Surgen versiones encontradas entre el Departamento de la Familia y Coordinadora Moriviví referente a la paralización de un programa que impulsaría un inventario de viviendas para beneficiarios de programas federales que otorgan vales para renta a personas sin hogar, pues mientras la organización sin fines de lucro alega que los fondos para la operación del proyecto no se han desembolsado por burocracia del sistema, la agencia gubernamental asevera que no se ha cumplido con los requisitos que exige el gobierno federal.

Primera Hora publicó en la edición del jueves los pormenores del proyecto Landlord Engagement que diseñó Moriviví y que incluye la creación de una plataforma en línea que permitiría a las organizaciones que prestan servicios a las personas sin hogar en 54 pueblos de la isla tener acceso directo a un inventario de unidades de hogares asequibles para esta población vulnerable y muchas veces invisibilizada.

Según puntualizaron portavoces de Moriviví, aun cuando el proyecto está listo para operar, su lanzamiento se detuvo, pues señalaron que el Departamento de la Familia no había desembolsado más de $200,000 que les habían aprobado a través de fondos federales de Emergency Solution Grant (ESG), en su modalidad vinculada a la emergencia de COVID, identificados como ESG-CV. A la organización sin fines de lucro se les dio un adelanto hace unos meses de $78,400 que, según explicaron, fueron utilizados en personas que rindieron servicios profesionales en las primeras fases del proyecto, entre otras cosas.

En cambio, la directora del programa ESG en la agencia gubernamental, Argie Díaz, aseguró que los fondos pendientes no se han otorgado porque Moriviví no ha cumplido con todos los criterios y especificaciones del contrato al que llegaron cuando se aprobó la propuesta del proyecto, que es subvencionado a través del Departamento de Vivienda Federal (HUD).

“No han cumplido ni demostrado capacidad financiera y organizacional y tengo que especificarlo así. Se les ha ofrecido asistencia, nos hemos reunido con ellos en múltiples ocasiones y hasta establecido un plan de trabajo para que concluyeran”, agregó Díaz.

Explicó que a Moriviví sí se les otorgó $78,400 como un anticipo, pero el compromiso con las entidades es que debían enviar un “narrativo” de gastos con evidencia de facturas, trabajos realizados, entre otros requerimientos. Analistas financieros de la agencia se encargan de evaluar que los gastos sean cónsonos con lo dispuesto en las regulaciones federales.

“Moriviví no ha cumplido en evidenciar las facturas de sus empleados. No han evidenciado nada”, acotó Díaz.

“Tienen $78,000 y no han evidenciado nada. Solo compraron unas computadoras y pagaron unos salarios excesivos que se fueron por encima de la razonabilidad de HUD y lo saben, porque nos sentamos con ellos y les explicamos”, insistió la funcionaria al puntualizar que “no podemos dar ningún otro centavo hasta que evidencien lo demás”.

Reacciona Moriviví

De inmediato la coordinadora de educación y capacitación de Moriviví, Teresa Carrero, negó las imputaciones y enumeró a través de diversas fechas las gestiones realizadas a través del DF para cumplir con todos los documentos y requisitos del programa federal.

“Siempre hemos cumplido con los requisitos establecidos y requeridos para el Proyecto Landlord Engagement. Sin embargo, las peticiones de evidencias y de información ya enviada son solicitadas una y otra vez. Por otro lado, en las reuniones sostenidas con el Departamento de la Familia, nos han solicitado nuevos cambios e información adicional, la que siempre se les ha sometido, según su solicitud”, dijo Carrero en declaraciones escritas.

Según requerido mediante contrato, Coordinadora Moriviví asegura haber sometido los siguientes informes: Informe Mensual de Registro de Evidencias de Gastos de Fondos (DEFAM- 428 en varias ocaciones); Informe de Gastos Acumulados y Petición de Fondos (DEFAM- 430); y Lista de Obligaciones Pendientes de Pago (DEFAM-429).

“Con los formularios, también se sometió, según procedía, informe programático; contratos de los recursos que brindan servicios en Proyecto, según establecido en la propuesta aprobada, facturas sometidas por estos y aprobados y cheques emitidos; estados bancarios; avisos públicos; resoluciones corporativas. Incluso, se sometió el inventario único de esas propiedades identificadas que incluye la ubicación; flujograma detallando cómo es el funcionamiento del proyecto y los servicios profesionales; evidencia de promoción del Proyecto; narrativo explicando la razonabilidad y los criterios implantados para determinar los honorarios de los contratistas; pagos realizados al Departamento de Hacienda en concepto de retención del 10%; informe sobre proyecciones de gastos al 30 de abril de 2022; informe programáticos que refleja como los gastos se realizan conforme a una actividad elegible y según propuesta aprobada, planes de trabajo según solicitados. Todo lo anterior fue sometido mediante comunicaciones electrónicas y entrega personal en las siguientes fechas: 15, 17 y 23 de febrero de 2022, 7, 17, 23 y 25 de marzo de 2022″, detalló Carrero.

Manifestó que posterior al sometimiento de documentos, y de cara a recibir el segundo anticipo de fondos, la Coordinadora Moriviví fue citada para una reunión el 1 de abril de 2022 en la agencia. Posterior a dicha reunión, alegan, se sometieron evidencias y documentos solicitados los días el 6 de abril de 2022, 6 de mayo y 10 de mayo de 2022.

“Luego de las últimas evidencias solicitadas el 10 de mayo de 2022, no tuvimos respuesta en relación al anticipo por parte del Departamento de la Familia, por lo que Coordinadora Moriviví estuvo en constante comunicación con la Oficina de la Secretaría para poder obtener una reunión. No fue hasta el día 15 de junio de 2022, que el Sr. Rafael Vargas envió un correo electrónico indicando que él sería la persona que atendería dicho asunto y otorgó finalmente una reunión a Coordinadora Moriviví el día 30 de junio de 2022. El día 17 de junio de 2022 se envió la evidencia de gastos, según solicitado por el Departamento de la Familia del Cuadre del Primer Anticipo (siendo esta la última evidencia enviada por Coordinadora Moriviví de cómo se gastó el el anticipo #1 de los $78,400)”, explicó la coordinadora de la organización sin fines de lucro.

Carrero dijo que tras la última comparecencia se acordó extender el contrato con la Coordinadora hasta el 30 de agosto.

En estas últimas semanas también se han enviado otras documentaciones que, según Carrero, ya habían sido entregadas a oficiales de la agencia para agilizar el segundo anticipo de fondos.

Asimismo, detalló todos los procesos realizados concernientes a la herramienta digital de Landlord Engagement, incluyendo un Aviso Público que se publico en febrero de 2022. A ese llamado respondieron dos organizaciones y se conformó un comité para la evaluación de las propuestas.

“Se decidió por ORSYS Consulting, según la evaluación realizada que incluyó: descripción de la herramienta tecnológica, funcionalidad de la herramienta según necesidades del programa, tiempo en que estaría lista, costos y disponibilidad inmediata para la creación de la misma”, explicó Carrero al abundar que fue el 20 de abril que recibieron autorización para continuar con la adjudicación de la herramienta digital, esto tras completar una serie de requerimientos solicitados por Familia.

Por su parte, la coordinadora de planificación de Moriviví, Beatriz Grau, dijo que los salarios a los que alude la funcionaria del Departamento de Familia siempre fueron parte del presupuesto que aprobó la agencia.

“Se hicieron comparables en el mercado y así se establecieron las compensaciones”, explicó en referencia a los enlaces regionales, quienes tienen “formación de realtors”.

“Más allá de la problemática seria que tenemos en Moriviví, donde necesitamos los fondos para pagar a las personas que realizaron un trabajo, hay que decir que la verdadera tragedia aquí es la burocracia que por años ha tenido el Departamento y que, al final, todo esto afecta el servicio a personas sin hogar”, subrayó Grau.