Mentiras, destrucción de documentos públicos, negligencia, amapuchos y pésimas decisiones administrativas.  Todo eso es lo que ha salido a relucir en vistas públicas camerales sobre la emisión de bonos que la Administración del Sistema de Retiro (ASR) realizó en el 2008 sin que lo aprobara la Legislatura.

Un ex administrador auxiliar de la dependencia admitió bajo juramento que incumplió con su función y no advirtió sobre los riesgos de que el Gobierno hiciera la emisión de bonos, que ha dejado sobre $100 millones en pérdidas.

Tras varias horas de interrogatorio, la representante Lourdes Ramos le advirtió a José Luis Villafañe que no encubriera a sus superiores y que debió haber comparecido a la vista con un abogado.

El funcionario dijo, entre otras cosas, que no hizo nada con la información que tenía ante su consideración y que un subalterno suyo era quien tomaba decisiones.

Ramos adelantó que referirá a Villafañe  al Departamento de Justicia (DJ), junto con otros funcionarios.
Villafañe, quien se encargaba de supervisar las inversiones en el ASR, reconoció en las vistas que desde el 2007  los  mercados estaban mal y las posibilidades de obtener ganancias gracias a la emisión de bonos eran pocas, pero no hizo nada al respecto.

Tampoco advirtió sobre el conflicto de intereses de la reconocida empresa de asesoría financiera UBS, que ayudó a la ASR  a emitir los bonos y aunque específicamente se estipuló que no podría participar de ninguna otra acción relacionada, compró  bonos a un interés más alto y, por ende, más caros para el Gobierno.

En la jugada UBS se ganó $27 millones.

“No hice ninguna observación sobre ese particular”, señaló  Villafañe.

Cuando Ramos le preguntó cómo era posible que no hubiese ejercido sus  funciones  para proteger a los pensionados, respondió que “dentro de ese proceso pues no hice las advertencias necesarias (porque) no me di cuenta sobre ese particular”,  indicó.

Toda emisión de deuda tiene que ser aprobada por  la Legislatura, pero en este caso, la ASR se limitó a una opinión legal del  bufete privado de abogados Fidler, González y Rodríguez, cuyo costo se pagó con el dinero de la misma emisión de bonos, también en  conflicto de interés.

El sábado, una abogada que hacía las funciones de secretaria en la Junta de Síndicos de la ASR admitió en otra vista pública que destruyó grabaciones y que, contrario a lo que exige la ley, no produjo minutas de las reuniones como le correspondía.

Ramos adelantó que esa funcionaria también será referida al DJ.

 “Yo voy a hacer el referido a Justicia y a todas las agencias concernientes porque no estamos hablando de 10 centavos, esa acción que tomaron los pasados administradores y pasados funcionarios vino a colmar la copa de la crisis del Sistema de Retiro y hay que fijar responsabilidades”, declaró la legisladora.

La emisión de bonos por $3,000 millones  ha dejado pérdidas de $100 millones hasta diciembre de 2009, según salió a relucir en las vistas.

Actualmente, el interés que pagan los bonos es de 2.5% cuando la proyección que hizo UBS decía que el peor escenario era de 4%.