércoles a la defensa para presentar por escrito la solicitud de inhibición y dijo que los fiscales tenían igual término para replicar.

Contra la representante Nogales Molinelli, su progenitora y la corporación, el OPFEI radicó 51 denuncias. La vista de Regla 6 continúa paralizada mientras se dilucida la solicitud de inhibición de la jueza. No se ha señalado fecha para la continuación del caso.

La pesquisa contra Nogales Molinelli inició a raíz de que el Departamento de Justicia recibiera tres querellas por parte de los senadores Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como del director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, para finales del 2021.

Antes de eso, el 15 de septiembre de 2021, Nogales Molinelli aceptó públicamente que en su informe financiero a la OEG del año 2020 omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro, y anunció que renunciaba a todas las posiciones. Reclamó, además, que no devengaba remuneración en la organización sin fines de lucro, Brigada Legal Solidaria ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte, y que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que era dirigida por su madre.

La propia legisladora pidió al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que refiriera el caso a la Comisión de Ética. Tras una investigación, la comisión legislativa determinó el 23 de febrero de 2022 que no existía base para imponer sanciones disciplinarias contra Nogales Molinelli, le impuso una reprimenda pública y una multa de $2 mil, que la legisladora pagó.