El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anunció hoy, junto a a representantes populares, novoprogresistas y del Proyecto Dignidad, que la semana próxima aprobarían legislación para dejar claro que los tribunales vienen obligados a imponer supervisión electrónica en todos los casos en los que se determine causa para arresto por violación a la Ley de Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica.

Al mismo tiempo, el líder cameral la emprendió contra el Senado, pues reclamó que varias medidas de la Cámara relacionadas con el manejo de la violencia de género están pendiente en la Cámara Alta. Incluso, dijo que la Cámara enmendó varias medidas sobre el tema de la violencia doméstica y según Hernández Montañez, están “en un limbo” en el Senado.

“El reclamo es claro, le pedimos a nuestros compañeros del Senado sensibilidad y empatía y que atiendan esto con premura, tanto las que tienen de senadoras y senadores para que nosotros las podamos recibir y atenderlas, como las que están ya en el cuerpo hermano, aprobadas en la Cámara y que también estas que las vamos a enviar las próximas semanas”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa en el Capitolio.

Indicó que la nueva legislación de la Cámara, que podría ser un proyecto sustitutivo que recoja otras medidas camerales, surge luego que el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres advirtieran en una vista pública el pasado 18 de enero que la Ley 89 de 2023, que entra en vigor este próximo domingo 4 de febrero abre la puerta a la discreción judicial en la imposición de vigilancia electrónica a los infractores de la Ley 54. Según argumentaron las agencias del Ejecutivo, la Ley 89 delega en el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) hacer la recomendación de supervisión electrónica a los tribunales.

La controversia en torno a la imposición de vigilancia electrónica a los imputados de la Ley 54 resurgió también en días recientes con el feminicidio de Linette Morales Vázquez, quien el pasado 29 de enero fue ultimada a tiros en una residencia en Yauco por su ex pareja, Wilfredo Hiram Santiago, a quien no se le impuso supervisión electrónica tras una vista previa, precisamente, por violencia doméstica. En este caso el agresor ultimó también a la madre y al hermano de la víctima y posteriormente, se quitó la vida.

Ante la premura de la entrada en vigor de la Ley 89 y el alza en los casos de violencia de género, Hernández Montañez dijo que aprobarían un proyecto de ley para dejar claro que sea obligatorio y no discrecional la imposición de vigilancia electrónica en todos los casos de violencia de género. Indicó que la legislación recogerá una nueva medida (Proyecto de la Cámara 2013) que radicó el pasado martes 30 de enero de 2024 en unión a los representantes Luis “Narmito” Ortiz Lugo y Ángel Peña Ramírez, así como integrará otras piezas legislativas que están pendiente en la Legislatura.

“En nuestro compromiso constitucional de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de nuestros ciudadanos, nos aseguraremos de que proceda la imposición mandatoria de vigilancia electrónica en todos los delitos relacionados con violencia doméstica”, sostuvo el líder cameral.

Hernández Montañez también dijo que buscarán incluir en la supervisión electrónica mandatoria otros delitos violentos suscitados dentro de la relación de pareja que están tipificados en el Código Penal y otras leyes especiales como tentativa de asesinato y mutilación.

Djio además, que en la aprobación del presupuesto para el nuevo año fiscal incluirían una asignación especial para la compra de los dispositivos electrónicos necesarios para “que no haya ninguna excusa para que proceda la imposición de vigilancia en tiempo real en estos casos”. Al presente, los imputados del delito tienen que pagar por los grilletes.

“La Cámara sí va a cumplir con su deber constitucional de legislar para proteger nuestras familias. Vamos a eliminar la discreción de los tribunales para imponer supervisión electrónica mandatoria a los delitos que se establezcan bajo la Ley 54; vamos a ampliar el alcance de esta iniciativa a otros delitos de violencia doméstica; vamos a ampliar y orientar a las víctimas sobre el Programa EMPOWER para que lo puedan utilizar y vamos a asignar los recursos presupuestarios para que esta intención legislativa sea realidad”, resumió.

Dijo que no cree que la legislación confronte oposición por eliminar la discreción de los tribunales. “Somos defensores de la Constitución. Nosotros respetamos la separación de poderes, pero a los legisladores nos toca legislar y a los jueces les toca implementar esa legislación, interpretarla y hacer que se cumpla. El reclamo es claro, no discreción, persona que esté pidiendo asistencia al gobierno para protegerla, va a tener los recursos y no es discrecional”, sostuvo.

Hernández Montañez indicó que la nueva medida “se va a aprobar” en la Cámara y agregó que si llega a su despacho “el gobernador Pedro Pierluisi la va a firmar”.

“Desde el día uno, tanto en el Senado como en la Cámara, esta servidora ha radicado legislación para combatir la violencia de género y específicamente para atender situaciones como esta que buscamos eliminar la discreción a la hora de imponer un grillete en caso de Ley 54″, reclamó la representante, Gretchen Hau (PPD), quien aludió entre las medidas, al Proyecto del Senado 410. La pieza legislativa, radicada en 2021, buscaba enmendar las reglas de Procedimiento Criminal para requerir al tribunal imponer supervisión electrónica en cualquier violación a la Ley 54. La medida llegó a Fortaleza en 2022, pero el gobernador la devolvió a la Legislatura.

También las representantes, Wanda del Valle Correa (PNP) y Lissie Burgos Muñiz (PD) reclamaron que varias medidas de su autoría para atajar la violencia de género no han sido atendidas. Ambas legisladoras dijeron ser sobrevivientes de violencia doméstica.

Tatito Hernández reacciona a derrota de medida en el Senado

“Nos reafirmamos en que esta Cámara cumple sus compromisos. El Senado no cumple, nosotros cumplimos”, dijo el Presidente cameral cuando se le pidió una reacción sobre la derrota de la Resolución Conjunta de la Cámara 594, que se colgó este jueves en el Senado por un voto.

Hernández Montañez dijo que la asignación a la Autoridad de los Puertos para cerrar el contrato de privatización del muelle de San Juan fue a solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en una carta que dirigió el organismo federal a ambos presidentes legislativos el pasado 17 de enero.

La medida, de la autoría de Hernández Montañez y del portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez buscaba asignar $320 millones a la Autoridad de los Puertos para cerrar el contrato de Alianza Público Privada (APP) con la empresa Global Ports Holding (GPH) para operar los terminales de cruceros en San Juan.

La resolución conjunta de la Cámara 594 recibió 13 votos a favor, cinco en contra y tres votos abstenidos. La medida necesitaba un mínimo de 14 votos para pasar el cedazo senatorial.

Los votos en contra fueron del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y el senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot.