Pese a que algunos sectores entienden que choca con la doctrina constitucional de separación de Iglesia y Estado, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez defendió ayer su decreto de ayuno y oración de 40 días en los 40 distritos que componen la cámara baja.

Méndez rechazó además, que la actividad implique desembolso de fondos públicos y se reafirmó en que comenzará el 27 de febrero.

“No ha habido ninguna erogación de fondos públicos que no haya sido el papel timbrado que yo firmé”, dijo el líder legislativo en declaraciones a Primera Hora.

Indicó que la convocatoria que hizo a los representantes mediante carta “fue sencillamente una expresión mía como Presidente del Cuerpo, como legislador, como cristiano”.

Detalló que cada uno de los distritos representativos “hará y organizará lo que quiera organizar”, que puede ser reunirse en un lugar, una iglesia, una plaza o un parque y llevar a cabo una hora de reflexión, ayuno y oración. “Eso lo decidirá cada legislador de distrito”, puntualizó Méndez y añadió que la actividad ecuménica culminará en el Capitolio.

“El último día nosotros vamos a hacer una actividad aquí en la Rotonda como hemos hecho actividades de reconocimiento. Ese día vamos a tomar una hora para hacer un acto de reflexión aquí en el Capitolio”, sostuvo el Presidente de la Cámara. 

¿No se viola el principio de separación de Iglesia y Estado?

“Todos los días que abrimos nuestra sesión, nosotros oramos. Nos presentamos ante Dios. Este gobierno como el gobierno de los Estados Unidos se basa en un principio de una nación bajo Dios. Esos son los postulados y hasta que no cambie ese estado de derecho nuestro no existe ningún tipo de conflicto”.

Mientras, un grupo de representantes novoprogresistas apoyó la idea de Méndez. 

Los legisladores Eddie Charbonier Chinea, Samuel ‘Sammy’ Pagán Cuadrado, Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez Hernández, Maricarmen Mas Rodríguez, y Ramón Rodríguez Ruiz, no solo endosaron la iniciativa del líder cameral, sino que también recalcaron que delinearán los actos de conmemoración de este ayuno en cada uno de sus distritos representativos.

Un asunto constitucional

De acuerdo al abogado litigante y ex presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Mark Anthony Bimbela, la función del Estado es responderle al pueblo, no solo a un sector, y pretender o impulsar otra conducta es faltarle a la ley.

El letrado fue enfático en que “lo que se busca con la separación de Iglesia y Estado es que el Estado sea secular, que responda únicamente al interés general de todo ciudadano, independientemente de la creencia o no creencia que tenga esa persona”.

“En los asuntos religiosos, hay una multitud de denominaciones, como también hay un sector que sencillamente no se adhiere a ninguna religión y, más aún, no cree en la existencia de un Dios o un ser divino. A esa persona hay que servirla sin distinción”, acotó.

Según el licenciado, la historia está plagada de instancias donde sectores y creencias religiosas incidían en determinaciones del Estado, afectando a la parte de la población que no compartía esas creencias. 

“Por ejemplo, si una persona es atea y entra a una oficina de Gobierno, y ellos tuviesen autorización de orar en su lugar de trabajo, ese ciudadano que llega allí va a sentirse excluido de la atención y el servicio que el estado tiene la obligación de brindarle a todos. Por eso se prohíbe, por ejemplo, que en las oficinas gubernamentales existan letreros o simbolismos religiosos a la vista del público y lo que persigue es un principio de justicia, porque el Estado está allí en función de todos los ciudadanos”, apuntó. 

En el artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico queda plasmada en blanco y negro esta separación. La sección 3 reza que “no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado”.

La parte que dice que “no se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso” parece ser el punto de contención y el asunto no es que se prohíba, según Bimbela, es que usted puede orar en su tiempo libre, mas no en horas laborables. 

La oración trae a colación dos casos: el del sargento al que una compañera de trabajo le radicó una querella por orar poco antes de salir a los operativos policiacos –lo que propició que la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, emitiera una carta circular prohibiendo orar en horas laborables- y el de la senadora del Partido Nuevo Progresista, Nayda Venegas Brown, quien ha rezado en medio del Hemiciclo y asegura que no puede dejar en su casa su función de pastora.

“Yo defendería con la última gota de mi sangre el derecho que todo ciudadano tiene a profesar la religión que tenga o a no profesar ninguna”, aclaró el abogado. “Dicho eso, tengo que defender la corrección de que los funcionarios públicos están para servirle a todos los ciudadanos y no a unos sí y a otros no. El problema es que, si ella (Venegas Brown) profesa en las funciones públicas su religión, está utilizando el tiempo pagado por el pueblo para adelantar una causa en particular, y aunque yo defiendo el derecho de esa legisladora de creer y de profesar su fe y demás, también, porque creo en un acto de justicia, tengo que creer en el derecho del ciudadano de que sus funcionarios no respondan y actúen conforme a una religión en particular, sino que respondan conforme al interés de todos los ciudadanos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, abundó Bimbela.