El Partido Nuevo Progresista (PNP) apuesta a que todo se ha hecho como debe ser y que, una vez obtengan la victoria en el venidero plebiscito sobre la estadidad, a Washington no le quedará más remedio que prestar atención al asunto.

Pero el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) considera que la consulta no es otra cosa que un ardid para atraer votantes a las urnas luego de un desastroso cuatrienio en el poder, y que Washington terminará ignorando la votación, como ha hecho ya en el pasado con otras.

Estas son dos de las reacciones procuradas por Primera Hora ante el cercano plebiscito, pero hay más.

Este diario entrevistó a los aspirantes a la gobernación para conocer el significado de esta nueva consulta de estatus.

En el caso del PNP, Pedro Pierluisi no estuvo disponible para responder sobre el tema. En su lugar, su oficial de prensa Lisdián Acevedo refirió el tema al representante José Aponte, quien es una de las personas que lidera el esfuerzo del plebiscito en la colectividad.

En el espejo de Alaska y en Hawái

Aponte defendió el ideal estadista al asegurar que no están equivocados en ello, pues solo habría que preguntarse por qué, si como dicen sus detractores no hay oportunidad en Washington, el Partido Popular Democrático (PPD) le ha dedicado tanto tiempo a tratar de desacreditar el mismo.

“Ellos saben el efecto que puede tener en Washington el resultado del plebiscito estadidad Sí o No, aun cuando no tenga el aval del Departamento de Justicia y el Congreso”, afirmó.

“Es un efecto positivo porque la pregunta que se está llevando a cabo es la misma que se hizo en Alaska y en Hawái previo a la admisión por el Congreso del acta de admisión”, ejemplificó el representante.

Aponte repasó que cuando se hicieron consultas para esos estados previo a su admisión en el 1959, no fueron avaladas por el Congreso y tardaron años en que se les tomara en cuenta y fueran admitidos. Sostuvo, además, que no le preocupaba expresiones en contra de la admisión de Puerto Rico por parte de legisladores, y comparó que durante aquellos procesos en Alaska y Hawái hubo importantes congresistas que se opusieron a su incorporación, pero terminaron votando a favor.

“Nosotros estamos conscientes de la trayectoria del Congreso en esos procesos. Estábamos anticipando lo que ya ocurrió en los demás territorios. Por eso la Ley 51 de 2020 dispone que si al 30 de junio de 2020 el Departamento de Justicia federal no se había expresado a favor o no se expresaba sobre la consulta, independientemente de eso, se llevaba a cabo”, explicó.

“Por eso usamos una forma con la misma pregunta que se hizo en Alaska y Hawái. Es una pregunta admisible para el Congreso. No pueden decir que no, porque fue válida para Alaska y Hawái”.

Aponte repasó además los últimos resultados en plebiscitos de estatus y sostuvo que, aunque la estadidad ganó en el 2012, “hubo unos votos en blanco y con eso trataron de llevar un mensaje a Washington de que ese resultado no era real y no había respaldo a la estadidad. Y tuvieron éxito porque fue electo un gobernador, Alejandro García Padilla, que no favorecía la estadidad, y usaron cabilderos y dinero del pueblo para dar a entender que eso no era válido, y no hubo una petición oficial al Congreso sobre Puerto Rico”.

En el 2017 dijo, aunque la estadidad ganó por un abrumador 97%, hubo una baja participación por el boicot que promovieron los opositores al proceso, y con ese argumento de que no había una mayoría suficiente se desestimó el voto. Aponte, sin embargo, cuestionó esa decisión alegando que hay congresista que han ganado su silla con apenas 10% del electorado votando en sus distritos.

“Por eso es que también hablan de supermayoría para que sea validado el resultado. Están preocupados, buscando desacreditar la consulta, porque anticipan el rechazo al No y un voto favorable al Sí. Y saben que se le va a prestar atención al asunto en Washington”, insistió Aponte.

Pero lo que más preocupa a los opositores, sostuvo, es que “saben que si hay un voto afirmativo, Pedro Pierluisi (candidato a la gobernación por el PNP) ha dicho que irá al Congreso a decir que es un mandato del pueblo y a invertir para que se trabaje en favor de la admisión”, afirmó. “Y ningún presidente se ha opuesto a firmar un acta de admisión”.

Agregó que la Ley 51 del 2020 dispone en una de sus secciones, amparado en una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que un voto en blanco en la papeleta tendría valor solo para asuntos estadísticos de participación, pero no para determinar quién gana la elección, de manera que si hay un llamado a un boicot no tendría efecto en el resultado. Sobre el tema de supermayoría, afirmó que “en ningún sitio de la constitución federal se establece que para atender un asunto X tiene que haber mayoría de Y”, y que en otros estados se han pasado enmiendas constitucionales con una participación tan baja como de 11% del electorado.

No cumple con la ley federal

Pero para Juan Dalmau, candidato a gobernador del PIP, el esfuerzo del PNP con el plebiscito “es la metáfora de la mula, el palo y la zanahoria. Si tratas de mover una mula empujándola, no se mueve, pero si colocas en el palo delante de la mula con la zanahoria, va a tratar de alcanzarla y se mueve. El PNP sabe que su electorado está desmotivado, y han creado está ficción del plebiscito para motivarlos, es la zanahoria en el palo para que se muevan a votar”.

El líder independentista recordó que el Departamento de Justicia federal emitió un memorando diciendo que el plebiscito no cumple con la ley federal.

“Pero, habiéndose legislado, nosotros vamos a treparnos al cuadrilátero y pelear. Y representamos oficialmente el No”, afirmó Dalmau. “Y repudiamos que Puerto Rico se asimile a los Estados Unidos, con las consecuencias culturales y económicas que tiene eso. Nosotros no renunciamos a nuestra nación puertorriqueña. Somos puertorriqueños siempre”.

Dalmau agregó que el PPD “ni siquiera hace campaña en contra”, por lo que el PIP ha quedado como “el único partido que dice que la estadidad es imposible bajo el marco político federal, pero además es adversa económicamente”.

“Pedro Albizu Campos planteaba que somos independientes o dejamos de ser pueblo, se diluye Puerto Rico en esa federación, con todo y la guerra racial que tienen allí. Por eso (el senador republicano Mitch) McConnell dice que no. Y (el candidato presidencial demócrata Joe) Biden dice que favorece la estadidad, pero estuvo 36 años en el Senado, 8 como vicepresidente, y nunca hizo nada ni dijo nada por Puerto Rico. Y ahora sí le interesa. Eso es oportunismo, parece que alguien le dijo que en Florida hay muchos boricuas”, afirmó.

El aspirante no cree que el ejercicio sea en vano por completo, porque “sirve para enviar un mensaje. Van a ver esa expresión, que no es vinculante, pero tiene el efecto de que vean que hay una enorme división y un reclamo de que Estados Unidos tiene que actuar, y hacer un acercamiento íntegro y serio al tema del estatus. Van a tener que responder a su obligación como potencia administradora”.

Dalmau dijo favorecer un proceso para definir el estatus como el del Proyecto del Senado 712 que se trabajó con el senado federal entre 1989 y 1991, y que unió a representantes de los tres partidos políticos de entonces, que acudieron allí y estudiaron el proceso, “y ha sido en único proceso serio”.

“Por eso propongo esa propuesta como una seria de descolonización, para que se elija a representantes y vayan ante el Congreso, y se analice realmente los efectos, el impacto de cada una de esas opciones. Hemos estado 120 años buscando formas, haciendo plebiscitos. Pero una asamblea de descolonización permite que, con la legitimidad de esos delegados, le pidan al Congreso resolver, conociendo las consecuencias de cada opción”, insistió.

Explicó que dos de las opciones, la estadidad y la libre asociación, exigen el acuerdo de dos partes, Estados Unidos y Puerto Rico. La primera supone la integración total, y en la segunda se tienen que establecer las condiciones. La tercera opción, “la independencia, es un derecho internacional reconocido, y lo que hay que establecer es el proceso de transición”.

Aclaró que el proyecto 712 al que hace referencia comprendía un periodo de transición a la independencia de 10 años, en el que se establecía, el libre tránsito de nacidos en Puerto Rico para viajar a Estados Unidos, la viabilidad de una ciudadanía dual, conservar el uso de la moneda del dólar, entre otros muchos aspectos, que estaban incluidos en la evaluación que hizo el Congreso.

En cambio, afirmó, en el venidero plebiscito “no está planteando siquiera las opciones reconocidas de descolonización. Incluso el PNP falsificó las explicaciones de los procesos en otros estados en la presentación de motivos, que es algo que señala el Departamento de Justicia en su informe”.

“Así que es de valor político para enviar un mensaje, pero vinculante no es, y ya el Departamento de Justicia federal dijo que no van a tomarlo como obligación legal. Así que es como una gran encuesta”, concluyó el líder independentista.

“Sin significado”

El candidato a la gobernación por el PPD, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, opinó que el plebiscito “es un ejercicio sin significado”.

“La Ley del Plebiscito reclama que los puertorriqueños estarán aplicando el mismo mecanismo de votación final utilizado en Alaska y Hawái antes de ser admitidos, pero el Departamento de Justicia (federal) ha dicho, correctamente, que esa representación es falsa, porque esos plebiscitos se celebraron conforme a legislación federal, que incluía un compromiso de admisión. Ese compromiso no existe aquí”, afirmó Delgado en declaraciones escritas.

Agregó que, en lo que respecta el tema del estatus de la Isla, de ser electo gobernador “me propongo restablecer el diálogo y reafirmar la relación permanente que hemos tenido con los Estados Unidos desde el 1952, sobre unas bases de dignidad y respeto mutuo que nos permitan resolver el histórico dilema”.

El candidato popular añadió que, si realmente se quiere “apoyar al pueblo de Puerto Rico en nuestra búsqueda de una mejor vida”, sugería tomar en cuenta algunos puntos que presenta:

“Apoyar un nuevo incentivo diseñado especialmente para Puerto Rico que nos haga parte de la solución al problema de necesidad de los Estados Unidos de mantener la manufactura del sector farmacéutico bajo la bandera americana”.

“Legislar para limitar con claridad los poderes de la Junta (de Supervisión Fiscal) creada por (la ley federal conocida como) PROMESA sobre el gobierno electo de Puerto Rico, derogando las medidas draconianas impuestas por la Junta, especialmente aquellas relacionadas a la Universidad de Puerto Rico, los jubilados y otros servicios gubernamentales esenciales”.

“Apoyar legislación que ponga fin al discrimen inconstitucional contra los puertorriqueños en una variedad de programas sociales como SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario, en inglés), SSI (Seguro Social Suplementario, en inglés), Medicaid, entre otros”.

Y “facilitar y apoyar la transición de nuestro sector energético de combustibles fósiles a renovables”.

“Resultado inconsecuente”

Mientras, la candidata a la gobernación por el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) también consideró “inútil” el plebiscito, por carecer de reconocimiento ante el Congreso federal.

“Una y otra vez, los partidos de la vieja política han insistido en adelantar plebiscitos criollos a sabiendas de que no constituyen procesos serios y vinculantes ante el Congreso de los Estados Unidos. El plebiscito convocado para noviembre de 2020 es otro ejemplo de estos ejercicios inútiles, según se desprende de las propias expresiones del gobierno federal”, afirmó Lúgaro en declaraciones escritas.

Agregó que, “ante ese escenario, el resultado del mismo será inconsecuente”.

“Es por ello que Victoria Ciudadana promueve el que se lleve a cabo una Asamblea Constitucional de Estatus mediante la cual podamos negociar con el Congreso la definición y procesos de transición de las tres alternativas descolonizadoras, entiéndase, estadidad, independencia y libre asociación”, sostuvo la líder de MVC.

“Luego de establecido y celebrado dicho proceso vinculante, como gobernadora, defenderé cualquiera que sea la elección de los puertorriqueños y puertorriqueñas, al amparo de su derecho a la autodeterminación”, afirmó Lúgaro.

“Artimaña para movilizar votos”

El candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, por su parte, también descartó que el plebiscito fuese a tener impacto alguno en el estatus de Puerto Rico, y lo consideró una maniobra política del PNP para lograr votos.

“El plebiscito es una artimaña del PNP para tratar de movilizar votos. Pero es un ejercicio fútil para tratar de cambiar el estatus”, afirmó Molina. “Eso no tiene validez alguna, y no va a pasar nada en Washington”.

Molina agregó que, de resultar favorecido en la contienda por la gobernación, no tomaría acción alguna con respecto al resultado del plebiscito, puesto que, como indicó, entiende que no tiene validez alguna.

“El que inventó el plebiscito, que lo trabaje. Yo no voy a pasar vergüenza ajena. Para que se rían de mí, pues no. Qué se rían de ellos”, afirmó Molina.

“Será un ejercicio electoral fútil”

En tanto, el doctor César Vázquez, candidato a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad, se expresó en términos similares en cuanto a la falta de reconocimiento que ha dado Washington al plebiscito, y sostuvo que “el derecho de autodeterminación sobre el estatus político de Puerto Rico es un asunto que requiere el diseño de un proceso serio y efectivo para que se cumpla con el mandato de la voluntad del electorado”.

“Creemos que llevar a cabo un nuevo plebiscito, cuyo resultado, una vez más, no es vinculante para el gobierno federal, y que, además, está diseñado unilateralmente por el Partido Nuevo Progresista (PNP), será un ejercicio electoral fútil. Claramente representará un malgasto de fondos públicos para adelantar los intereses electorales particulares del PNP”, afirmó Vázquez en declaraciones escritas.

Recordó que “ha quedado demostrado históricamente en los plebiscitos del 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017” que de nada sirve una votación sin aval federal.

“En los últimos dos plebiscitos la alternativa de la estadidad ha obtenido la mayor cantidad de votos y con todo ello ninguno ha tenido eficacia. Jugar electoralmente con el voto del estatus tiene el peligro de debilitar la legitimidad del proceso democrático. Si continúan con ese comportamiento político, se debilitará el proceso y a su vez los resultados”, insistió el doctor.

El líder de Proyecto Dignidad sostuvo que su partido “está comprometido en encaminar un proceso de autodeterminación política que le permita al electorado, no sólo expresar su preferencia de estatus, sino que una vez definida, facilitar su implementación y desarrollo eficaz en beneficio de Puerto Rico”.

“Sin embargo, habiéndose aprobado la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico, notificamos que, como partido político compuesto por personas identificadas con todas las ideologías de estatus, no asumimos una posición a favor del Sí o del No, y respetaremos el ejercicio de la libertad de conciencia y expresión política de todos los que se sientan convocados a participar en dicha consulta”, agregó el cardiólogo.