El gobernador Pedro Pierluisi anticipó este jueves que los a servidores públicos cobijados bajo el Plan de Ajuste de la deuda (PAD) podrían recibir este año una segunda bonificación especial.

La primera bonificación la concedió el gobierno el pasado 1 de diciembre a miles de empleados del gobierno central.

“Yo he insistido -desde el primer día- que todos los servidores públicos deben recibir bonificaciones porque todos sufrieron las consecuencias de la austeridad, las consecuencias de la congelación de plazas, la congelación de salarios”, dijo el primer ejecutivo.

“Yo espero que este año, nuevamente, todos los servidores públicos reciban una bonificación como resultado de la restructuración de la deuda pública. La cantidad yo no la tengo. Eso se tienen que hacer los cálculos, los cómputos. No tengo la cantidad porque eso va a depender de cuál fue el sobrante qué está disponible”, agregó.

El año pasado, unos 98,270 empleados públicos recibieron un bono de $2,954, mientras que 9,452 empleados de la SPU/AFSCME recibieron $11,360 debido a que apoyaron el PDA. Estos últimos son representados por la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condado (AFSCME), cuya filial local en Puerto Rico es SPU, gremio que fue el primero en firmar el acuerdo.

Cuando se otorgó la bonificación hubo molestia de otros empleados públicos que no están en el gobierno central, incluso se cuestionó públicamente por qué no se tomó en consideración a los contribuyentes. A preguntas de este medio, el primer ejecutivo sostuvo que los beneficiados no van a cambiar porque se estipuló en el PAD.

De otra parte, el gobernador aseguró que los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los del gobierno están a punto de alcanzar un acuerdo que viabilizaría el retiro de poco más de 2,000 empleados públicos no esenciales, que buscan retirarse a través de la Ley 80 del 2020. El estatuto fue anulado por la JSF en mayo del 2022 por entender que el gobierno no proveyó los datos para calcular el impacto fiscal del retiro.

“Me ha incomodado, por no decir molestado, que se ha tardado demasiado el acuerdo entre los abogados de la Junta y del gobierno para radicar una estipulación ante el tribunal y ya ponerle fin a este asunto. Entiendo que ahora mismo, están a punto de radicar esa estipulación. Si es así, mi deseo es que todo este personal, estamos hablando de casi 2,000 funcionarios públicos que se determinó que no rinden servicios esenciales, puedan retirarse antes de final de este año con la paga acordada en la Ley 80″, sostuvo el gobernador.