Managua.- Las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la oposición extraparlamentaria, con las que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado y que ha dejado cientos de muertos, de detenidos y miles en el exilio, ha quedado en el limbo tras la decisión de los obispos de no participar en ese proceso.

Las negociaciones, que avanzan con mínimas concesiones, con más de 600 presos "políticos", sin cesar la represión, con una economía en picado, y en medio de desconfianza, sufrió un duro golpe con la decisión de la Conferencia Episcopal, la institución que goza de mayor prestigio y credibilidad en el país.

La negativa del Episcopado de participar como testigo y acompañante provocó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en el diálogo, reconsidere si sigue o no en la mesa, que comenzó el 27 de febrero pasado y que ha tenido más divergencias que convergencias.

Hasta ahora se han celebrado ocho rondas y las partes no han logrado ponerse de acuerdo con los garantes internacionales ni con la agenda.

En las primeras sesiones las partes se centraron en discutir las reglas del juego y sobre los testigos y acompañantes del proceso, acordando invitar al cardenal Leopoldo Brenes y a un líder de la Iglesia Evangélica. El Episcopado ya declinó.

Pero mientras las negociaciones no avanzan, en paralelo, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y a petición del Ejecutivo que preside Daniel Ortega, aprobó una polémica reforma fiscal, pese a la oposición del sector privado que forma parte de la alianza opositora en la mesa.

También, ante una petición "con carácter de urgencia" de Ortega, aprobó la compra a favor del Estado del Banco Corporativo (Bancorp) a un monto equivalente a 22,7 millones de dólares, una entidad donde se colocaron los recursos de Caruna (Caja Rural Nacional) que provenían de la millonaria cooperación venezolana y que fue sancionada por Estados Unidos.

Además, previo a las negociaciones, el Gobierno puso en vigor unas enmiendas a la seguridad social que elevan las cuotas de las patronales y los empleados, y bajan el monto de las pensiones.

Asimismo, el Estado mantiene encarcelado al menos a 650 manifestantes antigubernamentales y cambió el régimen carcelario a otros 112 "presos políticos", para un total de 762 convictos, según el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, que denuncia al Gobierno de utilizar "como rehenes" a los reos en las negociaciones.