A juicio del legislador popular Luis Vega Ramos, “hay que investigar con prudencia” el financiamiento con fondos públicos de la operaciones del diario El Vocero sin interferir con el derecho constitucional a la libertad de prensa.

“Creo que el señalamiento que se hace sobre cómo se ha estado financiando esa empresa y si eso ha tenido un efecto o no en la línea editorial de dicha publicación, es algo que debe aclarase porque de un tiempo a esta parte no es un secreto a voces que la línea editorial de esa publicación ha sido agresivamente hostil hacia figuras del Partido Popular Democrático (PPD) como institución”, señaló cauteloso el representante durante una conferencia de prensa en la sede de campaña de la candidata a la alcaldía de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Según el legislador, el principio de libertad de prensa no puede utilizarse como escudo para concertar un escenario donde, a cambio de financiamiento público, se predetermine la línea de un medio de comunicación.

Al insistírsele en que la investigación publicada por El Nuevo Día expone específicamente una maniobra irregular de El Vocero de incorporar nuevas entidades para evitar así el pago de una cuantiosa deuda contributiva, el legislador se limitó a responder que “cualquier arreglo corporativo que vaya dirigido a buscar y obtener beneficios en fondos públicos de un Gobierno para los cuales no se tiene derecho, obviamente está revestido como acto impropio”.

 De acuerdo con El Nuevo Día, la empresa Caribbean International News Corporation (CINC), matriz del periódico El Vocero, ha recibido -con la anuencia del Gobierno y a pesar de tener una deuda contributiva multimillonaria- más de $24.9 millones en fondos públicos a través de un esquema en el que se crearon nuevas corporaciones para burlar compromisos legales, económicos y laborales, según una determinación emitida el 24 de septiembre de 2010 por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos.

De esa manera, con fondos del Gobierno estatal y asignaciones federales, CINC no solo ha financiado la gran mayoría del gasto de nómina de El Vocero, sino que también ha sufragado, aparentemente, una parte sustancial de los gastos operacionales. El diario recibió estos fondos a pesar de que arrastra una deuda contributiva de $21,141,200 desde el 2003 hasta el 2012, lo cual es contrario a las normas establecidas en el gobierno que prohíben que empresas con deudas al erario firmen contratos con el Estado.

Según una investigación de El Nuevo Día, una de las entidades con las que el diario mantiene deudas es el municipio de San Juan, al que le deben $1,978,778.87 por el impago de patentes municipales.

 Otras deudas, que revelan un alarmante patrón de morosidad, se desglosan en $17,422,239.89 con el Departamento de Hacienda a partir del 2003 hasta el 2012, por no pagar las retenciones contributivas que realizó a los salarios de sus empleados y el 7% retenido a los contratos de servicios profesionales, así como otras contribuciones aplicables; $687,817.05 con el DTRH, por no pagar la aportación para el desempleo, y una deuda de $1,052,366.70 con el Fondo del Seguro del Estado, la cual obedece al impago de primas y a servicios médicos adeudados.