En una confesión pública que realizó tras haberse declarado culpable de un delito menos grave, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced alegó este miércoles que toda la controversia judicial que ha enfrentado en los pasados tres años, en nada tuvo que ver con su gestión de dirigir los destinos del país, sino que ocurrió por confiar en un grupo de personas para que se hicieran cargo de su campaña política.

Dejó claro que no se arrepiente de haberse concentrado en el esfuerzo por “salvar a la gente” del COVID-19 y que, en su interés por ir a una elección bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), se haya registrado el delito de violación a leyes electorales por el que tuvo que aceptar culpa.

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“(Fue) una situación que ocurrió en pleno cierre del gobierno, donde yo como gobernadora le di prioridad mi gestión pública, a todo lo que tenía que ver con el COVID y con los terremotos. Así que di esa prioridad. Confié en unas personas que estaban alrededor mío para todo lo que tenía que ver lo político, que no hicieron su trabajo de hacer las cosas bien y de, en medio de una campaña, que las personas aportan y las personas quieren, de alguna manera, apoyar un candidato, pues se les olvidó pedirle la tarjeta verde a este señor (el banquero Julio Herrera Velutini). Nadie lo sabía. En un furor, (nadie se atrevió) decirle: ‘Dígame si usted es puertorriqueño o no lo es’. Así que, en ese sentido, son situaciones que ocurren. Yo estoy asumiendo la responsabilidad, porque no lo hicieron adecuadamente”, justificó Vázquez Garced a la prensa a su salida del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey.

Lo que dejó claro la exgobernadora es que las imputaciones vinculadas a corrupción gubernamental que se hicieron en su contra y que, presuntamente, ocurrieron durante la campaña primarista que enfrentó contra Pedro Pierluisi en el 2020 “no eran ciertas”. Es que insistió en que las alegaciones de que recibió una encuesta política valorada en $300,000 de parte del banquero, coacusado en este caso, así como del exagente federal Mark Rossini, a cambio de despedir al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, nunca ocurrieron.

“Ese ‘indictment’ se va a archivar, porque aquí no hubo soborno, aquí yo no cogí un solo centavo. Aquí yo no tenía ningún asesor político, aquí yo no tenía ninguna encuesta. Nada de eso ocurrió. Por eso es que estos abogados que están aquí, (Ignacio Fernández, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata), que hicieron el planteamiento en Washington, la Fiscalía entendió que no tenía un caso y por eso ese caso se va a archivar. Así que lo que estoy asumiendo es la responsabilidad por aquellos que de alguna manera u otra no hicieron el trabajo de asegurarse de las personas que estaban cooperando en la campaña. Así que nada, yo lo asumí como presidente de la campaña”, explicó.

La justificación la emitió Vázquez Garced tras haber salido de la sala 4 del Tribunal federal, donde, a preguntas de la jueza federal Silvia Carreño Coll confirmó en tres ocasiones que se declaraba culpable. No aceptó la culpa bajo las alegaciones iniciales de soborno, conspiración y fraude electrónico. Lo hizo bajo un cambio de acusación, en el que se le imputó el delito menos grave de violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

“Es importante que les destaque que esta alegación no tiene que ver nada conmigo como funcionaria pública, como exgobernadora. Es una alegación como una candidata en un puesto político en una primaria. Esto no tiene que ver nada con función pública, ni con corrupción, ni con nada de eso”, destacó la abogada en sus declaraciones.

Aclaró que toda su explicación no redunda en que hubo personas que la traicionaron. “Lo que puedo decir es que no hicieron su trabajo adecuadamente de proteger a la candidata, de que las personas que aportarán lo hicieran de la manera correcta”, dijo.

También insistió en que lo que hubo fue una promesa de donativo de parte de Herrera Velutini y de Rossini, quienes también se declararon culpables del mismo delito imputado a Vázquez Garced.

“Esta persona, (Herrera Velutini), prometió apoyar, pero no apoyó nada o sea que aquí no solamente es una promesa, sino que no se recibió… No se materializó nunca, porque no cumplió nada. Apoyó a otro candidato (al exgobernador Pierluisi)”, manifestó.

Dijo que, a pesar de que no cometió el delito, aceptó la responsabilidad del error cometido durante su campaña.

“Esa persona lo que prometió fue apoyar en la campaña y yo acepté la palabra. Esa persona que hizo la promesa es un banquero, una persona que tenía un banco en Puerto Rico, cumpliendo con todas las leyes federales, con diferentes licencias, vivía en Puerto Rico. ¿Qué manera tenía yo de saber de que esa persona no era una persona ciudadano americano? No hay manera. O sea, esa persona, como cualquiera de nosotros ahora mismo, yo confío en ustedes, y yo no sé quiénes de ustedes es ciudadano y cuál no”, afirmó.

Dejó claro que no hay evidencia de que el despido de Joyner Kelly estuviese relacionado a un acuerdo con Herrera Velutini y Rossini. Insistió en que por esta falta de evidencia se archivó el caso.

Pese a que aludió a que lo que ha vivido en los pasados tres años en que estuvo acusada por corrupción ha sido “terrible”, así como “muy triste, muy triste para mí y para mi familia”, dijo que no se arrepiente de haberse enfocado en la pandemia del COVID-19 y haber delegado en un comité toda gestión política para intentar ser electa gobernadora.

“Si en el balance de intereses, el yo haberle dado prioridad a salvar a Puerto Rico del COVID y haber asumido esta responsabilidad hoy, lo hago de nuevo, porque salvé la gente”, sostuvo.

Sobre su futuro, indicó que “jamás” regresaría a la política. Pero, indicó que seguirá trabajando como abogada y espera que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no le quite su licencia.

Vázquez Garced será sentenciada el próximo 15 de octubre. Se expone a una pena en prisión de seis meses a un año. Pero, tanto el abogado Fernández como la fiscal federal Myriam Fernández indicaron que el delito imputado permite una probatoria.