Las mujeres amenazadas con ser desplazadas encabezaron con un 70% el acompañamiento legal ofrecido de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) en el 2022, siendo ellas las principales víctimas de la desatención al impacto de desastres, y las consecuencias del COVID-19, cierre de escuelas, encarecimiento de la vivienda, crisis climática y violencia de género.

“Para las familias acompañadas por Ayuda Legal – 6,500 en el 2022 – la vivienda era el tema central de sus problemas. Más de la mitad de ellas con ingresos menores de $15,000 al año”, reveló Ariadna M. Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de ALPR.

La abogada indicó en conferencia de prensa que las mujeres que residen en viviendas alquiladas recurrieron a ALPR porque su situación se afectó por los desastres o el desempleo; no pudieron negociar el contrato y no conocían la asistencia disponible para pagar la renta.

En un balance de las tendencias observadas en los casos atendidos el año pasado, Godreau Aubert, y las licenciadas Verónica González Rodríguez, coordinadora de litigios, y Verónica Rivera Torres, abogada comunitaria, señalaron que del año 2021 al 2022 se registró un aumento de 300% en los desahucios por impacto.

“En contraste, en estos últimos años ha habido una falta de rendición de cuentas públicas por los $1.4 mil millones desembolsados para ayudas y cero monitoria pública a los contratistas que trabajan con fondos CDBG-DR”, dijo la directora de Ayuda Legal Puerto Rico.

Anunciaron que en 2023 la organización enfocará su agenda en cuatro iniciativas principales de justicia económica y defensa del derecho a permanecer en la vivienda, a través de educación y apoyo legal gratuito, así como a través de abogacía capaz de transformar políticas públicas en temas de alquileres, desastres y justicia económica de las mujeres.

Indicaron asi mismo, que Ayuda Legal ampliará el alcance de su sitio web ayudalegalpr.org como instrumento de “apoderamiento legal” para defender derechos con tres iniciativas: Acceso a información legal accesible y gratuita a poblaciones privadas de la libertad, incluyendo un proyecto piloto en la Cárcel de Mujeres; más herramientas para la defensa, desde la autorrepresentación a una representación legal accesible y la revelación de datos sobre acceso a la justicia, incluyendo el flujo de casos en los tribunales.

Se anunció también que Ayuda Legal abogará por la apertura y acceso equitativo a los programas de terremotos, mitigación y remanente de CDBG-DR y garantizará la continuidad del primer Proyecto de Paralegales Comunitarios con líderes del municipio de Loíza que diseñan y adelantan estrategias legales por la vivienda digna y la justicia climática.

En el renglón de alquileres dignos, el gremio promoverá acciones legales contra el discrimen en la vivienda, particularmente por razón de sexo, raza y diversidad funcional, dando atención particular a jefas de familia en vivienda pública y privada que enfrentan discrimen o desahucios por impago.

Además, publicará el primer Censo de Alquileres Dignos, incluyendo un mapa de políticas públicas para proteger a quienes alquilan, y ampliará el “Panel en Defensa de Alquileres Dignos” para incluir las regiones de San Juan y Carolina.

También se atenderán casos de desalojos motivados por violencia doméstica, discrimen y violaciones de derechos de parte de la banca. La entidad promueve que la banca adopte protocolos para proteger a sobrevivientes de violencia doméstica en sus préstamos hipotecarios.

Se puede contactar a ALPR a través de su línea caliente 787-957-3106 para orientación sobre desahucios, discrimen en la vivienda, desalojos por violencia doméstica y desastres. De igual forma puede recibir apoyo legal mediante chat en ayudalegalpr.org. Las personas que necesiten comunicarse por lenguaje de señas podrán solicitarlo en este enlace: bit.ly/alprsenas.