Un informe del Contralor sobre el Municipio de Cabo Rojo evidenció la contratación de empresas que no tenían permisos de ley para realizar ciertos trabajos, que se consideraron cotizaciones fraudulentas para desarrollar proyectos de infraestructura, manejos irregulares de asignaciones legislativas y un traqueteo con fosas en un cementerio.

El encargado del cementerio vendía fosas y expedía certificaciones sin el aval del municipio, presentando supuestas autorizaciones de los dueños de la fosa cuando estas personas no estaban debidamente identificadas y nunca fueron localizadas por los auditores del contralor, y cobraba dinero en efectivo por esas transacciones.

Según el informe, en abril de 2013, la Auditora Interna Municipal recibió una querella de que el Encargado del Cementerio Municipal Las Delicias vendió una fosa a una persona particular, y que le expidió una certificación oficial a la compradora de la fosa, esto sin autorización del Municipio, y se determinó que hubo serias irregularidades que llevaron a que se destituyera al encargado en enero de 2014.

El Municipio no denunció la situación con el encargado del cementerio al Departamento de Justicia o a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), se indicó en el informe.

Asimismo, en julio de 2014 alguien se querelló ante la Oficina del Contralor contra el ya exencargado del municipio, esta vez revelando que el sujeto intervino en la venta de tres fosas el 16 de abril de 2010, el 26 de enero de 2011 y el 5 de noviembre de 2012, por $1,000, $600 y $1,500, respectivamente.

También se alega que el exencargado cobraba a personas para permitirles hacer mejoras en las fosas del cementerio.

Asimismo, el comunicado de prensa de la Oficina del Contralor revela que el Municipio utilizó para comprar inversiones en un banco, los fondos que la Asamblea Legislativa asignó mediante resoluciones conjuntas (Barril y Barrilito), para la compra de terrenos y la construcción de obras y mejoras permanentes. 

De diciembre de 2009 a noviembre de 2014, Cabo Rojo mantuvo inversiones que fluctuaban de $5.8 a $9.6 millones en una institución bancaria sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Tampoco remitió para la aprobación de la Legislatura Municipal, una línea de crédito bancaria por $809,948, para la cual utilizó como colateral las mencionadas inversiones. Estas situaciones pueden ser perjudiciales y afectar asignaciones futuras de fondos.

Además, se contrató para servicios de ingeniería a una corporación que no estaba constituida como una corporación profesional como dispone la Ley 173 del 12 de agosto de 1988. También, contrario a la Ley 319 del 15 de mayo de 1938, tres personas que no estaban registrados como ingenieros o agrimensores del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, inspeccionaron y certificaron 35 proyectos en Cabo Rojo.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que de junio de 2013 a julio de 2015, el Municipio formalizó cuatro contratos por $391,825 con un contratista sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores. Además, nuestros auditores identificaron que para seis obras por $389,411 se consideraron 44 cotizaciones de siete compañías, de las cuales siete de ellas resultaron ser falsas.