La audiencia judicial para solicitar una orden que detenga en el Senado la posible confirmación de Liza Fernández como jueza se aplazó este viernes para el martes entrante, a la 1:30 p.m., debido a que el juez Ángel Pagán Ocasio, del Tribunal de San Juan, determinó que partes indispensables en este pleito no estaban en sala.

Ante esta situación, el juez ordenó a los abogados Luis Raúl Albaladejo y Arturo Nieves Huertas, quienes se representan por derecho propio, a citar al saliente presidente el Senado, Thomas Rivera Schatz, y a la propia nominada Fernández, quienes no comparecieron a la audiencia de hoy en la tarde.

Durante la breve sesión judicial, la secretaria de sala leyó la resolución de la jueza administradora del Tribunal de San Juan, quien denegó la petición de los abogados para que se inhibiera el juez Pagán Ocasio.

Gina Jové Matos y Rebecca Acosta Pérez, abogadas que representan al gobernador Luis Fortuño y al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, solicitaron la desestimación del interdicto porque Fortuño y Somoza no habían sido emplazados.

Pagán Ocasio no aceptó la petición, pero le pidió a las letradas que presenten su solicitud por escrito.

Mientras, las abogadas de la Oficina de la Administración de los Tribunales, Gina Méndez Miró y Christina Guerra Cáceres, se sometieron a la jurisdicción del tribunal porque en su caso se había completado el proceso de emplazamiento de forma adecuada.

Después de este debate técnico legal, el juez preguntó a los abogados sobre el daño inminente, irreparable e inmediato que sufrirían de no concederse el recurso que solicitan.

Albaladejo y Nieves Huertas reiteraron que Fernández, derrotada senadora del Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 6 d noviembre pasado, no cumple con el requisito de los siete años de experiencia profesional mínima como abogada que exige la Ley de la Judicatura para un nombramiento de juez superior.

Afirmaron que ella ejerció el oficio de la abogacía entre dos a tres años, antes de convertirse en legisladora a tiempo completo. Fernández se inició como representante cameral y este cuatrienio sustituyó en el Senado al renunciante Roberto Arango.

La Ley de legislador a tiempo completo prohíbe el ejercicio de cualquier profesión que no sea ejercer el escaño de legislador.

Albaladejo y Nieves Huertas plantearon que como abogados tienen un interés en que los candidatos a jueces cumplan con los requerimientos de Ley para ocupar dichos puestos.

“Tendríamos que comparecer ante una persona cuyo nombramiento es ilegal porque no cumple con la Ley”, afirmó Nieves Huertas.

Albaladejo agregó que el “agredido en este caso” es el interés público, que se “afectaría con el nombramiento” de una persona que no se encuentra cualificada para ocupar el puesto. Agregó que no existe otro remedio para detener un nombramiento ilegal.

Albaladejo se mostró decepcionado con la determinación de la jueza Isabel Llompart de no recusar al juez Pagán Ocasio.

Pese a los señalamientos en su contra, Fernández insiste en que tiene los años de servicio y asegura que durante parte de este cuatrienio presidió la Comisión de lo Jurídico y Ética de la Cámara de Representantes.

La legisladora se destacó este cuatrienio al promover la legislación que eliminó la colegiación obligatoria de los abogados, confundió al laureado escritor puertorriqueño Enrique Laguerre con un productor de telenovelas, y exoneró a su correligionario José Luis Rivera Guerra de una querella ética relacionadas a varias deudas con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y las autoridades de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados.