El tribunal de San Juan ordenó hoy al gobierno de Puerto Rico mostrar causa en 10 días, en respuesta a la solicitud de interdicto preliminar radicada por las legisladoras del Proyecto Dignidad, relacionada con la demanda que radicaron ayer exigiendo “el cese y desista” de las órdenes ejecutivas relacionadas con la implantación de un currículo con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza a través de las escuelas coeducativas.

Según los documentos del tribunal, la demanda fue radicada por la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz, contra el gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte.

En la misma, las legisladoras alegan que las órdenes ejecutivas 2020-078 y 2021-013 violan las disposiciones de la Ley 62 de 2017, conocida como Ley para disponer el desarrollo de un proyecto piloto de escuelas coeducativas dirigido a promover la equidad de género, porque se exceden en su alcance y de esa forma “pretenden usurpar los poderes constitucionales de las demandantes en su capacidad de legisladoras y portavoces del Partido Proyecto Dignidad”.

En la orden el juez superior Anthony Cuevas Ramos ordena al gobierno mostrar causa “por la cual no se deba expedir el remedio solicitado” y le otorga 10 días para comparecer por escrito.

Además, advierte al gobierno que, “de no comparecer por escrito en el término especificado, se estará allanando a las alegaciones de la petición presentada y se procederá a expedir los remedios solicitados, sin más citarle ni oírle”.

Asimismo, el juez advierte a la parte demandante que deberá diligenciar el emplazamiento y notificar la orden del tribunal en los próximos cinco días, y evidenciar el cumplimiento del diligenciamiento.

El juez advierte además que su intervención se limitará a los asuntos relacionados a este recurso y, una vez se resuelva, el caso se referirá “a la sala civil correspondiente para el trámite final de las causas de acción que pudiesen quedar pendientes”.