El convicto exsecretario de Educación, Víctor Fajardo Vélez, pagará $2,500 mensuales para restituir $2.1 millones de los $4.3 millones de fondos federales del Departamento de Educación que desvió para lucro personal y para las arcas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En una estipulación entre su abogado Osvaldo Carlo Linares y la fiscal federal Rebecca Vargas Vera, informaron a la jueza federal Carmen C. Cerezo que Fajardo Vélez comenzará a pagar $2,500 mensuales a partir del 1 de junio, pagos que hará por medio de cheques de gerente o giros en la secretaría del Tribunal Federal en Hato Rey.

En la moción presentada hoy en el expediente del caso, las partes recordaron que Fajardo Vélez fue sentenciado el 12 de diciembre de 2002 a 12 años y cinco meses de cárcel y a tres años de libertad supervisada, tras llegar a un acuerdo para declararse culpable por fraude, extorsión y lavado de dinero.

Fajardo extorsionó a una decena de contratistas a los que les concedió contratos millonarios financiados con fondos del programa Título 1, que son para estudiantes desventajados.

Cumplió la pena en una institución carcelaria en Carolina del Sur.

Se ordenó además una imposición monetaria para restituir $4.3 millones, de los cuales ya pagó $2.2 millones, según se informó cuando salió de la cárcel en septiembre de 2013.

Las partes estipularon que Fajardo Vélez, de 63 años, está dispuesto a emitir evaluaciones financieras y documentos necesarios al menos dos veces al año, al igual que informará si sus circunstancias económicas cambian, aún después de finalizar el término de libertad supervisada y hasta que las imposiciones monetarias se paguen en su totalidad.

De no cumplir con el pago, agregará 10% de penalidad si tarda más de 30 días en pagar, y 15% si tarda más de 90 días.

Además, Fajardo Vélez estará en el "Treasury Offset Program", que significa que podrán retenerle fondos federales para restituir la deuda, como del Seguro Social y del Departamento del Tesoro.

Fajardo Vélez fue sentenciado a 25 años de cárcel a nivel estatal, pero una vez fue liberado en el foro federal, la Junta de Libertad Bajo Palabra le otorgó libertad bajo palabra. Actualmente reside en Guaynabo y trabaja como consultor de propuestas en una compañía privada.