En una vista proforma, en la que desde el inicio el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le anticipó que sería confirmada en la sesión legislativa que se realizará mañana, jueves, la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, se presentó esta mañana ante la Comisión senatorial de Nombramientos como requisito para permanecer en el cargo.

Más allá de evaluar las credenciales que le permitirían estar al mando del ICF, la vista pública se tornó en una discusión sobre las posibilidades que se tienen para que la agencia logre obtener más fondos para mantener su operación, así como los beneficios que obtuvieron desde que en diciembre de 2020 salió de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. La discusión culminó con una afirmación del presidente del Senado de que se sentará con personal del ICF para “revisar la estructura fiscal y administrativa” del ente y así poder allegar más fondos.

El tema de la solvencia fiscal del Instituto surgió cuando Rivera Schatz cuestionó a Conte Miller si era correcto que tenían percances con el cumplimiento de las agencias del gobierno para que le realizaran las pruebas de dopaje de sus empleados en el ICF.

Según explicó Conte Miller, “el Instituto ha ido adquiriendo una autonomía fiscal y administrativa. Y la autonomía fiscal y administrativa de libertad, pero también confiere responsabilidad. Una de las responsabilidades es la autogestión de ingresos. Tener un presupuesto que no simplemente venga del Fondo General, sino que la agencia tenga manera para tener su propio ingreso y el mecanismo que nosotros tenemos para obtener nuestros propios ingresos es la realización de la prueba de dopaje”.

“La ley establece que el Instituto es el laboratorio que deben utilizar las instrumentalidades del gobierno para realizarse las pruebas de dopaje. Incluye las corporaciones públicas y las agencias. A pesar de que la ley así lo estable, solo un tercio de las agencias del gobierno de Puerto Rico se realizan las pruebas de dopaje con el ICF y eso representa una pérdida probablemente de millones de dólares”, añadió.

A preguntas del líder del Senado, la directora del ICF aceptó que la ley obliga a las agencias a utilizar su laboratorio, pero no impone ninguna penalidad para aquellas que no recurran al servicio.

“La ley podría reforzarse incluyendo una penalidad que no he visto”, soltó la funcionaria.

De inmediato, Rivera Schatz le preguntó qué otros servicios pudiesen hacer para allegar fondos. Conte Miller lanzó su idea, de inmediato.

“Bueno, ese mismo tipo de servicio, de realización prueba dopaje, se puede ampliar y ofrecer servicio para empresas privadas, para asegurar la salud de sus empleados, salud ocupacional. El Instituto puede y tiene capacidad de hacer ese tipo de evaluación en cuanto a seguridad ocupacional a las empresas, patronos privados”.

La funcionaria también confirmó que el ICF no recibe fondos de la partida que se cobra en los tribunales cuando un caso criminal es resuelto, pese a que la agencia colabora en la investigación.

Fue por estos percances que el líder del Senado urgió de la ayuda del personal del Instituto para mirar la ley y hacer que el ente obtenga más fondos.

El dinero, dijo Conte Miller, es necesario para contratar a empleados especializados que hagan tareas de técnicas e investigativas, que van más allá de realizar autopsias a personas fallecidas, así como para el mantenimiento de la tecnología que tienen sus laboratorios.

En cuanto a la salida del ICF del Seguridad Pública, la funcionaria recalcó que la independencia le ha dado oportunidad de agilizar los procesos, principalmente de compra.

Criticó que bajo Seguridad Pública había “mucho intermediario”, que cuestionaba la necesidad de adquisición de equipos y materiales para realizar el trabajo.

En lo que aceptó la funcionaria que deben progresar fue en la necesidad de culminar la digitalización de la agencia, pues comentó que muchos de los pasos necesitan intervención de personal de sistema de información.

Esta evaluación del nombramiento de Conte Miller surgió luego de que la gobernadora Jenniffer Gonzalez Colón firmara a principios de julio pasado la Ley 43. Esta regulación eliminó la Junta de Directores del ICF y estableció nuevas disposiciones para la designación y funciones de su director ejecutivo. El cambio requirió que el Senado volviera a evaluar la personal al mando de la dirección, puesto que tiene un término de seis años.

En su ponencia, Conte Miller dijo estar entusiasmada y “dispuesta a emprender nuevos proyectos y alcanzar metas desafiantes, pero con la experiencia necesaria para distinguir lo posible de lo probable con claridad de propósito para seguir desarrollando el plan de mejoramiento continuo que hemos implementado en la agencia. A tales efectos cuento con un equipo de hombres y mujeres altamente capacitados y comprometidos en perseguir el ideal de la justicia a través de la práctica de la ciencia”.

Entre otras cosas, reveló que en la actualidad tienen 11 patólogos y médicos forenses y que tienen cuatro prospectos adicionales en camino. Reveló que, en la actualidad cuentan con un patólogo en entrenamiento, así como otro que entraría en el 2026 y que estudia en Canadá. Para el 2027, comenzarían entrenamiento un estudiante que está en una Escuela de Medicina en Nueva York y otro que se encuentra en el Recinto de Ciencias Médica de la Universidad de Puerto Rico.

Señaló que este esfuerzo de conseguir a nuevos profesionales es parte de un plan de sucesión, ya que hay muchos expertos a punto de retirarse.

De parte de los senadores, Conte Miller lo que recibió fue elogios.

La senadora Migdalia Padilla le indicó que “tengo plena confianza en este ser humano… Ella cuenta totalmente con esta servidora”.

Mientras, Rivera Schatz afirmó que “le agradezco todos los años de servicio que nos ha ofrecido y la excelencia del trabajo”.

La sesión en la que se llevará el nombramiento de Conte Miller a votación está programada para mañana, jueves, a las 11:00 a.m. El presidente del Senado le extendió la invitación a la funcionaria para que esté presente.