El pleito incoado por dos ciudadanos que fueron agredidos por oficiales de la Policía de Puerto Rico en el motín que ocurrió el 30 de junio de 2010 frente al Capitolio llegó a su final con un acuerdo confidencial entre las partes. 

Ambos perjudicados acudieron hoy, martes, a una vista en la que estuvieron representados por las abogadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez.

“Ese 30 de junio dejó una herida abierta al país”, dijo Rachel Hiskes, una de las demandantes sobre el incidente que se suscitó durante una protesta de estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), a quienes se les negó el acceso al hemiciclo.

“Yo, por mi parte, tengo muchas emociones encontradas... Hoy es un paso para que eso (esas acciones) se castigue y no siga pasando con tanta impunidad”, agregó la entonces estudiante graduada de la UPR.

Hiskes recordó que fue lanzada por las escalinatas de la Casa de las Leyes, lo que le quitó su tranquilidad. Incluso, cuando vio al oficial que la lanzó, el agente José Ortiz, “se me paró el corazón”, dijo. 

“Para mí, ver un uniforme, ver a un policía era querer esconderme. Hoy, cuando vi al oficial José Ortiz, el que me empujó por las escalinatas, se me paró el corazón porque ese hombre no creo que tenga nada de remordimiento. No creo que esté arrepentido. Es más, lo han ascendido dos veces. No hay ninguna consecuencia hacia ese oficial”, lamentó Hiskes.

El codemandante, Omar Silva Méndez, expuso que presentó la demanda en contra de la entonces alta oficialidad de la Policía de Puerto Rico porque “fue muy impactante, intensa e injusta esa tarde”.

Silva sufrió una lesión en la frente.

“Tuve una reacción de repugnancia a la Policía, y mis abuelos fueron policías. Pero veía a un policía y me daba repugnancia. Eso me dio por un tiempo”, confesó el guitarrista de la agrupación Cultura Profética, quien mostró la cicatriz que tiene en la frente producto de los actos de ese día.

“Hubo de parte del Departamento de Justicia un paso a favor para garantizar los derechos civiles de los puertorriqueños. En ese sentido, estamos tranquilos”, indicó Silva Méndez.

La secretaria auxiliar del área de litigios civiles del Departamento de Justicia, Marta Elisa González, no fue abogada del caso, pero estuvo presente en sala durante la vista informativa ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll e hizo expresiones relacionadas a que este y otros casos dieron pie a la demanda a nivel federal que creó la Reforma de la Policía de Puerto Rico, caso por el cual el juez federal Gustavo A. Gelpí nombró al monitor Arnaldo Claudio.

“Las partes han alcanzado un acuerdo confidencial que termina con el caso en que dos ciudadanos que participaron al ejercer su derecho de libre expresión y reunión pacífica en el Capitolio. Muchos grupos de derechos civiles y organizaciones mencionaron que los eventos del día 30 de junio eran evidencia de la necesidad de una Reforma para la Policía. En esa misma línea, los eventos de ese día crearon los fundamentos y base para el acuerdo que creó la Reforma de la Policía de Puerto Rico. Desde entonces, la Reforma de la Policía ha incluido protocolos mejorados y ha establecido protocolos nuevos sobre cómo ejercer la fuerza y la protección de los derechos civiles de los ciudadanos. Además, incluye que los policías estén correctamente identificados y que estas medidas son para asegurar que los derechos constitucionales estén garantizados para el pueblo de Puerto Rico”, expuso. 

“La Policía de Puerto Rico se ha esforzado y está firmemente en el esfuerzo de que se cumpla y se lleve a término la Reforma de la Policía y que se ponga en práctica para proteger los derechos de todos los ciudadanos”, agregó González, quien fuera de sala destacó que estaban satisfechos con el acuerdo.

En sala estuvieron presentes José Figueroa Sancha, quien era el superintendente de la Policía y principal demandado, entre otros integrantes de la alta oficialidad a cargo de las operaciones en la fecha de los hechos. Los demandados en sala permanecieron en silencio, con semblante serio, mirando hacia al frente en todo momento. Todos salieron rápidamente de sala cuando se terminó la vista y no emitieron comentarios a la prensa. 

La magistrada federal le dio 15 días a las partes para someter por escrito el acuerdo confidencial y los felicitó por su “arduo trabajo” en lograr un diálogo “y razonablemente terminar el caso”, que se radicó en 2010. La etapa de juicio en su fondo estaba pautada para comenzar hoy. 

La acción por daños por violaciones a la Primera, Cuarta, Quinta y Catorceava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y de leyes estatales y de la propia Constitución de Puerto Rico solicitaba una indemnización de $500,000 para compensar a cada uno de los demandantes y $1 millón por daños punitivos.

La demanda recuerda que entre abril y junio de 2010 se dio la huelga de la UPR que culminó con un acuerdo entre los estudiantes y la administración universitaria el 21 de junio de 2010. Relata varios incidentes de la Policía de Puerto Rico contra los estudiantes durante las protestas, y que el 24 de junio, el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ordenó cerrar las gradas a la prensa y al público en general.

El 30 de junio era el último día de sesión legislativa y Hiskes fue a cubrirlo como reportera de Rumbo Alternativo, pero se le negó la entrada. En la demanda se alega que en un momento entraron oficiales de Operaciones Tácticas y comenzaron a darle a ella y a otros visitantes. Hiskes y otros se sentaron en el piso en demostración pacífica, pero los agentes le dieron y la empujaron, y Rohena Sosa procedió a lanzar gas pimienta. Relata que al tratar de ponerse de pie, un agente le dio por la espalda con su rotén, y fue empujada por las escalinatas.

Silva llegó más tarde para unirse a la protesta, y trató de ayudar a unas mujeres que también se manifestaban y que cayeron al suelo cuando fueron agredidas por policías. No obstante, al tratar de asistirlas, un uniformado le tiró una lata de gas pimienta que le dio en la frente. Tuvo que ser asistido por paramédicos que le tomaron puntos de sutura en la frente. Además, sufrió quemaduras de segundo grado.

En ese entonces, Figueroa Sancha describió a los oficiales de la Policía como “héroes”.

El acuerdo pactado con los demandantes fue confidencial.