Independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, toda persona tiene derecho a realizarse la prueba para detectar el coronavirus y a participar de los esfuerzos de vacunación que lleva a cabo el gobierno, sin embargo, el miedo a ser juzgados por su condición irregular los detiene de buscar ayuda si sospechan que están enfermos o acudir a una clínica de inmunización.

Más que el virus el enemigo invisible para los ciudadanos que no tienen un estatus regularizado es el temor que tienen a ser denunciados o deportados y la falta de una política pública del gobierno para atender a esta población que, en una inmensa mayoría, son indigentes que no tienen dinero para pagar un seguro médico y difícil acceso a servicios esenciales.

Así lo expresó a Primera Hora, José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, al hacer un llamado al gobernador Pedro Pierluisi para acceda a reunirse con líderes de esta comunidad a fin de discutir las garantías de protección en la emergencia del COVID-19 para aquellos que no tiene un estatus migratorio definido.

“Es momento que el gobierno exprese públicamente la política pública que tiene para atender la emergencia del COVID-19 en nustra población. Están obligando a estas personas a ser un peligro y foco de infección -sin proponérselo- por no tener acceso a una atención médica humanitaria. Le sale más caro al país y al gobierno no atenderlos que hacerlo. Este es un asunto que hay que atender con urgencia. Se trata de hacer acuerdos humanitarios”, destacó.

Según Rodríguez en Puerto Rico hay unas 300,000 personas que provienen de República Dominicana. De estas, unas 100,000 son “naturalizados”, lo que quiere decir que tienen derechos como cualquier otra persona residente en Puerto Rico.

“En cambio hay muchos con estatus migratorio no definido. Esa estadística es difícil porque los hay sin estatus, los hay con permiso para residencia temporera por dos años y los hay residentes permanentes pero sin derechos. Lo que sí te puedo decir es que muchos no califican para ayudas ni tienen seguro médico, pero sí mucha necesidad”, destacó al mencionar que gran parte de la población vive en San Juan, pero también hay comunidades estructuradas en pueblos como Carolina, Guaynabo, Toa Baja, Vega Baja, Loíza, Ponce, Mayagüez, entre muchos otros municipios.

Rodríguez dijo que ante la crisis suscitada por la pandemia y en momentos en que se realizan iniciativas de realización de pruebas y vacunación hay que visibilizar a los dominicanos y personas de otras nacionalidades.

“Es importante que nos consideren porque nosotros estamos en contacto con la población general. Nuestra gente, mucha, trabaja en áreas de construcción y este es un mercado bien amplio en Puerto Rico. También tenemos muchas mujeres cuidando a ancianos y en servicios domésticos”, sostuvo.

Aunque no precisó un número dijo que ya varios dominicanos han fallecido por la enfermedad y ha sido “por el miedo a buscar ayuda”.

“Otras se han enfermado y han rebasado la enfermedad como pueden… tuvimos un caso que no querían atender al hombre en una clínica porque no tenía sus papeles regularizados y hasta allí tuvimos que llegar y reunirnos en privado con el administrador del lugar. Afortunadamente la persona pudo rebasar la enfermedad, pero la historia pudo ser otra. Mi llamado es que los atiendan y no los dejen morir”, peticionó quien también interesa reunirse con el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

“Si no establecen una política pública para atender a personas de estatus migratorio irregular condenarán a estas personas a morir en medio de esta crisis de salud por el coronavirus… nuestra gente tiene miedo y necesita que el gobierno les de confianza y les garantice protección”, dijo.

El secretario designado del Departamento de Salud, Carlos Mellado, reconoció a Primera Hora que ante la temeridad que hay en la población de inmigrantes en la isla de buscar servicios médicos, aun necesitándolos, urge que el gobierno se mueva a sus comunidades.

“Este es un asunto de salud pública… el Departamento de Salud, ciertamente, tenemos que buscar a esas poblaciones”, expresó.

“Pero quiero que sepan es que nosotros no preguntamos de dónde vienen ni preguntamos estatus. Eso no nos importa. Queremos atenderlos”, añadió mientras participaba de un esfuerzo de vacunación en Vieques.

Dijo que es “imposible” que surjan denuncias por algún personal de la agencia contra algún inmigrante. “Eso no puede pasar en ningún sistema de salud. Y nosotros, ciertamente, tenemos que movernos hacia eso… a buscarlos”, reiteró sin especificar algún plan en particular a estos fines.

Por su parte, Ivonne Rivera, directora ejecutiva de Health Promed, administrador de Centros 330 en Vieques, Culebra, Carolina, Guaynabo y San Juan (Barrio Obrero) explicó a Primera Hora que en sus facilidades se atiende a todo tipo de persona sin importar su capacidad de pago, incluyend que tenga un estatus migratorio no definido.

“No pedimos documentación de ese tipo. Solo solicitamos algún tipo de identificación para validar que el paciente que tenemos en frente es el que se va a atender”, manifestó.

Los centros 330 han sido brazo colaborativo en los esfuerzos de realización de pruebas y vacunación contra COVID-19.

Según Rivera en el total de sus facilidades de salud comunitaria se atienden unas 20,000 personas, de las cuales entre 3,500 y 4,000 son población dominicana.

“En cambio, no te puede decir cuál es su estatus migratorio porque esa pregunta nosotros no la hacemos. Nuestra mission es la salud. La persona siempre se va a atender”, acotó.

Subrayó que como parte de la función de las facilidades se hacen visitas a la comunidad para educar a los ciudadanos. “Incluso, tenemos arreglos o colaboraciones. En Santurce, por ejemplo, el consulado sabe que si hay un dominicano con temor de ir a otro centro hospitalario pueden referirlo porque los centros 330 no entregamos información a oficinas que manejan estatus migratorio. Estamos para dar salud y servicio, no negarlo”, reiteró.