Pamplona. Un juzgado español condenó a dos años y un día de prisión al responsable de difundir en Twitter la foto de la joven que fue violada por cinco hombres conocidos en grupo como “La Manada” en las fiestas de San Fermín de Pamplona (norte) de 2016, un caso de gran repercusión social.

La resolución judicial, conocida este miércoles y que puede ser recurrida, lo considera autor de un delito cometido contra la integridad moral de la víctima y, además, le impone una indemnización de 6,000 euros.

El deplorable caso de La Manada

El juez considera probado que el 6 de diciembre de 2017 publicó en esa red social una fotografía con el rostro de una mujer manteniendo relaciones sexuales con un hombre acompañada del siguiente texto: "La chica supuestamente violada por La Manada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha".

El condenado, que obtuvo la imagen por "algún medio que se ignora", según la sentencia, utilizó la referida fotografía con "ánimo de divulgar y difundir la imagen de la víctima", para lo cual utilizó la etiqueta #LaManada con la finalidad de favorecer la difusión del mensaje.

Con su publicación "no obtiene ningún beneficio", solo se aprecia "un ánimo de perjudicar a otra persona a la que ni quiere conocer", según el juez.

Debido a ello, según el juez, la denunciante se ha visto “ridiculizada y avergonzada”, y ha sufrido temor de poder ser identificada por terceras personas, lo que le ha obligado a “abandonar sus estudios universitarios e incluso marcharse durante una temporada a vivir al extranjero”.

Además, añade, familiares y conocidos que no sabían su condición de víctima de La Manada se enteraron de dicha circunstancia.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de revelación de secretos. Además, queda acreditado que "el menoscabo de la integridad moral ha existido y es grave, pues provocó nada menos que el abandono del país por la denunciante para paliar los daños de la publicación".

El caso de La Manada originó polémica y protestas multitudinarias en España porque sus cinco miembros fueron condenados inicialmente a nueve años de prisión por abuso sexual, no agresión sexual (violación), pues los magistrados no apreciaron intimidación.

Posteriormente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo elevó la pena a 15 años de cárcel al considerar que los hechos juzgados sí fueron un delito continuado de violación.