La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, en conjunto con otros acusados en el caso que enfrenta por un alegado esquema de soborno, solicitó al tribunal una prórroga de 30 días al inicio del juicio, en lo que dilucidan conversaciones que buscarían un acuerdo para evitar, precisamente, que se celebre el litigio en su contra.

La información fue revelada en una moción radicada el pasado viernes que se hizo pública.

Ese documento indica que la defensa de Vázquez Garced y de los acusados Julio M. Herrera Velutini y Mark T. Rossini se reunirán en Washington D.C. con fiscales federales para buscar llegar a un acuerdo que evite el juicio.

“Las partes han acordado entablar conversaciones de buena fe para resolver este caso en interés de justicia. Para ello, se ha programado una reunión presencial para la próxima semana en Washington D.C., para incluir la participación del Fiscal de los Estados Unidos y el departamento. Cualquier resolución de ese tipo evitaría a las partes y, lo que es más importante, la Corte, tener que dedicar tiempo y recursos considerables a presentar y adjudicar numerosas mociones, participar en actividades previas al juicio y llevar a cabo un juicio prolongado”, argumenta la moción.

El juicio contra Vázquez Garced está previsto a iniciar el próximo lunes, 25 de agosto y se extendería por tres semanas.

Según la acusación de que presentó la Fiscalía federal contra el trío, Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly.

El organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, propiedad del banquero ítalo venezolano Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, expresidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. Estos no han sido sentenciados.

En agosto de 2022, Vázquez Garced se declaró no culpable de conspirar y aceptar sobornos para financiar su campaña primarista en el 2020. Enfrenta tres cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

De no llegar a un acuerdo y ser encontrada culpable por defraudar al gobierno, se le podría imponer una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada. Mientras, por soborno con fondos federales podría enfrentar hasta 10 años de cárcel y tres años de libertad supervisada, así como $250,000 de multa. Por fraude electrónico, también podría recibir una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada.

Vazquez Garced, quien llegó a la gobernación en agosto del 2019 luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló en ese mismo año, fue arrestada el 8 de agosto de 2022 en su residencia por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).