La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley esta semana unas cinco medidas legislativas, entre las que se destaca la Alerta Azul.

La ahora regulación, de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago, es la “Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL”. La misma establece un sistema de alerta rápida que permita la difusión inmediata de información para asistir en la captura de sospechosos y proteger la vida de policías, policías municipales y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales.

Es similar a otras alertas que se activan, como la Silver o la Rosa, que llegan a las unidades móviles de los ciudadanos.

Según se explicó en comunicado de prensa el Plan de Alerta Azul será operado por la Policía de Puerto Rico. Detallará los criterios de activación de la misma, que incluyen muerte, herida grave, desaparición o amenaza inminente contra oficiales del orden público.

Además, se dispone la colaboración interagencial con entidades públicas, privadas y medios de comunicación para la difusión de la alerta. Además, autoriza el uso de sistemas de alerta de emergencia y carteles electrónicos del Departamento de Transportación y Obras Públicas para la divulgación de información.

Otra de las leyes es una que enmienda la Ley de Explosivos de Puerto Rico para atemperar las penas al actual sistema de penas fijas.

Asimismo, la gobernadora firmó una medida que deroga Ley 212-2014 de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo, a fin de eliminar del ordenamiento jurídico un organismo interagencial inoperante desde 2015, evitar duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico.

Se explicó que la Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo tuvo como propósito establecer una política pública dirigida a preservar, desarrollar y fomentar el Tren de Arroyo creando un Comité Interagencial para esos propósitos.

“Han transcurrido tres décadas desde el establecimiento del Comité Interagencial para promover el Tren de Arroyo como atractivo turístico, y este nunca se consolidó como un cuerpo funcional. De hecho, desde el año 2015 no se han realizado nombramientos de sus integrantes, lo cual ha resultado en su inactividad absoluta. Mantener en el ordenamiento jurídico la existencia de un organismo que no opera y que no cumple con las funciones para las cuales fue concebido constituye una carga innecesaria que abona a la proliferación de juntas y comités inactivos en el Gobierno de Puerto Rico”, se explicó en el comunicado.

Por otro lado, González Colón firmó un proyecto que enmendó la Ley 45 del 1935, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, para proveerle a la Comisión Industrial de Puerto Rico un mecanismo de financiamiento estable y predecible mediante la asignación automática de un cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Esto con el propósito de eliminar restricciones burocráticas que limitan la capacidad de la Comisión para manejar sus recursos con autonomía y agilidad.

Por último, firmó una resolución que nombra la Carretera Estatal PR-4128, en su totalidad, la cual discurre por el Desvío Sur de Lares, con el nombre de “Paseo del Bicentenario”, en conmemoración del bicentenario de la fundación del Municipio de Lares.

La fundación del Municipio de Lares fue autorizada el 26 de abril de 1827 bajo la gobernación del Capitán General Miguel de la Torre, cuando se aprobó el deslinde de tierras que entonces pertenecían a los Municipios de Adjuntas, Camuy, San Sebastián y Utuado. Esta fecha marcó el inicio del proceso de instauración municipal de Lares, razón por la cual el 26 de abril de 2027 se rememorarán 200 años de esa autorización fundacional.