El Tribunal Supremo determinó hoy que la Universidad de Puerto Rico (UPR) es un espacio semipúblico, que los estudiantes no tienen un derecho legítimo a la huelga y que las autoridades universitarias tienen la facultad de reglamentar las manifestaciones.

En la decisión, que  es el resultado del caso UPR versus Laborde, el Tribunal declara que el pleito no es académico, lo devuelve al Tribunal de Primera Instancia y ordena una vista para discutir si procede emitir un interdicto permanente contra los estudiantes.

“Por tratarse de un foro semipúblico, la administración de la UPR puede reglamentar el ejercicio libre y ordenado de los derechos de expresión y asociación de la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes, para asegurarse de que las manifestaciones y protestas dentro del campus universitario no interrumpan el flujo normal de la tareas universitarias ni atenten contra los derechos de los individuos dentro de la comunidad universitaria”.

La votación fue de cuatro a dos, ya que el juez presidente, Federico Hernández Denton, se inhibió porque su esposa es miembro de la Junta de Síndicos.

Firmaron la resolución los jueces Mildred Pabón, Erick Kolthoff, Rafael Martínez y Edgardo Rivera.

Las dos opiniones disidentes fueron de las juezas asociadas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta.

De la decisión trasciende que las autoridades universitarias tienen la facultad de reglamentar las manifestaciones que se dan dentro del campus. De acuerdo a esto, los estudiantes no tienen derecho a realizar manifestaciones que no sean las aprobadas por la administración.

“Por consiguiente, la administración de la U.P.R. puede reglamentar el tiempo, lugar y la manera en que los estudiantes y demás componentes de la comunidad universitaria ejercen actividades de expresión protegida dentro del campus universitario, tales como manifestaciones o protestas, siempre que esa reglamentación: (1) sea neutral en cuanto al contenido de la expresión y no prohíba absolutamente que los manifestantes expresen sus puntos de vista; (2) haya sido diseñada estrechamente para que no se interrumpan o perjudiquen sustancialmente las tareas universitarias ni se violen los derechos de todos los componentes de la comunidad universitaria; y (3) no impida medios alternativos de comunicación”.

Aunque llevó el pleito como entonces presidente del Consejo General de Estudiantes,  Laborde ha expresado su oposición a una huelga a finales del presente semestre.

“Estamos a dos semanas de acabar las clases. Una huelga en plenas navidades, tarde en el semestre no va a contar con mucho apoyo ni simpatía. No contamos con el apoyo del personal docente y el no docente, a diferencia de la pasada huelga”, sentenció.

Recordó además que el 65% de la matrícula recibe esta beca federal.

Complacido De la Torre

El presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, se mostró complacido con la determinación del Supremo. "La determinación de nuestro más alto tribunal de justicia reiterando el Estado de Derecho en torno a la ilegalidad de la paralización de las labores académicas y administrativas en la UPR, son cónsonas con nuestros pronunciamientos y acciones", indicó.

"Nuestra determinación de garantizar los espacios para el ejercicio de la libre expresión de todos los miembros de la comunidad universitaria, incluyendo la protección del derecho de los que quieren estudiar y salvaguardar la vida y propiedad dentro de la universidad. Tal como señaló el Tribunal, ninguna asamblea, referéndum o votación (electrónica o en papel) puede obligar a nadie a una protesta en la que no cree y es mi deber ministerial garantizar el acceso a la universidad y proteger el patrimonio de todos los puertorriqueños", concluyó De la Torre.